El Defensor Regional, Francisco Nehme Carpanetti, dio la bienvenida a los presentes y realizó un análisis del actual escenario político post elecciones presidenciales y post terremoto, en el que hizo notar la activa participación de los funcionarios en la recolección de ayuda para las regiones damnificadas.

A continuación, fue el turno del Director Administrativo Regional, Juan Carlos Gómez, quien dio cuenta de las metas trazadas para el año pasado y el grado de cumplimiento alcanzado a nivel regional.

También dio a conocer que para este año se llevará a cabo un convenio de desempeño individual por región, medida tomada en una reunión de planificación estratégica  realizada en enero pasado y que convocó a todos los directivos regionales además del equipo de trabajo de la Defensoría Nacional.

Su intervención finalizó con la entrega de las líneas de acción que se enmarcan en áreas como la calidad en la entrega de defensa de los imputados, la gestión interna para mejorar la labor de los equipos de trabajo y el bienestar laboral, entre otras.

Por otro lado, el jefe de Administración, Finanzas y Recursos Humanos, Héctor Cuello, informó sobre la creación del Comité de Bienestar y Emergencia, compuesto por Pedro Torres, Ximena Guerra, Maria Díaz, Cristian Villalobos, Yasna Contreras y Claudia Jiménez.

Al concluir la actividad, el Defensor Regional felicito a cada una de las mujeres presentes y expreso sus agradecimientos “por ser como son y entregar día a día el apoyo a quienes más lo necesitan. Mis felicitaciones para todas, pues de verdad que gracias a ustedes  y el trabajo que diariamente desarrollan, cada una en sus diferentes actividades, hace que nuestro servicio sea entregado de la mejor manera posible”.

Sin embargo, me parece propicio volver la mirada a todas aquellas madres que por una u otra razón no pudieron celebrar con sus familias.  Este año la realidad de muchas ha sido marcada por la desaparición de seres queridos o la pérdida de sus hogares. La naturaleza ha golpeado fuerte a nuestro país, pero la solidaridad se abrió paso y Chile comienza a ponerse de pie.

De igual forma, el Día Internacional de la Mujer nos obliga a pensar en todas ellas, incluso aquellas que están recluidas. Lo normal es que no miremos hacia el interior de los muros en donde se cumplen penas privativas de libertad. Hoy quiero detener la mirada en ese espacio y resaltar el valor de todas esas mujeres, sean internas o gendarmes, quienes a diario deben convivir y transformarse en verdaderas familias, apoyándose unas a las otras tras las rejas.

El Día de la Mujer no es solo una ocasión propicia para la reflexión, es un reconocimiento per se de todas y cada una de ellas, marcadas por sus diversas historias de vida, por su desempeño o, incluso, por su empeño en dar lo mejor de si mismas para sus seres queridos, aunque ello pueda reñirse con las normas sociales o implique partir de cero cada vez que la ocasión lo amerite.

Un momento para dedicar a quien abrazó a sus hijos en medio de la tragedia, a ella que muchas veces dejó de comer y beber agua  por darle a los otros, la que se organizó  e hizo de la solidaridad una realidad.

Un homenaje también a esa mujer que mañana hace entrega de la banda presidencial. Ella que durante cuatro años posicionó con gran éxito su gestión y dejó un sello imborrable en la historia de Chile. Al traspasar el mando de la Nación, Michelle Bachelet trasmite la fuerza que caracteriza a todas nuestras mujeres. A todas, vaya nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento.

Pedro Casanueva Werlinger,
Defensor Regional de Antofagasta.

En Coyhaique, Rebolledo asistió al Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad, donde saludó a las internas que actualmente cumplen condena en ese recinto. En Chile Chico, en tanto, Alejandro Preminger se reunió con las internas que permanecen en la unidad penal de esa localidad. En los restantes recintos penitenciarios de la región no existen secciones femeninas, por el escaso número de mujeres que deben cumplir condenas privativas de libertad.

COYHAIQUE
Para saludar a las internas del penal de Coyhaique, la Defensoría Regional de Aysén preparó canastas con productos de utilidad para ellas: “Una flor es un bonito gesto, pero en estos casos hay que ser más práctico y cubrir las necesidades que ellas han expresado”, explicó el Defensor Regional.

Luego de la entrega de estos productos se generó una instancia de diálogo. El resumen de esa conversación fue la necesidad de que la sociedad civil se involucre con las necesidades de estas mujeres e incluso más allá, con las de toda población penal. En este caso, las familias de las internas viven una compleja situación socio-económica, que les dificulta ayudarlas con elementos básicos para su vida diaria en el encierro.

Gendarmería realiza esfuerzos para aportar a su calidad de vida, pero los recursos con que cuenta no son suficientes, y de ahí la necesidad de que otro tipo de organizaciones se involucren.
 
“Entre lo que solicitan las internas hay elementos tan simples como materia prima para hacer repostería o artesanías. Así ocuparían su tiempo elaborando cosas para ellas e incluso podrían vender algunos de sus productos (…) Como se trata de iniciativas personales y sus familias no están en buen pie económico, dependen de la ayuda de otras personas”, señaló el Defensor Regional, quien comentó que se comenzarán gestiones para tratar de apoyarlas en este punto.

CHILE CHICO
En la unidad penal de Chile Chico, las internas se reunieron con Alejandro Preminger para compartir una once que permitió un fluido diálogo, en el que las mujeres realizaron consultas y planteamientos tanto al defensor local como al alcaide del recinto.

En esta instancia los presentes asumieron algunos compromisos -principalmente las internas- respecto del mejor uso del tiempo libre. Por ello se comenzará a avanzar en un proyecto de confección y venta de chocolates artesanales en el penal, que de concretarse se transformará en una iniciativa innovadora en la comuna. El defensor Preminger, en tanto, se comprometió a cotizar los materiales necesarios y apoyar en las iniciativas de recolección de fondos.

Refiriéndose a las necesidades de las mujeres de ambos recintos penitenciarios, Juan Carlos Rebolledo comentó que más por convicción que por obligación, la Defensoría Regional de Aysén siempre está tratando de aportar con elementos y actividades a la reinserción social de estas personas y posibilitarles una mejor calidad de vida.

En este sentido, agregó que se están buscando alternativas para colaborar con las internas y llamó a la comunidad a “sensibilizarse con el tema y aportar desde sus posibilidades”.

“Por una parte se reconoce que las condiciones de vida a las que se encontraban sometidos estos jóvenes vulneran sus derechos y garantías fundamentales y, por otra,  se ordena a la autoridad de Gendarmería poner término en forma inmediata a las condiciones”, explicó el abogado.

El fallo adjunto de la sala de verano de la Corte compartió  lo señalado por la defensa, al consignar que “las condiciones en que se encuentran los jóvenes cumpliendo la sanción de régimen cerrado con programa de reinserción social conforme a la Ley N° 20.084 afectan gravemente su dignidad, su integridad física y síquica, no siendo justificadas, ni razonables las razones invocadas para que dicha situación subsista”.

Tras esta constatación, el fallo ordena a Gendarmería adoptar en forma inmediata un régimen de pre-encierro a partir de las 17 horas, con encierro a partir de las 20 horas. Ordena, además, que se active con el personal existente una ronda de salud a las 24 horas, de manera que los recurrentes puedan hacer uso de los baños con mayor periodicidad, con especial preocupación del régimen de alimentación, en  cuanto a su frecuencia, calidad y cantidad.

Su esposa, Josefina Molina, juntos a sus hijos Consuelo (de 12 años) y Matías (de 9) estaban junto a la familia de Herrera no sólo veraneando, sino también participando  en la Semana Maulina, integrando el conjunto de música mexicana “Juanita y Miguel”.

Junto a tíos y tías integraban un grupo de diez personas cuando se produjo el terremoto.  El violento sismo los despertó y los asustó, aunque sin causarles mayores daños. Pero como no tenían conciencia del peligro de permanecer en la orilla de mar, las tres gigantescas olas del maremoto que se produjo después acabaron con la familia.

Consuelo, fue la única sobreviviente, gracias a que después de que la marea la llevó mar adentro y luego la empujó nuevamente hacia tierra, fue capaz de aferrarse a una rama de la cual no se despegó hasta que bajaron las aguas. Después se dio cuenta que ya no estaba en Curanipe, sino en Pelluhue, poblado costero contiguo e igualmente arrasado por la catástrofe. De la familia fueron encontrados los restos del pequeño Matías y de cinco de sus tías. De su madre aún no se sabe nada.

La historia de Consuelo fue incluso portada del diario Las Últimas Noticias, que tituló “Niña sobrevivió sola a tsunami”.

Allí en el Centro de Justicia hubo varios funcionarios que sufrieron daños materiales en sus viviendas y otros que tienen familiares en las zonas más afectadas por la destrucción, la incomunicación y los saqueos. Pero nadie vivió un drama como el de Luis.

Su historia conmovió tanto a la gente que trabaja en ambas Defensorías Metropolitanas que rápidamente directivos, asistentes, profesionales y defensores organizaron una colecta para apoyar en este duro trance a la familia Herrera Molina. La iniciativa resultó un éxito, pues entre los funcionarios de ambas sedes zonales de la capital reunieron un total de 785 mil 700 pesos.

El aporte fue recibido por Luis Herrera y su hija Consuelo de manos  del Defensor Regional Metropolitano Norte, Leonardo Moreno y del Director Administrativo Metropolitano Sur, Roberto Insunza. Visiblemente emocionado, el trabajador agradeció a todos los funcionarios de la DPP por el aporte que le hicieron, pues aunque nada cambia para él, servirá como un apoyo para los duros momentos que su hija y él enfrentan.

El vuelco en este caso se dio la mañana del pasado jueves 4 de marzo, cuando la supuesta víctima declaró voluntariamente ante el Tribunal de Garantía de Puerto Natales -muy arrepentida- que su denuncia era falsa y que nunca había existido una violación sino que, por el contrario, habían tenido relaciones sexuales consentidas, luego de lo cual por celos de su ex pareja, éste sólo le había propinado una bofetadas, aunque en ningún caso la había violado.

Tras dicha declaración el defensor penal público de Natales, Juan Ignacio Lafontaine (en la foto), solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa y la inmediata libertad del imputado, petición que fue acogida por el tribunal.

Haciendo referencia a este tipo de denuncias falsas, Lafontaine cuestionó lo perverso del sistema, “porque permite, como de hecho en este caso ocurrió, que baste sólo una denuncia mentirosa y sin encontrar otras pruebas como rastros de violencia genital, para enviar a prisión a un ciudadano que era inocente del grave cargo de violación que el fiscal le formulaba”.

“Afortunadamente, para  mi defendido, la supuesta víctima recapacitó, dijo la verdad y logró enmendar en parte el daño provocado, pero nadie le va a devolver los días que pasó en prisión. Pero, ¿cuál hubiese sido el futuro para él si esta mentira continúa?”, reflexionó el abogado.

El Defensor Local de Puerto Natales hizo un llamado a los intervinientes a ser más rigurosos al momento de ponderar los requisitos para solicitar y otorgar la medida cautelar más gravosa que contempla le legislación chilena, como es la prisión preventiva. “No hay que olvidar –que está en juego la pérdida de la libertad de un ser humano, lo que le produce, a la postre, un daño que nadie puede reparar”, aseguró.

Los saqueos a mansalva de tiendas comerciales, el pillaje de casas y propiedades, los incendios intencionales y la turba incontrolable han llenado de evidente pánico a la gente que habita los lugares siniestrados, aumentando la desolación, ya que luego del desastre natural un terremoto social los asoló.

Para quienes somos abogados y hacemos clases de derecho, los acontecimientos recién vividos en el sur serán materia de un exhaustivo análisis y desde ya nos mueven a reflexión: cómo de pronto, a pocas horas de producida la tragedia natural y cuando millares de personas estaban sufriendo el dolor de la pérdida humana y material, el imperio del derecho desparecía y la barbarie en estado puro se tomaba las calles e imponía su propio (des)orden a punta de palos y amenazas, de violencia y vandalismo.

Cómo la fuerza civilizatoria que se ha venido desarrollando en nuestro país, y que supuestamente lo sitúa en la cúspide de los países latinoamericanos, se esfumaba entre medio del humo de las maderas carbonizadas por los grupos descontrolados. Finalmente hubo que llamar a las fuerzas armadas para que con su presencia coactiva disuadieran de cometer acciones delictuales a las personas que se supone deberían actuar con solidaridad y coordinación en un momento de aflicción colectiva.

¿Cómo se llegó a esto? En estos días he escuchado de todo frente a esta situación que golpeó al país todavía noqueado por la calamidad del sismo. Gente educada y civilizada que exigía muerte para los vándalos, otros que pedían acciones disuasivas determinantes, es decir al menos un muerto para que no les queden ganas de salir a saquear, otros que se llenara de balazos y bayonetas la zona, otros que apelaban a la intrínseca maldad del pueblo, a nuestra falta de cultura irremediable. Algunos incluso en los diarios le echaban la culpa a la Concertación, etc. Puros argumentos represivos, positivistas, minimalistas, reduccionistas.

Cuando vi la turba incontrolada imponiendo el terror en la televisión pensé inmediatamente en el viejo Durkheim y su teoría de la Anomia, desarrollada en la convulsionada Francia de fines del siglo XIX y luego profundizada por Merton y Cohen.

Frente a la ruptura del orden formal por un evento desastroso -como ha sido este sismo inédito-, irrumpen los grupos desplazados por la sociedad neoliberal y ante la imposibilidad de que los mecanismos tradicionales de castigo y control social funcionen (policía, fiscales, jueces, derecho penal), se produce el caos.

Es decir, frente a la ausencia de reglas emerge una energía desviada, larvada desde hace tiempo, que busca satisfacer sus expectativas frustradas, busca formas rebeldes de acceder al éxito económico y social negado por las formas convencionales de acceso al bienestar y arrasa con todo lo que tiene a su mano y claramente lo primero que sucumbe es la propiedad privada, ese valor social que tiene el carácter de bien jurídico pero que sin duda carece de toda la legitimidad o consenso que otros valores o bienes jurídicos gozan.

Por eso no hemos visto hordas de sujetos violando mujeres ni asesinando niños, sino apropiándose de lo que ellos estiman les ha sido negado por un sistema egoísta, selectivo e impuesto.

Es lamentable todo lo que ha ocurrido, qué duda cabe, y el dolor de los habitantes de las zonas asoladas merece toda nuestra solidaridad y por cierto las medidas tendientes a reponer el orden formal son acertadas y necesarias. El porqué ocurrió esto es un tema que pocos se han atrevido a enfrentar y que sólo lo abordan usando las manidas argumentaciones que sindican al otro como un ser bárbaro y oportunista, un aprovechador que requiere represión y castigo.

Esa mirada vuelve a cometer el mismo error original: cerrar los ojos frente a una cuestión social que está ahí latente, siempre a punto de eclosionar en cada día del combatiente, para el once de septiembre, en alguna protesta callejera, etc. Cierra los ojos frente a los defectos estructurales del sistema, a la inequidades y a las desigualdades de los que se quedaron marginados, afuera de nuestro país.

Este sismo 8.8, fue un terremoto que sacudió la enorme fractura social que afecta a Chile y será sin duda motivo de análisis cuando las urgencias sean superadas.

Raúl Palma, asesor jurídico
Defensoría Regional de Copiapó.

Esta mujer que, según entiendo,  aún permanece en el anonimato, es el vivo ejemplo de la inmensa mayoría de las mujeres de nuestro país. Mujeres esforzadas, que con excelencia desempeñan una multiplicidad de labores pero que aún tienen tiempo para entregar amor y cuidados a sus seres queridos.

Ayer se conmemoró el Día de la Mujer. El día en que saludamos a esta fuerza creadora y contenedora: al género femenino que, aún en  la desgracia que ha significado la catástrofe que nos afecta como país, ha sabido superar obstáculos y asumir una actitud de trabajo, de dignidad y de fuerza de voluntad para volver a reconstruir nuestro querido país.

Ejemplos de mujeres valerosas hay en cada recodo del camino, basta mirar a nuestro alrededor. Incluso en aquellas mujeres que han equivocado la senda hay un ejemplo a destacar.

Por ejemplo, en el caso de las mujeres que  hoy están privadas de libertad, a quienes -dicho sea de paso– visitamos para darles una palabra de aliento. Si bien, como dije, en un momento de sus vidas equivocaron la senda a seguir, no por ello son menos dignas de respeto en su condición de madres, hermanas, esposas, amigas, compañeras. En resumen: en su condición de mujeres,  ya que muchas veces han sacrificado sus propias existencias por aquellos a quienes aman.

En esta especial fecha, como institución quisimos rendir un pequeño homenaje a las mujeres de nuestro país y  de nuestra región. Para todas ustedes, amigas, Feliz Día.
 
Por Juan Carlos Rebolledo Pereira, abogado,
Defensor Regional de Aysén.

El grupo estuvo integrado por el jefe del Departamento de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, Sebastián Rivas; el jefe del Departamento de Informática, Eduardo Vargas; la jefa del Servicio de Bienestar, Marcela Hernández, y Antonio Ramírez, profesional del Departamento de Administración y Finanzas. Por la región del Maule la delegación estuvo integrada por el Defensor Regional, Hernán Fuentes; el Director Administrativo Regional, Rodrigo Claramunt, y por el asesor jurídico, Víctor Hugo Aedo, entre otros.

La comitiva permaneció en la zona el miércoles 3 y jueves 4 de marzo. Primero visitó la Defensoría Local de Curicó y luego sostuvo una reunión con los directivos de la DPP en el Maule, para conocer el estado de la situación de cada uno de los funcionarios y entregar un mensaje de apoyo de la Defensora Nacional, Paula Vial.

Al respecto, Sebastián Rivas expresó a  Hernán Fuentes el total apoyo de la Defensoría Nacional en estos momentos, frente a las dificultades que se están generando en esta parte de Chile tras el terremoto. También expresó la voluntad institucional de acompañar a la región en el proceso para normalizar las funciones y el trabajo que se desarrolla en la zona, como también para asegurar el bienestar de todos quienes integran el servicio.

DAÑOS EN CONSTITUCIÓN
En el segundo día la delegación visitó la Defensoría Local de San Javier y luego la de Constitución, una de las zonas más afectadas por el terremoto y posterior tsunami.

Allí, el grupo concurrió hasta el domicilio de la asistente Elba Agurto, a quien le manifestaron su apoyo ante la situación que le afecta junto a su familia. Constitución enfrenta una situación extrema, con carencia de servicios básicos y escasos locales de suministro de alimentos.

Poco después los directivos concurrieron hasta las dependencias de la Defensoría Local de Constitución, ubicada  en el centro de la ciudad, constatando allí que increíblemente no presenta mayores daños en su estructura, aunque requiere de una evaluación y también carece de los servicios básicos. Situación similar es la que ocurre en Cauquenes, zona que también resultó muy afectada por el terremoto y donde el edificio en que se encuentran las oficinas de la DPP, al parecer, tiene daños muy serios.

Tras esta visita a terreno se realizará un diagnóstico detallado para comenzar el proceso de restablecimiento de los servicios básicos y de conectividad de la Defensoría Regional del Maule.

La decisión fue adoptada por el Defensor Regional del Maule, Hernán Fuentes Acevedo, con el propósito de ir restableciendo paulatinamente los servicios de la institución en la zona, especialmente en el ámbito de la atención de público. “Desde el terremoto hemos dado cobertura en todas las audiencias que se han realizado en la región y hemos mantenido un permanente contacto con todos los intervinientes en el proceso penal. El paso que estamos dando ahora es facilitar las condiciones para que la población pueda acceder a nuestro servicio, ya que nuestras dependencias habituales no están operativas”, afirmó.

En este sentido, se han conseguido y habilitado oficinas ubicadas en el inmueble de calle 2 Poniente 1221, a escasas cuadras del Juzgado de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal, con el propósito de que allí funciones momentáneamente parte de la Defensoria Regional y la Defensoría Local de Talca, mientras se supera la emergencia, fijándose turnos para atender público en horario de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Cabe consignar que las oficinas institucionales en Talca sufrieron daños en sus instalaciones, los que pese a que ya están siendo subsanados, demandarán algunos días para su total reparación.

COORDINACIÓN
En las últimas horas, además, el Defensor Regional sostuvo una reunión de coordinación con el presidente de la Corte de Apelaciones de Talca, Vicente Fodich, y con el Fiscal Regional, Juan Pablo Kinats, con el fin de proponer causas donde sea posible realizar juicios orales en la región, para lo cual los defensores harán un levantamiento de la información disponible y de las personas que se requiera ubicar para notificarlas de la realización de la audiencia respectiva.

Se trata, hasta ahora, de una situación muy problemática, debido a que no está operativo el sistema policial para notificar a los acusados, las victimas, los testigos y los peritos para los juicios, entre otros actores.

Por lo mismo, Hernán Fuentes sostuvo una reunión con los defensores institucionales y a contrata para avanzar en este tema (ver foto).

JÓVENES INFRACTORES AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
El espíritu solidario también hizo eco en los adolescentes infractores que permanecen en el sistema semi cerrado del Sename, quienes ante el llamado de sus tutores y educadores respondieron de inmediato para ponerse a disposición del equipo que organiza el despacho de la ayuda desde la sede del Hogar de Cristo, ubicada en calle Alcalde Pedro José Campos.

A las nueve de la mañana llegaron al centro de acopio y comenzaron un trabajo que se extendió por ocho horas, en las que fueron uno más del equipo y se motivaron con este espíritu solidario y de servicio.

La sicóloga del semi cerrado, Shu Yen Lam -quien acompañó a estos jóvenes- manifestó que “dentro del trabajo de resocialización de estos chiquillos, el tema de la empatía es fundamental, y en esta situación ellos supieron trabajar en equipo, someterse a las normas y a las órdenes de un líder, lo que habla muy bien de la posibilidad de reinserción de estos jóvenes”.

Así lo relató a su llegada a Puerto Montt el Defensor Regional de Los Lagos, Francisco Geisse, quien junto al jefe de Estudios de la misma repartición, Luis Masferrer, viajaron a Concepción en un vehículo institucional, llevando un cargamento de productos de primera necesidad que habían sido solicitados por el Defensor Regional de Biobío, Georgy Schubert. Cumplieron así un cometido encomendado por la Defensora Nacional, Paula Vial.

EL VIAJE
Tras el devastador sismo del 27 de febrero, rápidamente en Los Lagos se reunió el dinero necesario y funcionarios de la Defensoría Regional compraron alimentos. Así, el pasado miércoles 3 de marzo, a eso de las 20:30 horas, ambos directivos de Los Ríos partieron rumbo a Concepción. Sabían que se encontrarían con un problema recurrente en toda esa zona. La falta de combustible. Por ello y a medida que avanzaba el viaje, en cada servicentro que encontraron abierto, debieron recargar el estanque de diesel.

Sorteando grietas en la carretera y desvíos por el mal estado de los caminos avanzaron hasta Angol, donde pernoctaron. Al día siguiente y  pocos minutos antes de que terminara el toque de queda vigente en la Octava Región pudieron ingresar a Concepción. Una vez allí, llegaron hasta la sede de la Defensoría Regional, donde los recibió un cartel que decía: “Se informa al personal y usuarios que esta Defensoría Regional comenzará a funcionar una hora después del término del toque de queda y hasta una hora antes de su inicio…”.

Todos los que alguna vez vivieron, veranearon o simplemente pasaron por la ciudad de Concepción hoy no la reconocerían. Una ciudad vigilada por militares, pues fue la única forma de dar seguridad a los habitantes de la zona y a quienes trabajan en las labores de rescate, búsqueda y entrega de alimentos. Ha pasado más de una semana desde el terremoto y en las calles casi sólo hay escombros y basura. Se ven largas colas en busca de alimento, aunque los servicios básicos y el expendio de bencina comienzan lentamente a normalizarse.

Una ciudad que, al igual que otras golpeadas por la tragedia, intenta retornar a la normalidad mientras continúan las réplicas.

DAÑOS EN LA REGIONAL
A su llegada, Geisse y Masferrer se percataron de los daños en el exterior de la sede institucional. “Se ve una estructura conservada, con daños menores en las gradas de ingreso y algunos vidrios de un ventanal que aún se encontraban tirados en el frontis del edificio. Al ingresar comprobamos el desorden provocado por el sismo. Carpetas, libros y computadores en el suelo, escritorios tumbados producto de la fuerza del movimiento telúrico. También se produjo una rotura de cañerías, lo que provocó una inundación en el primer piso”, relató Geisse.

Sin embargo, y con mucho ánimo, pese a estar choqueados por lo ocurrido, un grupo de funcionarios ponía en orden las oficinas. Ellos, así como otros compañeros de labores siguen en pie, con el ímpetu de quienes toman nuevas fuerzas para salir adelante, tratando de dejar atrás el dolor y la pérdida.

La comitiva luego se reunió con el Defensor Regional, Georgy Schubert; el Director Administrativo Regional, Héctor Salinas; el jefe de Estudios, Pelayo Vial, además de defensores y otros funcionarios que ayudaban a levantar lo caído.

La sala de reuniones de la Regional se convirtió en un improvisado almacén para depositar los alimentos, viveres y especies que serán distribuidos de acuerdo con las necesidades de sus funcionarios y familiares.

CHOQUEADOS, PERO CON EL ÁNIMO ALTO
Como contaron allí, Pelayo Vial y Héctor Salinas llegaron a las oficinas en bicicleta, pues a la escasez de combustible se suma el deterioro de los puentes. Schubert se acercó caminando desde la Séptima Compañía de Bomberos, junto al defensor Osvaldo Pizarro, con quien ha trabajado duramente en el rescate de cuerpos desde los edificios siniestrados, prestando ayuda voluntaria en estos momentos de catástrofe.

Poco a poco se restablecía la normalidad y se tomaba contacto con todos los funcionarios de la DPP. Una de ellas había perdido su vivienda en Tomé, mientras que una defensora de convenio directo -a pesar de que su departamento fue declarado inhabitable- desde la misma tarde del terremoto estaba asumiendo el servicio de defensa penal en la Primera Comisaría de Carabineros de  Concepción, lugar donde se están desarrollando los controles de detención, pues las demás están suspendidas.

HOMBRES CON VALOR
En las fotografías se aprecia a un Defensor Regional con el pelo cortado al ras, esa es una muestra más de las condiciones que deben asumir estos hombres que, cumpliendo al llamado de una urgencia, dejan a sus familias para ayudar a quienes más los necesitan.

La energía eléctrica y el abastecimiento de agua aún no se normalizan y en estas circunstancias “el pelo molesta”, explica Schubert, quien vivió el sismo en un edificio de 11 pisos de altura al que todavía no regresa, pues el cuartel de bomberos se ha convertido en su nueva casa. Agrega que tras el terremoto, puso a su familia a salvo en Temuco y regresó a Concepción a prestar ayuda.

Ambos funcionarios y bomberos de Concepción dicen que seguir adelante no ha sido fácil, pues a veces hay que dejar el dolor a un lado y tienen que seguir trabajando, debiendo muchas veces lidiar con reproches y críticas. Una labor anónima que tanto Schubert como Osvaldo Pizarro cumplen día a día. Ellos han sido testigos directos del drama humano que se vive en esa zona, emprendiendo diversas acciones de rescate.

LA AFUDEP
A la misma Defensoría y con la finalidad de realizar una ayuda directa a los afectados del terremoto, llegaron también a la sede el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública (AFUDEP), Peter Sharp, junto a Vivian Brevis y Mauricio Zárate, quienes igual aportaron insumos de primera necesidad.

Los productos reunidos se encuentran en el departamento de Alejandra Barra, a disposición de de los funcionarios de la DPP y de familiares que se encuentren viviendo en Concepción.

Durante la reunión, la ministra Araneda manifestó su preocupación por las personas que trabajan en la Defensoría Penal Pública en las zonas afectadas por el reciente terremoto y por los funcionarios nacidos en la región de Aysén que permanecían en la zona más afectada por la catástrofe por razones personales. De esta manera, envió sus saludos y deseos de pronta recuperación a quienes viven situaciones complejas producto de la catástrofe.

Juan Carlos Rebolledo comentó que durante la reunión, la nueva Presidenta de la Corte de Apelaciones de Coyhaique destacó la excelente gestión que ha realizado la Defensoría Penal Pública y sus defensores en materia de defensa penal.

“Por nuestra parte, también destacamos la labor y disposición que la Corte de Apelaciones ha demostrado y que ha permitido una justicia mucha más eficiente para nuestra región”, dijo.

La reunión permitió además manifestar las mutuas voluntades para que prontamente comiencen a realizarse reuniones periódicas que incluyan a representantes de la Corte de Apelaciones, de la Defensoría Penal Pública y del Ministerio Público, con el objetivo de generar instancias de diálogo y coordinación, siempre con el objetivo de mantener una alta calidad en los estándares de justicia que ofrecemos a las personas.

Virginia Soublette aprovechó la ocasión para recordar la memoria de quienes fallecieron durante el último periodo, como el caso de la fiscal de la Corte Silvia Rey y la muy recordada magistrada  Gabriela Soto Chandia, cuya partida hasta hoy se lamenta en distintos círculos judiciales.

La nueva presidenta destacó la labor desarrollada por su antecesora e invitó a todos quienes forman parte del área jurídica de Antofagasta, Taltal, Tocopilla, Calama y María Elena a entregar sus mejores esfuerzos para avanzar en los principios rectores de la administración de justicia.

También recalcó que las numerosas reformas que se han puesto en marcha en el país en el último período constituyen un estímulo para el perfeccionamiento de funcionarios, jueces y ministros.

En este contexto, el Defensor Regional, Pedro Casanueva saludó personalmente a la nueva presidenta de la Corte y manifestó sus deseos de éxito en la gestión que inicia, al tiempo que ofreció la máxima colaboración de la Defensoría Regional para resolver de la forma más eficiente todos los aspectos derivados de la operación del sistema procesal penal.

“El sistema de enjuiciamiento criminal en la región de Antofagasta goza de un equilibrio bastante aceptable y nuestros esfuerzos siempre apuntan a colaborar en todo lo necesario para que así se mantenga, por lo cual nos comprometemos con la magistratura a superar de la mejor forma posible cualquier inconveniente  y entregar nuestro conocimiento técnico al quehacer de los jueces”, puntualizó Casanueva, en conversación con la nueva presidenta de la Corte de Apelaciones.

"El viernes 26 me acosté temprano, porque al día siguiente debía trabajar. Ya estaba durmiendo cuando a las 03:34 horas del 27 de febrero desperté con un temblor. Lo sentí bastante fuerte, desperté a Catalina. Ella, dormida, tomó su celular, la tomé de la mano y empezamos a correr por el pasillo hacia la escala.

El movimiento era fuerte, su dirección era de norte a sur y viceversa. El pasillo está en dirección oriente a poniente por lo que nos golpeábamos con los costados del pasillo, estaba oscuro. Comenzamos a bajar la escala y tras nuestro cayó un espejo que estaba sobre un arrimo. Logramos bajar, abrimos la puerta y nos quedamos en ese lugar.

Catalina llamó al Rayito, nuestro San Bernardo, y él se quedó con nosotros en el mismo lugar. Mientras tanto, intentaba decidir si quedarnos o salir a la zona del pasto. El peligro era evidente, debíamos cruzar un cobertizo de madera y tejas que se remecía con gran fuerza y podía caer sobre nosotros al cruzar, mientras comenzaron a verse destellos de luces del cobertizo de mi vecino de la casa que está frente a la nuestra.

Optamos por permanecer afirmados los tres en ese sitio, pues ahora el movimiento era de abajo hacia arriba. Pasó el tiempo, comenzó a detenerse todo  y a terminar el terremoto. En ese momento cruzamos hacia la zona del jardín con el corazón a mil por hora.

Pasado el susto, encendí la radio de la camioneta. Comenzaban a informar y me enteré que el epicentro estaba situado en la Octava Región, cerca de Concepción. Sentí como si me hubiesen pateado el estómago y sin darme cuenta exhalé fuertemente tratando de soportar el golpe: mi madre estaba en la zona del epicentro.

A las 4 de la mañana salimos de la casa, pero antes encendí una vela y pude ver los televisores en el suelo. Tenía en mi cabeza muchos restos desprendidos del cielo, había que subir con cuidado por los vidrios rotos, el walking closet desarmado, la ropa desordenada y en el suelo.

Me puse un buzo y zapatillas y salimos del lugar. La casa quedó encargada a mis vecinos y en el trayecto no había semáforos ni luces, las personas conducían alteradas aún por lo ocurrido, debía ser cuidadoso.

Pasé a casa de mi hermana y estaban todos sin mayor novedad. Al verme, mi sobrina Javiera se lanzó a mis brazos y comenzó a llorar. Intenté calmarla y explicarle que lo importante era que estaban todos bien y juntos, pero la realidad era otra, mi madre no estaba y no sabíamos nada de ella. Continué la marcha y llegamos donde mi suegra, estaban todos bien y nos abrazamos, pero yo sólo pensaba en mi madre.

A las 8 de esa mañana llegué al Centro de Justicia. Sólo estaban los guardias, tomé mi cámara fotográfica e intenté registrar cómo se encontraban nuestras oficinas. Había bastante desorden y algunos muebles y computadores habían caído. En mi oficina el cielo falso estaba colgando sobre la silla que ocupo normalmente. Comenzaron a llegar los demás defensores y jueces. Me sentía incómodo, todos estaban de terno y corbata y yo aún de buzo y zapatillas, pero aún así, dejé el orgullo de lado y asumí mis tareas. Se efectuaron los controles de detención en la zona de tránsito, en el lugar donde estacionan los vehículos policiales, a pleno sol y sin mayores recursos. Durante el día insistía en comunicarme con mi madre, pero era imposible, no contestaba.

Al llegar a casa, como a las 19 horas, decidí que había que hacer algo, no me podía quedar de brazos cruzados. Fui a la casa de mi hermana y seguimos llamando a  todos los teléfonos posibles para tener noticias, pero todo era en vano, no había comunicación.

Buscamos finalmente la dirección de la casa a la que llegarían nuestros parientes, fuimos a Carabineros de Las Vizcachas para que tomaran contacto con la unidad policial respectiva y enviaran a verificar cómo se encontraban, pero increíblemente Carabineros no tenía comunicación y contaban con los mismos medios que cualquier ciudadano puede tener, es decir sólo teléfono. No tenían equipos de comunicación de larga distancia, por lo que tendría que viajar a buscarla.

Me acosté frustrado y angustiado. Al día siguiente volvimos con Catalina donde mi hermana para continuar con esta especie de central telefónica en la que nos habíamos convertido, pero no había resultados. No aguanté más y decidí ponerme en marcha. Un gran amigo, Isaías, tipo comando, con experiencia en Irak, se ofreció para acompañarme. Debía ser un viaje prudente, con cautela, preciso, rápido y efectivo. La misión era rescatar a mamá.

Sólo sabía que ella no estaba en la casa de mis familiares, pues se encontraba en un camping con ellos. Debíamos llegar a la Octava Región y en terreno obtener información de su paradero exacto. Catalina estaba  angustiada y le dije que sólo prendería el celular a las 4 y 10 PM, sólo por 15 minutos para conservar la carga de la batería.

Quería viajar conmigo, pero a la vez quería permanecer con su madre. Lloró, pero finalmente entendió que yo debía hacer el viaje sólo con mi amigo. También se ofrecieron un tío y mi sobrino Edison, pero logramos convencerlos de que si viajábamos sólo nosotros, habría menos de qué preocuparse.

La partida debía ser pronto. Fui a mi casa, saqué toda la mercadería no perecible y lo mismo hicimos con la mercadería de la casa de mi madre y de mi hermana. Fui a comprar a un negocio de barrio más mercadería, especialmente tallarines, arroz y conservas. También debíamos llevar agua para nosotros y las familias que esperaban. Llegó mi amigo, me despedí de la familia, de Catalina y le dije que lo mismo haría por ella si fuese necesario. No sabíamos cuánto demoraríamos, un día o una semana.

Sabíamos que los caminos estaban en malas condiciones, pero no sabíamos en qué nivel  de destrucción los encontraríamos. Debíamos anticiparnos a posibles dificultades, el vehículo elegido fue una camioneta de grandes dimensiones, petrolera, y subimos una moto todoterreno para seguir avanzando en ella si era necesario. Además, dos bidones de 20 litros con combustible y las mercaderías. Entonces iniciamos el viaje.

Ingresamos a la autopista del nuevo acceso sur a Santiago cerca de las 14:30 horas. Un poco antes de llegar a Champa estaba el primer desvío: una pasarela había caído sobre el camino. Continuamos y nos detuvimos a cargar petróleo, el bombero de la bencinera nos dijo que no podíamos cargar en los bidones, pero por suerte no lo tomamos en cuenta. Eso sería vital. Cargamos el petróleo y llenamos el estanque de la moto. Comenzamos a sortear los diversos desvíos y a enfrentar con mucho cuidado las grietas de la carretera.

Lo que veíamos en el camino es difícil de expresar. En general, el 70 por ciento de la Ruta 5 Sur estaba habilitado. El otro 30 por ciento parecía una película de guerra: puentes destruidos, grietas profundas, vehículos atrapados en esas grietas, silos de trigo totalmente colapsados que dejaban escapar sus granos, pueblos con casas en el suelo. En general, casas de adobe y tejas, muros derrumbados, grandes filas en bencineras y negocios, personas en el frontis de su casa, con colchones, sillas, ollas y ropas en la vereda, algunos con carpas ya instaladas y preparándose para la noche que debían soportar a la intemperie, por posibles réplicas y para defender sus pocas cosas que habían rescatado.

Perdón, estamos en eso cuando vuelve a temblar. Es una más de las réplicas que hemos debido soportar. Ya estamos a miércoles 3 de marzo y son las 14:45 horas… Las personas siguen nerviosas, en la radio dicen que fue grado 6.3, algunos deciden bajar, otros nos quedamos. La radio avisó luego a las 15:20 una nueva alerta de tsunami en Talcahuano.

Continúo con la historia… Cuando estábamos cerca de Curicó, llamó Catalina y nos informó que habían decretado toque de queda en la Séptima y Octava Regiones a contar de las 21 horas. Tendríamos que quedarnos en Chillán y seguir al día siguiente si los desvíos nos atrasaban demasiado. No fue necesario detener la marcha, llegamos a la autopista Itata y estábamos ya a pocos kilómetros de Concepción, la idea era llegar primero a Talcahuano, verificar si mamá estaba con nuestros parientes. Si no era posible, debíamos ir a Concepción para saber si estaba con otros familiares y si nada de ello resultaba, tendríamos que obtener información de los camping de la siderúrgica Huachipato y concurrir hasta esos lugares para encontrarla. Sin embargo, los ángeles harían lo suyo.

En la autopista Itata comenzamos a ver personas instaladas con carpas, huyendo de un posible tsunami. Encendían fogatas para enfrentar una noche fría, el cielo oscurecía, estaba nublado y un manto de llovizna cubría la zona. Era una foto en blanco y negro pero con más tonos grises, tal como encontraríamos el espíritu de los penquistas.

Quisimos pasar a la bencinera de la autopista para cargar petróleo para el regreso. Sólo como precaución, ya que teníamos los bidones de reserva. Ingresamos a la estación de servicio y bajamos la velocidad. Era otra imagen de esas que te descolocan, como en películas de muertos vivientes: se nos acercaron cinco personas para saber qué queríamos.

En forma paralela veíamos que el minimarket había sido saqueado completamente. Nos dijeron que si queríamos petróleo lo sacáramos directamente y nos fuéramos. Miré a mi amigo y supimos que había que salir de ese lugar, avanzamos un poco en la camioneta y vimos a  cerca de 30 personas que sacaban bencina y petróleo con varillas gigantes y botellas amarradas a ellas desde los depósitos que están en el suelo. Aceleramos y agradecimos el hecho de haber cargado los bidones con combustible cuando aún se podía hacer en forma civilizada.

Por fin llegábamos a destino. Indiqué a Isaías que nos fuésemos por la autopista que llega directamente a Talcahuano, que pasa por el mar. Cuando avanzábamos por ella, yo tenía que indicarle los obstáculos, como en los rallyes, para que no sufriéramos ningún accidente. Ya estaba oscuro y el toque de queda ya regía.

De pronto pude ver palos en el medio de la pista y avisé a mi amigo. Miré hacia un lado y pude ver que los palos correspondían a botes que habían cruzado la autopista por el fuerte oleaje. Avanzamos más en medio de la noche y de pronto vimos vehículos en sentido contrario que nos hacían cambios de luces. Aumentamos nuestra alerta y esforzamos la vista al máximo… para… para… para ver un socavón de 10 metros que nos conducía directamente al mar… Isaías frenó a tiempo, respiramos profundamente y dimos la vuelta.

Al regresar pude ver un aviso que indicaba “Aeropuerto” y le pedí a mi amigo que siguiera esa ruta. Recordé que uno de nuestros familiares, Marisol y su familia, vivían en las cercanías. Debíamos doblar en contra del sentido del tránsito, dejamos pasar a un vehículo que venía en sentido contrario y que doblaba correctamente, las luces no me dejaron ver bien, seguimos avanzando y yo indicaba distintos lomos de toro que habían en el camino, de pronto fijo mi vista en el auto que nos precedía. Me era conocido… Son ellos¡¡¡ …Son ellos¡¡¡ Es mi mamá… Bajé el vidrio de la ventana, alumbré con una linterna, empecé a gritar que era yo: “Soy Mario, mamá, soy yo”. Mi familia pensó que los podíamos asaltar o que podíamos ser militares, bajaron el vidrio y me escucharon, pararon y bajaron. Yo corrí y estaban todos menos mi mamá.

Los saludé y confirmé que todos estuviesen bien. Me dijeron que habían estado aislados todo este tiempo, sin poder salir del camping por problemas en los caminos. Algunos salieron en camiones que los ayudaron. Yo sabía que si mi madre estaba con Fidel, no pasaría hambre ni sed. Él era un hombre fuerte que la ayudaría a sobrevivir y así fue. Mamá estaba en casa, a cinco minutos de donde estábamos, pues había llegado un poco antes.

Avanzamos los cinco minutos que nos separaban, bajé de la camioneta, corrí a buscarla y la pude ver en medio de la oscuridad. Estaba en silencio, aún en shock, no entendía quién era yo. Me miró, me abrazó y lloró como una niña… ese fue el abrazo más largo y profundo de toda mi vida. 

Ya estando en la casa, nos percatamos que no había sufrido mayores daños, intentamos dar aviso a los que habíamos dejado en Santiago, pero era imposible. No había señal de celular ni internet, mucho menos había teléfono fijo. Tampoco había agua ni luz, pero estaban todos vivos y eso era lo que importaba. Mi primo Sebastián, un niño de 8 años, le decía a mi madre cuando lloraba en la oscuridad del camping que él sabía que yo la vendría a buscar y no se había equivocado.

Fidel preparó comida y descorchamos un buen vino cabernet para celebrar el reencuentro. En la cena nos contaron que debieron pasar toda la noche del viernes y el sábado en el camping, ya que no había seguridad en la ruta. Que habían tenido dos opciones para acampar, una de ellas era Dichato -frente a la playa- y la otra era en las cercanías de Santa Juana. Gracias a dios habían decidido por ésta última.

Increíblemente la misma playa que habíamos visitado todos el fin de semana anterior, cuando había viajado a dejar a mi madre para sus vacaciones, esa misma linda playa de Dichato, que estaba repleta de personas y familias felices, había sido completamente arrasada por la fuerza de las olas, al menos tres olas gigantes que no respetaron nada en su camino. Muchos de los lugareños sabían los riesgos de un tsunami luego de un terremoto como el que habíamos vivido, pero había muchos turistas que intentaron salir en sus vehículos y que junto a sus familias fueron víctimas tomadas por el mar.

Mi familia y mi madre lograron salir del camping, algunos en un camión y otros en el automóvil, que era muy bajo y topaba en las grietas del camino. De pronto en el trayecto aparecieron tres hombres jóvenes, de tez blanca y pelo ondulado corto. Ellos estaban con unas varillas en sus manos y les dijeron a mis familiares que no pasaran por ese lado del camino, porque la grieta era profunda y peligrosa. Marisol les preguntó si es que eran sus tres ángeles de la guarda y ellos respondieron que sí. Yo no sé si eran realmente ángeles o personas de buena voluntad, pero sí me dijeron todos los que los vieron que estas mismas personas les avisaron en tres oportunidades los riesgos del camino, sin tener explicación de cómo llegaban antes que mi familia hasta los lugares en peligro, si estas tres personas no estaban en vehículo alguno y nunca los adelantaron porque simplemente no se podía adelantar en el único camino que existía.

Los ángeles siempre habían cuidado a Marisol durante su vida y también habían sido enviados por Heidy Ibáñez, mi cuñada que está en el cielo (esa es otra historia que ya escribiré), a ruego de mi suegra Nelly, la que pidió que reuniera a todos los ángeles y querubines, le pidieran permiso al Señor y me iluminaran para encontrar a mamá.      

Di un beso en la frente a mi madre y me fui a dormir. Cerré los ojos, pero desperté muy pronto. Los demás seguían durmiendo, yo escuchaba sirenas de las policías y fuerzas armadas que estaban controlando el toque de queda, no pude volver a dormir.

Al día siguiente fuimos a ver a mi prima Alejandra en San Pedro de la Paz. Sólo sabíamos que estaban bien, pero que el segundo piso que habían construido se había caído. Lo que veríamos en el camino nunca lo hubiese imaginado. No soy quien para juzgar y pido disculpas si lo hago, pero sentí vergüenza de algunos compatriotas, algunos que no respetaron las mínimas reglas de solidaridad y convivencia que debiésemos tener.

Es cierto, en estas circunstancias se manifiesta lo mejor pero también lo peor de los seres humanos. Mientras algunos optaban por ayudar a los demás, sacrificando tiempo y a su familia, como los miles de voluntarios que colaboran para pasar la catástrofe, los bomberos que rescatan, apagan incendios y entregan agua y víveres, y así tantos que nos entregan seguridad y apoyo vital, otros optan por el saqueo y el pillaje, optan por el individualismo, el egoísmo y el vandalismo. Qué diferencia hay entre aquellos que sólo piensan en sí mismos y esa madre que abrazada junto a su hijo menor de edad decía a los medios de comunicación que ella pensaba que era un regalo y si era así, lo recibiría agradecida, pero que al percatarse que era saqueo y robo, prefería no recibir nada y buscar otra forma de ayudar a su familia.

Pasamos por el centro de Concepción y era un verdadero campo de batalla. Circulaban muchos carabineros, policías de Investigaciones y algunos miembros de las fuerzas armadas. Junto a ellos, muchas personas sin ningún pudor efectuaban saqueos a los diversos locales comerciales del sector, las fuerzas de orden y seguridad no podían contenerlos. Sentimos temor, pensamos que podíamos incluso ser atacados y apuramos la marcha.

Continuamos rumbo a San Pedro y pasamos junto al edificio que se había derrumbado. Se fue hacia atrás y Bomberos y rescatistas estaban en el lugar dando toda su alma y cuerpo por rescatar los que estaban atrapados. Había un gran taco para cruzar el Biobío, pues había puentes caídos. Al pasar junto al sector caído del puente, pudimos ver una escena dantesca: al menos cinco vehículos caídos. Seguramente circulaban en ese lugar cuando ocurrió el terremoto. Cayó el puente, cayeron los vehículos, algunos se volcaron y se incendiaron. Las personas probablemente perecieron en el mismo lugar.

Seguimos hacia San Pedro. A nuestro costado izquierdo se apreciaba un centro comercial completamente arrasado, locales e incluso un banco totalmente saqueados y destruidos. Al llegar a la casa de mi prima no se encontraba. Los vecinos nos dijeron que estaba bien en la casa de su suegra.

Por suerte el segundo piso no había caído, seguramente tendría problemas al interior de la construcción¨, pero que debieran ser reparables. En el sector, las personas circulaban agitadas, nerviosas, había casas destruidas y muchos de los vecinos dormían en una plaza en carpas. Se evidenciaba temor en sus rostros y angustia en sus miradas.
 
El regreso fue más lento, todos hacían fila en sus vehículos para llegar a Concepción, quiero pensar que realmente necesitaban llegar a otros lugares, pero me daba la impresión que pensaban unirse a los que habíamos visto en el centro de la ciudad, acaparando para sí desde cajas de dulces y paquetes de pañales hasta lavadoras, refrigeradores y televisores de plasma.

En casa de Marisol recogimos nuestras cosas y salimos todos juntos hacia la comuna de Hualpén. Nos acompañaban Miguel Angel, su marido; Miguelito (fanático de los autos) y Sebastián, sus dos hijos; también Suni y su hijo Francisco (futuro Bambán Zamorano).  Llegamos a casa de Marito y Manolo.

Ambos hermanos de Fidel estaban en buenas condiciones, preocupados pero sin mayor novedad, sólo con algunos vidrios rotos y el closet del dormitorio caído. Con Isaías nos percatamos del mercado negro existente en la casa vecina. Un joven de unos 25 años vendía a sus vecinos bolsas de porotos, lentejas y garbanzos. En cinco minutos se pasó la voz y comenzaron a llegar más y más vecinos, y en 10 minutos ya había vendido todo. Ignoro cuanto cobró por sus productos. También fuimos a casa de Suni con su hijo Francisco, la otra hermana de Fidel. Todo estaba bien: algunos daños menores pero sin mayor novedad. Javier, su marido, y Camila -su otra hija- estaban colaborando como bomberos de la comuna.

Cargamos la camioneta con las cosas de mamá y Fidel y nos despedimos. Iniciamos el regreso a casa. Santiago nos esperaba en 12 horas más. Pasamos por carreteras y pueblos destruidos, con tacos interminables y con rutas alternativas a través de Codegua, carretera del cobre. Con GPS logramos eludir un taco de grandes proporciones a la altura de Champa. Llegamos por una cuesta de camino sin pavimentar, arribando a Pirque pasadas las dos de la madrugada.

Al llegar a casa de mi hermana estaban esperando Catalina, mi amor; mi hermana Paola, mi cuñado Julio, mi sobrina Javiera, mi sobrino Edison, mi tía Patricia, mi prima Claudia y mi primo Maximiliano. Todos abrazaban a mi mamá, pues estaban preocupados y querían verla de regreso, al igual que todos mis demás familiares: mi tío Luis y toda su familia -que estaba en Melipilla-, mi tía Ana y mi prima Janina con toda su familia en El Quisco, mi papá, mis amigos Iván, Rosita, Michel, Paulina, mis jefes, mis compañeros de trabajo y todos los que no alcanzo a nombrar pero que están en mi corazón agradecido.

Cuando decidí ir a buscar a mamá, a doña Edith de las Nieves Navarrete Rodríguez, pensé en todo lo que me ha dado y entregado en su vida. Recordé sus besos, cariños y cuidados entregados cuando era un niño, sus preocupaciones cuando mi hermana o yo estábamos enfermos, sus palabras de aliento cuando me caía y me hacía una herida, todas la veces en que secó mis lagrimas con amor y ternura, los inviernos en que me abrigaba y daba una leche caliente, los esfuerzos que hacía para comprarme un regalo o un pantalón cuando lo necesitaba.

Si decidí ir a buscarla es porque en mi corazón no había otra alternativa, tal vez si me hubiese enterado de alguna forma que estaba bien podría haber estado más tranquilo, pero no teníamos ningún tipo de comunicación, no sabíamos dónde estaba ni cómo estaba, si estaba herida o sin lesiones, si estaba con frio o con angustia.

Gracias a Dios que me permitió tener los medios para traerla de regreso a casa, gracias a mi amigo Isaías, que me acompañó y con el cual estaré en deuda  por siempre. Gracias a Catalina por amarme y entenderme, gracias a mi familia que cuidó de ella en la Octava Región, gracias a Dios, a los ángeles y a Heidy por acompañarme en la búsqueda y camino, por iluminar el momento preciso en que en medio de la noche, la angustia y la incertidumbre me permitió volver a verla, besarla, abrazarla y decirle cuánto la amo".

En estos días he mirado, como nunca, hacia el sur donde tengo mis seres queridos y a donde vuelvo buscando el calor del hogar. Sé que en este sentimiento no estoy solo.

Más allá de comentarios periodísticos tendenciosos y de críticas políticas oportunistas, Chile enfrenta un sismo que no sólo afecta sus capacidades materiales sino también su capacidad para verse a sí mismo como una comunidad. Bastaron pocas horas para que la rabia y resentimiento contenidos se desbordaran. Chile se asemeja a esos organismos con sus defensas bajas que son campo propicio para la aparición de enfermedades oportunistas. Este terremoto nos ha desnudado, nos ha mostrado nuestras fortalezas y miserias. Es hora de pensar qué país, en realidad, estamos construyendo.

Voy a insistir en algo que he dicho muchas veces. Los países fuertes, no sólo ricos, se construyen sobre la base de la inclusión, la igualdad, el respeto y el reconocimiento del valor de todos y cada uno. ¿Somos un país fuerte? Probablemente vamos camino al desarrollo, pero sólo la justicia cotidiana nos convertirá en una comunidad en que la cohesión y lealtad social no sean una mera aspiración. 

En fin, creo en la naturaleza bondadosa del ser humano. Predico algo que se puede denominar optimismo antropológico. Como decía Albert Camus en su novela La Peste, “hay en el hombre más cosas dignas de admiración que de desprecio”. Quiero seguir pensando que es así.

Pero sin duda esa naturaleza humana debe ser alentada y apoyada por un Estado eficiente, capaz de responder con rapidez en las horas más difíciles. Si somos un país condenado a que se le venga abajo cien veces lo que con esfuerzo cien veces creó, me parece, que es hora de modernizar y mejorar sustancialmente la institucionalidad encargada de las emergencias.

Ignacio Barrientos Pardo,
Asesor jurídico Defensoría Regional II Región.

Las regiones del norte y del extremo sur de Chile, así como la mayoría de sus habitantes, salvamos intactos de esta tremenda tragedia. Sin embargo, sentimos como propio el dolor por las vidas perdidas, por las personas extraviadas, por los enormes daños en la infraestructura pública y privada, así como por las consecuencias que este desastre natural ha dejado en nuestro país.

Resultan desoladoras las imágenes que minuto a minuto van llegando por la televisión desde las zonas afectadas, ni qué decir de las noticias que vamos sabiendo a través de la radio y que nos dan cuenta de un desastre impensado en las primeras horas luego de este terremoto, uno de los más potentes ocurridos a nivel mundial.

A través de este espacio la Defensoría Regional de Aysén y sus funcionarios desean hacer llegar su solidaridad y empatía hacia aquellas personas que hoy viven una pesadilla de la que esperamos pronto puedan despertar. Especialmente queremos hacer llegar nuestro cariño a nuestros compañeros y sus familias que trabajan en las zonas afectadas o que, por diversos motivos, se encontraban en esas áreas aquella nefasta madrugada del sábado 27 de febrero.

A pesar de la distancia, nos sentimos cercanos a los damnificados de nuestro país y queremos enviar un mensaje de esperanza a quienes hoy ven un triste presente y un complejo futuro: como lo hemos hecho en otras oportunidades, Chile y los chilenos volveremos a levantarnos a pesar de todo.

Con el esfuerzo y la solidaridad de todos y cada uno lograremos salir adelante y dejar atrás este doloroso momento. El cariño de nuestra gente logrará mitigar un poco el dolor por las pérdidas de vidas humanas y llegará el momento en que volveremos a estar de pie.

Si somos capaces, aprovechemos este doloroso momento para observarnos como país y como sociedad, para ver quiénes somos y cómo quisiéramos ser. Así podremos hacer que el Chile que reconstruyamos sea un mejor lugar donde vivir y desarrollarnos.

Por Juan Carlos Rebolledo Pereira, abogado.
Defensor Regional de Aysén.

ABONOS Y OTROS LOGROS
Así llegó, entonces, el momento de la audiencia. Pablo Conejeros cuenta que tras exponer sus argumentos, “el Ministerio Público no se opuso” a los abonos y que “el juez acogió la reparación por justicia material, manifestando que para él éste es el modo de reparar estas privaciones de libertad innecesarias e injustas”.

Lo más rescatable de todo es que no se trata de un logro aislado, porque desde el inicio de este proyecto piloto de defensa penitenciaria –financiado con el apoyo de la agencia española de cooperación para el desarrollo (AECID)-, en abril del año pasado, los abogados de la Defensoría Penitenciaria han presentado 15 solicitudes de abono, de las cuales nueve han sido acogidas por la justicia, mientras que existen otras tres audiencias calendarizadas para marzo próximo, en las cuales se espera obtener tan buenos resultados como en éstas.

Alicia Salinero,  abogada del Departamento de Estudios de la DPP y encargada del proyecto piloto, se mostró muy satisfecha con este logro, porque explicó que según los criterios usuales vigentes en las Cortes de Apelaciones e incluso en la Corte Suprema, “habría sido improbable lograr este resultado”.

“En el sistema actual, a diferencia del sistema antiguo, no existe una norma que expresamente regule el abono de prisiones preventivas provenientes de causas distintas de aquella a la cual se va a abonar. Entonces, se recurre a interpretaciones de disposiciones procesales y penales, y a principios de justicia y equidad para resolverlos”.

Aún así, no es fácil obtener los abonos, pues en los hechos se han ido restringiendo cada vez más, por la vía de requisitos cada vez más exigentes fijados por la Corte Suprema: “Por ejemplo y según criterios jurisprudenciales, para poder realizar un abono hoy es necesario que la causa de la que proviene la prisión preventiva y la causa a la cual aquella se va a abonar no sólo sean cercanas en el tiempo, sino que hayan tenido la posibilidad de una tramitación conjunta. Por la celeridad de los procedimientos penales actuales, esta exigencia es muy difícil de cumplir, cuestión que no debiera pasar inadvertida para los jueces”, explica Salinero.

Por lo mismo, para ella este logro más reciente sólo “demuestra la importancia de que los condenados privados de libertad cuenten con una defensa mientras cumplen su condena, porque eso les permite obtener resultados como éstos, que de otra manera serían muy difíciles de conseguir, para resguardar derechos fundamentales como la libertad personal”, concluyó.

Fuentes Acevedo explicó a la magistrada los fundamentos de esta iniciativa de la Defensoría, que busca aportar al debate público y proponer temas para la discusión mediante la publicación de artículos académicos sobre temas contingentes, especialmente en el ámbito jurídico y entre quienes están vinculados al sector. Olga Morales se mostró agradecida por la entrega de la revista, al tiempo que recibió otros ejemplares para cada uno de los ministros del tribunal.

Más tarde, el Defensor Regional sostuvo un encuentro con el ministro Vicente Fodich Castillo, quien asumirá la presidencia de esa Corte el próximo 2 de marzo, a quien también le entregó personalmente un ejemplar de la publicación.

Revista 93 es una publicación institucional de la Defensoría Penal Pública que circulará tres veces al año y en cada edición habrá un tema conductor, en la perspectiva de aportar al debate público de los temas de mayor relevancia para la institución y para el sector justicia.

“Se incorpora a nuestro equipo de trabajo un profesional que se ha desempeñado como defensor licitado en Antofagasta, por lo cual conoce el funcionamiento del sistema”, aseguró.

El abogado Oliva dijo sentirse muy orgulloso de  trabajar en la Defensoría Local de San Antonio, “porque me sumo a un grupo de defensores con vasta experiencia y profesionalismo”. Aparte de Seperiza, en ese puerto se desempeñan los defensores Alejandro García, Mauricio Riveaud, Eduardo Saavedra y José Luis San Martín.

Agregó que la misión de la Defensoría Penal Pública es “proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, velando por la igualdad ante la ley, por el debido proceso y actuando con profundo respeto por la dignidad humana de los representados”.

TRAYECTORIA
Licenciado en Ciencias Jurídicas  y abogado de la Universidad de Antofagasta, Oliva es diplomado en derecho público y se ha desempeñado como defensor penal licitado en las comunas de Tocopilla, María Elena y Antofagasta, tramitando causas en los juzgados de garantía, en el tribunal oral en lo penal y ante la  Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta.

También prestó servicios como abogado asesor en el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Tocopilla y en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta en la implementación de la Ley de Transparencia, el sistema de Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) y el Programa Quiero mi Barrio.

La profesional, que tiene doce años de experiencia en el sector justicia, recibió su nombramiento con alegría y satisfacción, al convertirse en una de las once mujeres que conformarán el gabinete del futuro gobierno.

Patricia Pérez estudió en la Universidad de Valparaíso y cuenta con formación de posgrado en derecho penal  y procesal penal, además de cursos de especialización en derechos  humanos y gestión pública.

La nueva autoridad pública se ha desempeñado como profesora de litigación de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, casa de estudios superiores donde desde el año pasado cursa un magíster en derecho penal.

Entre otros logros, Patricia Pérez Goldberg fue elegida en noviembre de 2007 como una de las 100 mujeres líderes del país, en la elección correspondiente a la sexta versión de esa premiación.

Estuvo un año tras la rejas acusado del delito de robo con intimidación del que no tuvo arte ni parte.

Y todo porque tuvo la mala fortuna de estar a la hora, en el lugar y con las personas equivocadas el pasado 26 de febrero de 2009.

MALA FORTUNA
Ese día el buzo mariscador Cristián Figueroa Alfaro salió de su casa en Tocopilla alrededor de las siete y media de la mañana rumbo a la pega, como era su costumbre.

Pero cuando se desvió para cargar combustible, se encontró casualmente con unos de sus tantos amigos. Se trataba de una familiar, el conviviente de ésta y un amigo de este último, a quienes el tocopillano de buena voluntad ofreció llevar y entonces vino lo peor.

ARMADOS
La policía, que sospechaba de estos inoportunos acompañantes, lo detuvo y al realizar un control de identidad comprobó que estos sujetos portaban la pistola de aire comprimido y el cuchillo utilizados momentos antes en el robo con intimidación perpetrado en un almacén del puerto.

Así, el buzo terminó imputado en calidad de cómplice de este delito, pese a que siempre mantuvo su inocencia, y vistiendo el poco sentador traje a rayas por un año.

Durante todo este tiempo debió someterse a dos juicios orales. El primero de ellos fue realizado el 30 de octubre pasado, en el cual fue condenado por el Tribunal Oral en Lo Penal de Antofagasta a la pena de tres años y un día de presidio, y que para su fortuna fue anulado por la Corte de Apelaciones, gracias al recurso interpuesto por el defensor público Roberto Vega.

ABSUELTO
Un segundo juicio oral fue realizado el 10 de febrero y por fin el imputado logró salir de las rejas, luego que fuera absuelto del delito en cuestión, debido a que las pruebas aportadas por el Ministerio Público no fueron concluyentes para declararlo culpable.

Por Lorena Pereira Molina,
La Estrella de Antofagasta.

Puntajes obtenidos por candidatos en concurso para Cargo de Jefe de Estudios Regional, Región de Coquimbo:

Rut  Acta  Puntaje Prueba Técnica  Pasa a Etapa IV
11.480.730-3 1 62,5 SI
8.867.305-0 2 62,5 SI
7.976.477-9 3 77,3 SI
13.124.519-K 4 53,8 NO
9.370.600-5 5 63,8 SI
12.246.820-8 6 63,8 SI
10.206.273-6 7 65,0 SI
10.677.804-3 8 60,0 SI
12.850.382-K 0-1 70,0 SI
12.423.942-7 0-2 43,8 NO
6.472.520-3 0-3 72,5 SI
12.806.460-5 0-4 49,5 NO
        

Puntajes obtenidos por candidatos en concurso para Cargo de Director Administrativo Regional, Región de La Araucanía, de quienes pasan y no pasan a Etapa III

Rut  Acta  Puntaje Prueba Técnica  Pasa a Etapa III
6.582.078-1 1 73,0 SI
12.608889-2 2 62,5 SI
9.860.506-1 3 78,0 SI
7.655.431-5 4 67,5 SI
12.918.024-2 5 59,0 NO
10.303.092-7 0-1 59,0 NO
10.637.700-6 0-2 54,0 NO
9.824.814.-5 0-3 77,5 SI
12.192.064-6 0-4 76,5 SI

Se les informa a todas las personas que la evaluación psico-laboral correspondiente a la Etapa IV del proceso se realizará entre los días 22 y 24 de febrero próximos, y será la consultora a cargo del proceso quien los citará a dicha evaluación.

Al respecto, se les agradece a todos quienes dedicaron tiempo y se interesaron por participar en este concurso. Nuestra institución retribuye su disposición y les invita a participar en los próximos llamados a concurso que serán publicados en el Diario Oficial y en la prensa.

Agradecemos sus consultas al 587 11 76, o al correo maria.sepulveda@dpp.cl. O bien al 587 1185, o al correo vvivanco@dpp.cl.

La abogada penal juvenil María del Rosario Salamanca fue la encargada de efectuar estas iniciativas, programando primero una reunión con 7 de los 12 jóvenes internos en el CPL de Chol Chol, quienes luego de haber rendido la Prueba de Selección Universitaria (PSU) a fines del año pasado obtuvieron resultados favorables que los habilitan para incorporarse a la educación superior.

De hecho, y con el fin de que estos jóvenes puedan concretar su asistencia a clases en las instituciones de educación superior en que ya se encuentran matriculados, esta misma defensora presentó las respectivas solicitudes de audiencia al Tribunal de Garantía de Nueva Imperial.

Consultada sobre el procedimiento jurídico que permitiría concretarlo, la abogada explicó que “hay dos posibilidades distintas dependiendo de cada caso. Una vía es la sustitución de la naturaleza de la pena, lo que implica pasar a cumplir la sanción desde un régimen cerrado a uno de  libertad asistida o de régimen semi cerrado. La otra vía es la autorización para que -aún cumpliendo la sanción en régimen cerrado- los jóvenes puedan asistir a clases sin custodia de Gendarmería”.

En cualquiera de los dos casos, el desafío académico que implica para estos jóvenes asumir una nueva etapa en el proceso de ejecución de condena incluye además a diversos intervinientes del sector justicia, entre los cuales el rol de los “encargados de caso” del Centro Cerrado de Chol Chol cobra relevancia, lo mismo que el de los equipos interdisciplinarios que coordinan el seguimiento de las causas juveniles, todos profesionales del Sename en la Novena Región.

“Tanto para los jóvenes que serán beneficiados con la sustitución de condena y que puedan proyectar sus estudios en el medio libre, como para aquellos que deban permanecer cumpliendo las respectivas sanciones en régimen cerrado o semi cerrado, lo más importante es que la reinserción social se pueda concretar de manera efectiva, lo que implica que en forma previa a la incorporación de ellos a la educación superior puedan contar con toda la información jurídica para la etapa que ahora van a asumir”, sostuvo la defensora penal juvenil.

María del Rosario Salamanca se reunió también con la directora del Centro Privativo de Libertad de Chol Chol, Lorena  Ormeño, y con dos encargadas de caso, con la idea de precisar antecedentes sobre cada uno de los futuros estudiantes de pregrado.

TALLER SOBRE DERECHOS Y GARANTIAS
Otra de las actividades desarrolladas por la abogada fue la realización de un “Taller Informativo sobre Ejecución de Sanciones en Régimen Cerrado”, que se realizó en la sección juvenil del Centro Penitenciario de Temuco, donde residen 26 jóvenes, quienes fueron convocados por la dupla psicosocial de la Unidad Técnica Penal de Gendarmería en Temuco, conformada por la sicóloga Roxana Aravena y la asistente social Soledad Guillén.

El taller contó además con la presencia de la jueza presidenta del Tribunal de Garantía de Temuco, magistrada María Teresa Villagrán, quien luego de la exposición de Salamanca sostuvo un diálogo directo con los jóvenes internos, quienes manifestaron diversas dudas sobre los plazos y requisitos para eventuales traslados a otros recintos carcelarios.

Estas actividades se enmarcan en el objetivo de potenciar las redes existentes entre todos los intervinientes del sector justicia que trabajan específicamente con población juvenil, para “coordinar formas de trabajo integrales, donde podamos establecer colaboraciones mutuas para encausar nuestro servicio a los internos que permanecen en régimen cerrado, cautelando que las garantías y derechos establecidos en la ley se cumplan a cabalidad”, aseguró María del Rosario Salamanca.

La abogada informó que próximamente se realizará en el mismo espacio un taller laboral, el que ya ha sido gestionado por las profesionales de la Unidad Técnica Penal de Gendarmería, hecho que se complementa con las visitas realizadas por la asistente social María Paz Sandoval, de la Unidad Penal Juvenil de la Defensoría Regional, con el fin de aunar esfuerzos para potenciar la reinserción social, que es uno de los pilares fundamentales en la etapa de ejecución de penas contemplada en la Ley 20.084.

El programa, financiado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y ejecutado por la Universidad de Las Américas, fue impulsado desde la mesa de proyectos que la Defensoría Regional de O’Higgins coordina localmente con servicios como el Sence, Chiledeportes y Conace, para la focalización de proyectos destinados a la rehabilitación de adultos y menores privados de libertad o infractores de ley. 

En su intervención el Defensor Regional, Alberto Ortega, comentó la importancia que tiene para la Defensoría Penal Pública colaborar en el proceso de reinserción social de las personas privadas de libertad. Por ello, explicó que se han promocionado y adjudicado importantes recursos de fondos públicos para capacitaciones de internos y programas deportivos en los penales de la región.

El curso -que comenzó el 15 de diciembre- partió con 15 alumnos, aunque sólo 10 de ellos lograron concluirlo exitosamente, por lo que  pudieron asistir junto a sus padres a las dependencias de la Defensoría Regional para recibir su diploma y una medalla otorgada por este servicio, en reconocimiento al compromiso y la participación de estos adolescentes.

Para  Diego Parra Nicolao, uno de los participantes del curso,  los conocimientos adquiridos le van a permitir encontrar trabajo en menos tiempo e incluso hacer “pitutitos” para mantenerse y ayudar a la familia. También señaló que “el curso es súper bueno, porque aprendimos sobre gasfitería en PVC, cobre e incluso a reparar calefones”.

Este derecho a la libertad personal es fruto del arduo trabajo de quienes lucharon y enarbolaron las banderas de la libertad, igualdad y fraternidad en la Europa del siglo XVIII, triunfo que quedó plasmado de manera magistral en la Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789.

Con esta tremenda herencia que hemos recibido, haciendo uso de mi derecho a ir donde se me dé la gana, con quien quiera, sin tener que darle explicaciones a nadie, salvo a mi conciencia, me encuentro sorpresivamente con un control policial a la entrada de Pichilemu. Era el viernes en la tarde cuando un funcionario de la PDI hizo detener mi vehículo y me informó que realizaría  un “control de identidad”.

Tal vez esto parezca normal para quienes han ido a este balneario, porque pareciera que es un procedimiento de rutina y que está amparado por la ley. Sin embargo, parece que en este lugar no rige el artículo 85 del Código Procesal Penal, el que contiene los requisitos para que un funcionario policial pueda hacer un control de identidad, vale decir, solicitarle a una persona que muestre sus documentos para proceder a su identificación.

Según el cuerpo legal, este procedimiento sólo se permite en casos fundados, en que según  las circunstancias, “estimaren los policías de que existen indicios de que el controlado: 1.- hubiere cometido un delito; 2.- se dispusiere a cometerlo; 3.- que pudiere suministrar informaciones para la indagación de un hecho delictual, o 4.- que el sujeto se emboce o encapuche para ocultar su identidad”.

Rápidamente en mi mente hice un repaso a estos requisitos y los comparé con mi circunstancia… Nada anormal: venía llegando en auto, sobrio, sin que nadie me persiguiera, sin portar un arma hechiza, sin transportar droga, sin ir mirando pornografía infantil, sin usar un pasamontañas. Es decir, sólo conduciendo un automóvil de mi propiedad, acompañado de mi suegro.

Ante este escenario, antes de entregar mis documentos le pregunté al detective cuál era el indicio que fundamentaba este control de identidad, (obviamente no lo había). También le dije que era el defensor penal público de turno y que me parecía que ese intento de control de identidad no se ajusta a lo que dice expresamente la ley, es decir, era ilegal.

Obviamente me dejó continuar. Pero llegué con un mal sabor en la boca y la sensación de que me trataron de quitar por un momento mi herencia libertaria. Mi suegro no entendió nada, ya que encontró correcto el proceder policial, por lo que le expliqué el riesgo de que sucumbamos ante un discurso de ley y orden, de hacernos creer que la delincuencia es un monstruo que nos devorará y que la solución a la delincuencia está en instaurar una mano durísima, con dictación de leyes que acarreen la restricción de nuestras libertades fundamentales, como el derecho a la intimidad, la inviolabilidad del hogar, de las comunicaciones, la libertad ambulatoria, etc.

Lamentablemente me enteré que estos controles de identidad van más allá, que funcionarios de la PDI suben a los buses y micros a efectuar este procedimiento a todos los pasajeros, mientras sus perros los olfatean junto a sus equipajes, cuestión que -por decir lo menos– es aberrante e indigna, pero que también tiene que ver con la capacidad de aguante de los ciudadanos y la ignorancia de sus derechos.      

Percibo con temor que como sociedad comenzamos a mirar con simpatía este tipo de medidas que en pos de la seguridad nos hacen renunciar a nuestras libertades, tal como ocurrió en Alemania en los años ‘30, cuando surgió Hitler y el partido Nazi como la solución a los problemas del pueblo alemán, con el resultado que todos conocemos. Se traduce en el fondo que la Libertad, Igualdad y Fraternidad se conviertan en Represión, Desigualdad y Sectarismo. Yo no estoy dispuesto a renunciar a mi herencia y la quiero defender, porque quiero que mis hijos crezcan en un país que ponga en primer lugar al ser humano y su dignidad, por sobre cualquier otra cosa.

Por Gabriel Miranda Varas,
Abogado Unidad de Estudios,
Defensoría Regional de O’Higgins.

La Defensoría Regional de Aysén fue invitada por el Intendente de la región a formar parte de este saludo protocolar, que probablemente es el último que durante su gobierno recibirá en la zona la Presidenta de la República.

En la actividad también estuvieron presentes el Presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, ministro Luis Sepúlveda Coronado, y el Fiscal Regional del Ministerio Público, Pedro Salgado González; entre otras autoridades.

El saludo se efectuó a las 13:30 horas en la loza del aeropuerto de Balmaceda, donde la Jefa de Estado descendió del avión presidencial para saludar a las autoridades presentes, conversar con la prensa y luego volver embarcarse en un avión Twin Otter de la Fuerza Aérea con destino a las localidades de Lago Verde, Chile Chico y Caleta Tortel, en una gira regional que tendrá una duración de dos días.

La acción legal fue presentada un día después de que la abogada realizara una visita al recinto penal, en compañía de la jueza presidenta del Tribunal de Garantía de Temuco, magistrada  María Teresa Villagrán, junto a quien escuchó los testimonios de estos adolescentes internos en esta sección, dependiente de Gendarmería de Chile. El grupo dijo haber recibido malos tratos físicos y sicológicos de parte de tres gendarmes que cumplen funciones en el referido recinto, hecho que habría acontecido el viernes 5 de febrero.

A lo anterior, se añaden las precarias condiciones de habitabilidad en que se encuentran 7 de los 26 jóvenes, quienes –por motivos de seguridad- permanecen separados del resto de la población penal juvenil y en cuyo dormitorio común la defensora pudo constatar directamente la carencia  de servicios de agua potable y de mobiliario adecuado, hecho que contraviene las garantías judiciales consagradas tanto en la Ley 20.084, como en la Constitución Política de la República y en la Convención de Derechos del Niño, entre otras normas de resguardo de derechos.

Consultada por los contenidos que incorpora este recurso de amparo, la abogada Salamanca explicó que “lo que se solicita es que fundamentalmente se constituya en forma urgente el tribunal de garantía en la sección de Gendarmería de Chile en Temuco, haciéndose acompañar de un ministro de fe, con el objetivo de que tome acta de la diligencia realizada y se entreviste privadamente a los adolescentes, constatando su estado actual, derivándolos en forma urgente al Servicio Médico Legal para constatar lesiones”.

Otra de las solicitudes prioritarias incorporadas en este recurso de amparo es que se pida un informe a Gendarmería acerca de la situación descrita y se tomen las medidas necesarias que resguarden los derechos de los jóvenes que se encuentran en etapa de ejecución de la sanción, acorde a las dispuesto en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

En la oportunidad, profesionales la Unidad de Comunicaciones de la Defensoría Regional de Tarapacá distribuyeron folletos y respondieron las inquietudes de un grupo cercano a 50 personas que aguardaban el contacto con imputados que permanecen en ese centro.

La actividad fue organizada en conjunto con el Área de Reinserción Social que la empresa concesionaria SIGES mantiene en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio. La asistente social Helen Bacián Cáceres coordinó los preparativos para la asistencia de funcionarios de la Defensoría.

Las inquietudes de estos familiares se orientaron fundamentalmente a la duración de los periodos de prisión preventiva y de preparación de juicio. También manifestaron interés en conocer la forma en que se asegura una defensa jurídica pronta y eficaz para sus familiares.

De todo el grupo presente, la Defensoría Regional de Tarapacá recibió dos solicitudes formales de información mediante el Sistema  de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), las cuales fueron estampadas en formularios especiales. Este sistema asegura que tales inquietudes serán respondidas por escrito por las autoridades de esta entidad.

El 1 de diciembre de 2009, Jimmy Alejandro Miranda Ortega, de 26 años, fue conducido al Juzgado de Garantía de Antofagasta tras ser detenido por Carabineros, acusado de haber golpeado a quien fuera su pareja y madre de su pequeño hijo, la joven Carolina Lissette Arias González, de 22 años.

Fue imputado por el Ministerio Público por el delito de lesiones leves en contra de la mujer, estableciendo el juez la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima.

El martes 2 de febrero, el sujeto -que seguía en libertad- asistió en el mismo tribunal a una nueva audiencia para revisar el cumplimiento de la medida adoptada por el magistrado. Hasta ese momento había respetado la decisión, conservando su derecho de transitar libremente por las calles. A excepción, claro, del perímetro en torno a la joven.

Pero algo salió muy mal menos de una semana después. El 8 de febrero pasado, alrededor de las 21.30 horas, Jimmy Miranda profirió 58 puñaladas a Carolina Arias, en uno de los asesinatos más salvajes de los últimos años en la ciudad.

¿De qué sirvió la prohibición de acercarse a la víctima?

CIFRAS
Cifras de la Defensoría Penal Pública de Antofagasta indican que entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de enero de 2010 los tribunales establecieron dicha medida cautelar a mil 859 personas en la región, buena parte de ellas por casos de violencia intrafamiliar (VIF). Otras razones fueron -aunque en menor medida- amenazas, robos, injurias y calumnias.

En 175 de las causas por VIF los juzgados tomaron en cuenta la existencia de lesiones (leves, menos graves y graves) en los afectados, fueran éstos agredidos por sus parejas, sus padres, hijos o nietos. Incluso en varios casos el victimario fue más de uno y se dan situaciones de hasta cuatro y más golpeadores.

Y eso que en este recuento no están considerados los casos en que los afectados recurrieron a los servicios de abogados particulares.

La estadística de la Defensoría indica que en Antofagasta, día por medio ocurre una situación que obliga a los tribunales a dictar prohibición de acercarse a la víctima.

SALIDA
La salida más usada en estos episodios es la figura de la suspensión condicional del procedimiento. Es decir, existe una denuncia por VIF, ante lo cual el Ministerio Público levanta cargos contra el imputado. A éste y a la víctima se les ofrece dicha salida alternativa, que implica que no se llegará a juicio si el victimario cumple la prohibición de acercarse a la otra persona, generalmente por el lapso de un año.

De respetarse esa condición, al final del periodo establecido se termina la causa, sin que los hechos queden en los antecedentes del golpeador. Como si nunca hubiera pasado nada.

Por el contrario, si el imputado se acerca a su víctima y es denunciado por ello, de inmediato debe retomarse el proceso conducente a un juicio.

Cuento aparte es la cantidad de veces en que no existe denuncia de este desacato, debido a que el agredido -por distintas razones- desiste de buscar ayuda en los tribunales, en lo que constituye una “cifra negra” de la VIF.

“MAL MENOR”
La suspensión condicional del procedimiento se ha vuelto una opción común en los tribunales, en especial durante los fines de semana, cuando aumenta la incidencia de violencia intrafamiliar.

Gran parte de los involucrados acepta la salida alternativa como el mal menor, ya que -de no hacerlo- se arriesgan a un juicio de resultados inciertos para sus intereses.

Otro antecedente llamativo de la información dada a conocer por la Defensoría Penal Pública de Antofagasta es que en el período enero 2009 a enero 2010 hubo 19 mujeres agresoras que quedaron con prohibición de acercarse a sus víctimas.

Resalta también el hecho que 10 de estas imputadas aparezcan en casos donde la restricción también fue aplicada a otra u otras personas, siendo el afectado un hijo de ambos, la pareja, uno de los padres, un suegro o un abuelo.

La Defensoría informó también que durante el periodo ingresaron a su sistema 32 causas por la figura de “maltrato habitual”, provenientes del Juzgado de Familia de Antofagasta.

Diputados cuestionan eficiencia del sistema
Falta de medios impide seguimiento
Los diputados Manuel Rojas (UDI) y Pedro Araya (PRI) concordaron en que la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima no resulta efectiva, debido a lo complejo que es fiscalizar su real cumplimiento.
“Si bien uno puede compartir que es importante que los jueces la dicten, lo cierto es que en la práctica los agresores no las cumplen y de esa manera terminan siendo medidas ineficientes para evitar las agresiones”, recalcó Manuel Rojas.

El parlamentario gremialista se declaró partidario de endurecer la normativa vigente, de manera que una persona que incumple la orden del juez, de inmediato quede en prisión preventiva o vea aumentada su condena.

PULSERAS
Pedro Araya, en tanto, señaló que la única forma de lograr que las medidas cautelares se respeten es mediante dispositivos tecnológicos como las pulseras GPS que se emplean en países desarrollados.

“Carabineros no tiene los medios para vigilar los miles de hogares donde existe un miembro sujeto a medidas cautelares, por eso es tan importante el uso de estos aparatos”, explicó.

Araya recordó que en este momento la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados discute un proyecto que permite el uso en el país de pulseras GPS para vigilar a personas que cumplen condena en libertad e imputados sujetos a medidas cautelares.

“Sólo de esa forma se soluciona el problema que enfrentamos hoy en día”, recalcó el parlamentario, quien integra la Comisión de Constitución.

Por Jorge Melin,
periodista,
diario El Mercurio de Antofagasta.

Las nuevas oficinas de la Defensoría Local se encuentran a escasos metros del Juzgado de Garantía y de la Plaza de Armas de San Javier, en calle Sargento Aldea 2641. Se trata de una casa construida a mediados del siglo pasado, emplazada en 400 metros cuadrados de superficie y que fue sometida a una remodelación para habilitar la oficina del Defensor Local Jefe, un amplio hall para la atención de público, una sala de reuniones, y dos salas ampliadas, destinadas al archivo de carpetas de causas, entre otros.

El Defensor local Jefe de San Javier, Alfredo Grandón Lagunas, destacó la calidad del inmueble, los amplios espacios con que cuenta y la vegetación de que dispone. “Es un importante avance, porque tenemos más espacio para atender a las personas que requieren de la Defensoría. Podemos recibir a las personas de manera cómoda y en buenas condiciones, como ellos se merecen. Además la propiedad, construida hace unos 60 años, posee una hermosa vegetación, que incluye árboles nativos”, explicó.

La Defensoría Local de San Javier forma parte de las siete existentes en la Región del Maule, además de la Defensoría Regional.

La discusión no es menor, saber de dónde proviene o se genera la delincuencia en el país, la región y nuestra comuna es un dato fundamental para comprender este fenómeno y enfrentarlo en serio y sin demagogias.
 
En esta oportunidad, me quedaré con la opinión de Cooper. Nuestra Región de O’Higgins tiene a esta fecha la (escalofriante) cantidad de 2 mil 955 adultos encarcelados y 58 niños en el CIP CRC de Graneros, y es verdad, no tenemos ningún estudio que avale que el 70 por ciento de ellos sean hijos de delincuentes.

Un paréntesis: en un informe presentado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) se indicó que Chile es la nación latinoamericana con la tasa más alta de encarcelados con 318 presos por cada 100 mil habitantes, seguido por Panamá y El Salvador (países que a diferencia de Chile tiene niveles de delincuencia calificados de epidémicos). Pues bien, la región de O`Higgins tiene una tasa de 386 presos por cada cien mil habitantes. ¿Por qué?

Según Cooper, el origen de la delincuencia común no se aprende de los padres, sino que surge de la llamada Economía Informal Alternativa e Ilegal, que consiste en un sistema que opera al margen de todo lo establecido. “Esto funciona paralelamente a la economía formal, en la cual se van insertando en la actualidad niños y jóvenes. Tiene que ver con la marginación, la falta de acceso a la estructura de oportunidad, con padres y madres desempleados. Entonces, cuando algunos de ellos tienen la oportunidad de salir a la calle, algunos se integran a pandillas o al consumo de drogas y alcohol; o también a la comisión de delitos contra la propiedad o tráfico de drogas”, señala la criminóloga.

Permítame ahora el siguiente ejercicio: Chile y El Salvador son los países con mayores índices de encarcelados en la región. El Salvador -un país pobre y convulsionado- nos enseñó una lección valiosa. En materia de delincuencia la mano dura, la tolerancia cero y la represión NO SIRVEN. Es más, empeoran el fenómeno.

Un estudio de Bernardo Kliksberg (“Mitos y Realidades sobre la Criminalidad en América Latina”) señala que en El Salvador se trató de encarar el crecimiento de las pandillas juveniles con leyes Mano Dura en 2003 y leyes Supermano Dura en agosto de 2004. Sin embargo, “el número de homicidios siguió creciendo todo el tiempo”. En algunas cárceles se produjeron masacres y en ellas las pandillas adoptaron estructuras nacionales y organizadas con liderazgos firmes y mucho más violentos.
 
SÍNTESIS:
1.- La delincuencia es un fenómeno multicausal. Es posible que sea aprendido parentalmente, pero esa conclusión no tiene un asidero científico y lo más probable es que se genere de la falta de oportunidades educacionales, laborales y afectivas.

2.- Sea cual fuere su germen, está claro que mas cárceles y leyes que aumenten las penas y políticas de mayor represión ni remotamente solucionarán el dilema social. Es más, lo agravarán al provocar una “criminalización de la pobreza”.

3.- En cambio, aquellos países en que han apostado a invertir más en oportunidades de educación y capacitación a condenados (Costa Rica), que les buscaron trabajo y los acompañaron en sus fases de reinserción, tuvieron notorios descensos o estancamiento de la delincuencia.

4.- La apuesta es sencilla, aunque la ciudadanía muchas veces preferirá la cárcel y el castigo y no ver cómo los recursos públicos se “despilfarran” en delincuentes que son premiados con programas y proyectos. Se debe apoyar el debate en propuestas y análisis científicos y no mera visceralidad.

5.- La solución a largo plazo: más protección social, más Chile Crece Contigo, mejor Programa Puente, más OPDs en los municipios, mejores Plan Auge y Sename. En fin, más oportunidades y menos cárceles.     
 
Por Alberto Ortega J.,
Defensor Regional de O´Higgins.

Según la abogada, en 2009 la Defensoría Regional de Aysén registró el ingreso de 2 mil 223 causas, mientras que en 2008 las causas ingresadas ascendieron a 2 mil 371, lo que implica una disminución de 6,2 por ciento en el período.

Situación similar ocurrió con los imputados atendidos en ambos años. Durante 2009 la Defensoría Regional atendió a 2 mil 626 personas, mientras que en 2008 se atendió a 2 mil 847 usuarios.

Esta disminución, tanto en el ingreso de causas como en el número de imputados, puede tener su origen en diversos factores, aunque el más probable es la estabilización del sistema y un criterio más selectivo a la hora de judicializar las denuncias.

DETALLE DE DELITOS
Respecto de los delitos ingresados durante el año pasado, la Defensora Regional (S) informó que a las 2 mil 223 causas ingresadas correspondieron 3 mil 844 delitos. Esta diferencia se debe a que así como en una causa puede haber más de un imputado, también puede considerar más de un delito cometido.

Los delitos de mayor ocurrencia durante el año que pasó fueron las lesiones, con un 26,6 por ciento, total que incluye las lesiones de menor a mayor gravedad y las producidas en el contexto de violencia intrafamiliar. En un segundo lugar se ubicaron las infracciones a la Ley de Tránsito, con un 16,2 por ciento, y en tercer lugar se ubicaron otros delitos contra la propiedad, con un 9,8 por ciento del total ingresado, que incluyen daños simples y calificados, abigeato, receptación de especies robadas y usurpación no violenta, entre otros.

Los delitos de mayor connotación social, tales como homicidios, delitos sexuales y robos correspondieron al 0,7,  al 1,3  y al  0,9 por ciento, respectivamente.
 
Delitos relativos a la Ley de Drogas (consumo, porte y tráfico, entre otras) alcanzaron al 1,6 por ciento del total de delitos ingresados durante 2009.

ESTADÍSTICA 2010
Finalmente, la abogada informó también que durante enero del presente año ingresaron 148 causas a la Defensoría Regional de Aysén, correspondientes a 173 imputados, que son investigados por la comisión de 216 delitos.

II. Puntajes obtenidos por candidatos en concurso para cargo de Director Administrativo Regional, Región de La Araucanía, de quienes pasan y no pasan a etapa III

Rut / Revisión Antecedentes / Etapa I / Etapa II / Pasa a Etapa III
6.582.078-1 / SI / 20 / 14 / SI
12.608.889-2 / SI / 18 / 6 / SI
10.303.092-7 / SI / 15.5 / 6.8 / SI
10.637.700-6 / SI / 20 / 8 / SI
9.824.814.-5 / SI / 30 / 5 / SI 
9.860.506-1 / SI / 24 / 6,6 / SI
7.655.431-5 / SI / 30 / 8 / SI
12.192.064-6 / SI / 27.5 / 7.8 / SI
12.918.024-2 / SI / 10 / 5 / SI
10.992.216-1 / SI / 20 / 5 / SI
7.571.356-8 / SI / 20 / 2.3 / SI
10.044.620-0 / SI / 7.5 / 1.3 / SI
6.490.421-3 / NO /  - / - / NO 
13.963.528-0 / NO / - / - / NO
11.500.760-2 / NO / - / - / NO
11.946.931-7 / NO / - / - / NO
9.056.108-1 / NO / - / - / NO
10.354.662-1 / NO / - / - / NO
6.522.957-9 / NO / - / - / NO
11.355.138-0 / NO / - / - / NO
9.495.767-2 / NO / - / - / NO

El mismo departamento institucional informa a todas las personas que la evaluación técnica correspondiente a la etapa III del proceso se realizará este martes 9 de febrero, fecha de la cual todos los candidatos fueron notificados el viernes 29 de enero, con el siguiente detalle:

La Evaluación Técnica para el cargo de Jefe de Estudios IV Región se realizará el martes 09 de febrero del 2010, a las 10:00 de la mañana, en las direcciones que a continuación se indican:

UNIDAD:     
Defensoría Regional de Coquimbo.  Avda. El Santo 1160, La Serena.

DIRECCIÓN:
Defensoría Nacional.    Alameda 1449 piso 8, Salón Auditórium, Santiago.
               
La Evaluación Técnica para el cargo de Director Administrativo Regional IX Región, se realizará el 09 de febrero de 2010, a las 12:00 del día, en las direcciones que a continuación se indican:

UNIDAD:     
Defensoría Regional de la Araucanía.  Portales #361, Temuco.

DIRECCIÓN:
Defensoría Nacional.    Alameda 1449 piso 8, Salón Auditórium, Santiago.

El Comité de Selección agradece a todos quienes dedicaron tiempo y se interesaron por participar en este concurso. En este sentido, la Defensoría Penal Pública retribuye su disposición y les invita a participar en los próximos llamados a concurso, que serán publicados en el Diario Oficial y en la prensa.

Por último se hace presente que los antecedentes presentados serán devueltos una vez que finalice el proceso de concurso, aunque mediante una presentación, los interesados podrán solicitar formalmente al Comité de Selección la devolución de tales documentos antes de finiquitado el presente concurso.

Para cualquier otra consulta, llamar al 587 11 76, o al correo maria.sepulveda@dpp.cl.

Esta semana, la Corte de Apelaciones de San Miguel, actuando por simple mayoría, revocó la resolución del Sexto Tribunal Oral que desechaba los cargos hechos por el Ministerio Público a dos defensores por, supuestamente, haber faltado a la cortesía profesional al vestir al imputado con chaqueta y corbata. Este ejercicio, como quedó demostrado en la audiencia de juicio oral, logró afirmar la teoría del caso de la defensa -reconocimiento inducido y falta de participación-, pues la víctima no fue capaz de reconocer a su agresor.

Derechamente pensamos que la Corte de San Miguel comete un gravísimo error, como los propios ministros disidentes lo hacen ver en su voto de minoría, pues sanciona una conducta que tiene por objeto darle un mínimo de objetividad a lo que sucede en las audiencias, o ¿lo que se pretende es que la persona a la que se le imputa un delito venga vestida como “delincuente” para evitar chascarros en las imputaciones fiscales? Es exactamente lo contrario lo que se debe hacer, los reconocimientos de personas no pueden, ni deben, ofrecer ninguna duda.

El problema de fondo, creemos, es la ausencia de normas que regulen y valoren los reconocimientos de imputados ante las policías y en las audiencias, normas que ordenen colocar al imputado entre personas parecidas, cuestión que pretendieron los defensores en este caso, y que éstas sean en un número razonable y en presencia del abogado del imputado, con el objeto de evitar los tristemente célebres reconocimientos inducidos.

Son miles las personas a las que, cada año, el sistema penal les devuelve su libertad porque no existía nada confiable que los culpara y cientos las personas que son condenadas siendo inocentes, entre otras cosas, porque el sistema de reconocimiento no se encuentra reglado por norma alguna -incluso en el sistema antiguo se indicaban reglas mínimas para practicar esta diligencia-, dejando a la exclusiva prudencia de jueces y fiscales su valoración.

Entendemos, entonces, que la Corte se excedió en sus atribuciones y sancionó equivocadamente a nuestros colegas y que es urgente normar los reconocimientos de personas imputadas de delitos y evitar, por tanto, arbitrariedades como inculpar a personas inocentes por procedimientos mal hechos y que esto, además, debe ser motivo de preocupación para todos los que, de buena fe, operan en el sistema penal.

Gonzalo Rodríguez Herbach,
Presidente Asociación de Defensores Penales Públicos.

Se trata de la “Revista 93” que, mediante artículos de corte académico contingente, busca influir en el debate público, proponiendo temas de discusión, especialmente en el ámbito jurídico y de la investigación..

A través de 56 páginas, “Revista 93” –que debe su nombre al artículo del Código Procesal Penal que señala precisamente los derechos de todo imputado- centró su primera edición en la compleja temática de la prisión preventiva y la seguridad ciudadana.

Francisco Geisse destacó la iniciativa y señaló que la publicación pone en el ojo público distintos argumentos y diversas miradas en torno al tema central, aportadas tanto por abogados y periodistas de la propia institución, como por colaboradores externos.

Aquí, dijo el Defensor Regional, podemos encontrar artículos de distinto tono y trascendencia, agrupados en secciones identificadas también con conceptos jurídicos relevantes del proceso penal.

A partir de esta primera edición, “Revista 93” se editará tres veces al año, siempre centrada en un tema orientador para cada ocasión, con la idea de aportar al debate público de las temáticas de mayor interés para la institución y el mundo judicial.

Según contó, hace 3 años que vive en Copiapó, junto a su pareja y a la hija de ambos de tan solo 6 meses (en la foto). Tanto él como su pareja trabajan duro para salir adelante. Él  se desempeña como albañil en una empresa constructora desde octubre del 2009 y viven felices en una casa interior que arriendan en la población Diego de Almagro.

Pero la paz se vio truncada una tarde de diciembre. A la salida de la empresa en la que Manuel se desempeña se registró una riña, que tuvo como desenlace el asesinato de uno de los involucrados. Hasta el lugar llegó personal de la Policía de Investigaciones, quienes solicitaron a la empresa la lista de los trabajadores. A todos los que tenían antecedentes se los llevaron y Manuel tenía una orden de detención pendiente. Pero él no tenía líos con la ley, por lo que nada le cuadraba.

Tal como lo relata su esposa, Yesenia Bustamante, Manuel se enteró luego de que había sido suplantado por su hermano domiciliado en Santiago, por lo que sus antecedentes estaban manchados por un delito que jamás cometió.

En el año 2007 Rodrigo suplanto la identidad de Manuel al momento de su detención, individualizándose en la audiencia de control de detención bajo el nombre de su hermano, ya que conocía el RUT y la firma de éste.

CUMPLEAÑOS TRAS LAS REJAS
Manuel estuvo recluido en la unidad penal de Copiapó por 20 días por un delito que hurto que no había cometido. Esto trajo nefastas consecuencias en la vida de la pareja: perdió su trabajo, que recuperó, y cayó en una profunda depresión. En tanto, Yesenia Bustamante, su pareja, también tuvo que abandonar su trabajo, ya que se dedicó a recolectar antecedentes que comprobaran la inocencia de su pareja.

Manuel estuvo preso desde el 14 de diciembre, pasó Navidad y su cumpleaños entre las rejas. “Esta experiencia jamás se me va a olvidar, perdí mi trabajo por culpa de mi hermano y de las policías que jamás comprobaron los datos”, recalcó.

Por su parte, Yesenia agradeció al defensor penal Eugenio Navarro, quien en todo momento creyó en su versión y en el abogado de la Defensoría Regional Metropolitana Norte Pablo Sanzana, quien solicitó los antecedentes del caso y logró que el Registro Civil procediera a la eliminación de toda anotación por esta causa en el certificado de antecedentes penales de Manuel. “Ellos creyeron en nosotros y me orientaron en los momentos más difíciles”, dijo.

El Defensor Regional, Francisco Nehme Carpanetti, en relación al tema señaló que “la verdad se impuso en este caso en concreto y en especial en el sistema, lo que en definitiva ha evitado una de las mayores injusticias que puede cometer el Estado en contra de un ciudadano”, concluyó.

MISIÓN DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
Su misión es proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, velando por la igualdad ante la ley, por el debido proceso y actuando con profundo respeto por la dignidad humana de los representados.

La Defensoría realiza sus acciones bajo el lema “sin defensa, no hay justicia” y se esfuerza en todas las instancias para que se apliquen plenamente los principios del proceso penal: que todo imputado sea tratado como inocente; que esté garantizado el juicio previo; que éste cuente con igualdad de fuerzas para sostener su punto de vista frente a las imputaciones que se le formulan y que, cuando corresponda, se le aplique una sanción justa.

Nelson Mandela dice: “Nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles…”. Al menos puedo decir que conozco un porcentaje de la nuestra. Lo que encontramos en la realidad carcelaria de la Cuarta Región, en especial en la cárcel concesionada de La Serena, es un “avance”, si así se puede calificar a un recinto de reclusión (no se crea que soy abolicionista, pero aún no sé para qué sirven las cárceles). Avance en cuanto a su habitabilidad, separación de la población penal y servicios médicos.

En cuanto a las labores propias de “reinserción”, si bien se prestan talleres, éstos no llegan a toda la población penal, aún hay módulos -sobre todo de alta seguridad- que carecen de estos servicios, lo que inhibe a los internos a postular a algún beneficio penitenciario.

En el caso de los penales de Ovalle, Illapel y Combarbalá, que mantienen las estructuras de las cárceles “antiguas”, es evidente que no se logran los estándares de La Serena, lo que se acentúa en el acceso a actividades de reinserción social. Sin duda, se requiere una fuerte inversión de recursos en aquellas aéreas, aunque es difícil creer que una política contra mayoritaria como otorgar recursos a “delincuentes” sea de fácil acogida en una sociedad que vive con la premisa de que “se sequen en la cárcel”.

Sin perjuicio de ello, como dice el profesor Miguel Soto, “las cárceles deben ser buenas no por razones de reinserción social, sino porque ahí hay seres humanos”. Quizás ése es el discurso que no se ha logrado poner en la agenda. Los que están en las cárceles no son animales ni extraterrestres, sino personas como cualquiera, pero la diferencia es que la mayoría no tuvo las mismas oportunidades de, por ejemplo, el que está escribiendo esta columna.

Lastimosamente y aunque los internos hayan hecho su mayor esfuerzo en los establecimientos penitenciarios para nivelar sus estudios y obtener calificación técnica, al salir en libertad se convierten en verdaderos “muertos civiles”, algo así como un Dicom de oportunidades, en que las pocas puertas se cierran por esa carga que es siquiera mencionar haber estado recluido.

Como dice Zaffaroni, “la cárcel siempre va a ser contaminante, incluso se trate de un hotel cinco estrellas, debido a la estigmatización que causa a quienes deben permanecer en ella y a su carácter segregacionista…”.

La mayor dificultad de esta actividad es el acceso a la información con que cuenta Gendarmería, cuestión que -sin embargo- ha ido mejorando con el paso de los meses, en virtud del compromiso de dicha institución en el funcionamiento de este proyecto. El fin común que nos ha guiado ha sido la construcción metro a metro de los cimientos de esta nueva forma de defensa.

Pero, y aún con las dificultades de nuestra labor -incluso la incomprensión de muchos-, nada se compara (quizás una absolución con imputado privado de libertad) a lo que se siente al escuchar que un beneficiario te agradece al obtener una salida dominical, por poder aunque sea un día estar en casa junto a su familia.

De seguro no seré un revolucionario de esos de traje oliva y fusil, pero esperemos que esta experiencia sirva como una revolución en la protección de los derechos fundamentales de los más excluidos, en un área del derecho casi tan inexpugnable como la Sierra Maestra, el derecho penitenciario, en que parafraseando a “Che” Guevara “no se vive celebrando victorias, sino superando derrotas”.

Por Patricio Tello,
Defensor Penitenciario,
Defensoría Regional de Coquimbo.

Según la ley aprobada recientemente, estas nuevas instancias estarán dedicadas a resolver los reclamos que personas naturales o jurídicas presenten en contra de las decisiones administrativas adoptadas por el Servicio de Impuestos Internos o el Servicio Nacional de Aduanas, al estimar que son infringidas las disposiciones legales tributarias o aduaneras.

La puesta en marcha del nuevo tribunal se desarrollará en cuatro etapas entre los años 2010 y 2013, siendo Arica, Iquique, Antofagasta y Copiapó los primeros cuatro en iniciar su funcionamiento, del total de 18 contemplados en la Ley Nº 20.322, según la cual dependerán directamente de la supervigilancia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema.

Nehme destacó que con la creación de estos tribunales “se pone fin al doble rol que jugaban tanto Impuestos Internos como la Aduana, lo que estaba obsoleto en comparación con el sistema de justicia tributaria y aduanera aplicada en países desarrollados, lo que indudablemente apunta a la modernización de la justicia”.

Estas palabras las dice un hombre que lleva tres meses detenido por ser el supuesto autor de un robo con violencia. No se identifica porque dice ser inocente, pero sus palabras denotan la desesperación de quienes reciben la medida cautelar más gravosa: la prisión preventiva.

La mayoría de los imputados de la Sexta Región se concentra en la cárcel de Rancagua, un moderno centro penitenciario concesionado que es administrado por SIGES, una empresa que por contrato sólo debe brindar actividades recreacionales y de capacitación a la población penal condenada, por lo que los imputados –más de 300- no gozan de ninguna actividad que les haga más llevadero su paso por el recinto penal.

Esa es, entonces, la importancia del compromiso que el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, retomó con la Defensoría Penal Pública, para financiar durante todo este año la labor de un monitor deportivo (profesor de educación física), que trabajará con la población de imputados enseñándole y practicando disciplinas como hándbol, baby futbol y pinpong.

“Entendemos la importancia de mantener ocupados a los internos, sabemos que se rebaja el nivel de conflicto y el estrés de estas personas. Por ello, nos comprometemos no sólo a mantener el apoyo con el monitor de deportes, sino además a incluir un profesor de teatro o música que les entregue una nueva oportunidad de recreación a estos muchachos”, afirmó el edil rancagüino.

El Defensor Regional, Alberto Ortega, explicó que “gracias a los recursos que la Defensoría ha obtenido mediante proyectos presentados al Consejo Regional y a Chiledeportes, estamos en condiciones de garantizar toda la implementación necesaria para las actividades deportivas. Sin embargo, el pago de monitores sólo alcanzaba para cubrir 4 de los seis módulos de imputados de la cárcel de Rancagua”.

Ortega reiteró su agradecimiento al alcalde Soto y ambos manifestaron su mutuo interés por seguir trabajando en proyectos que faciliten la reinserción de las personas privadas de libertad, entendiendo que se trata de una buena fórmula para trabajar por la seguridad social.

Esta nueva instancia judicial especializada resolverá las causas surgidas desde febrero de 2010, mientras que las anteriores a esa fecha seguirán siendo resueltas por el Servicio de Impuestos Internos o el Servicio Nacional de Aduanas, conforme a las normas y a los procedimientos vigentes a ese momento. En Iquique, las oficinas del tribunal están ubicadas en pleno centro de la ciudad y cuentan con toda la infraestructura y equipamiento adecuados para su buen desempeño.

Arturo Zegarra destacó que estos tribunales -que podrán dictar resoluciones independientes de controversias entre las empresas o particulares con el Servicio de Aduanas o Impuestos Internos- forman parte de la modernización del sistema judicial chileno, que comenzó en 2000 con la reforma al sistema de justicia procesal penal.

En el encuentro participaron dos profesionales de la Defensoría Regional de Tarapacá: su encargada de Recursos Humanos, Margarita Briones, y el encargado de Comunicaciones, Héctor Mérida.

El curso, “Fortalecimiento de la probidad y la transparencia en la Administración Central del Estado para funcionarios del área de gestión de personas”, fue dictado por Rodolfo Herrera y Fabiola Serna, especialistas de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez (UCSH), quienes desarrollaron la fase presencial en Iquique, con una metodología dinámica y participativa, luego de que culminara la etapa “E-Learning”, con transmisión de contenidos a través Internet.

Esta capacitación a distancia se cumplió durante una semana, mientras que las clases en aula duraron dos días. En el ciclo completo se abordaron temas como: probidad y control de actos administrativos, Estado y función pública, probidad y gestión de personas, transparencia y responsabilidad funcionaria, todos desarrollados por los mismos relatores.

En esta actividad organizada por el Servicio Civil participaron en total unos 40 funcionarios del Registro Civil, Gendarmería, Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Corporación Nacional Forestal (CONAF), Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Servicio de Salud, Gobierno Regional de Tarapacá, Gobernación de Arica, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Instituto de Previsión Social, Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y el Servicio de Impuestos Internos, entre otras entidades.

En la oportunidad, los funcionarios de la DPP también entregaron folletos y respondieron a las inquietudes de los habitantes de distintos pueblos diseminados tanto en el altiplano como en la precordillera, quienes se reunieron en esta localidad a raíz de diversas iniciativas de organismos estatales.

Víctor Providel, jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Arica y Parinacota, se mostró complacido por el alto interés despertado en esos pobladores, la mayoría de etnia aymara y dedicados a labores ancestrales de agricultura y ganadería. Junto a él trabajaron en la difusión institucional la profesional Mónica Yáñez y el conductor institucional Ramón Beretta.

La presencia de nuestra institución en esa zona andina está comprometida de manera especial desde que en julio de 2009 se firmó un Convenio de Cooperación entre el Defensor Regional de Arica y Parinacota, Claudio Gálvez Giordano, y la entonces gobernadora provincial, María Isabel Marcelo.

La Provincia de Parinacota abarca un área de poco más de 8 mil kilómetros cuadrados, que corresponden a la zona andina, con alrededor de 2 mil 600 habitantes, la mayoría de estancias o poblados ubicados entre los 2 mil 500 y 4 mil 700 metros sobre el nivel del mar. Su capital es el pueblo de Putre, ubicado a una altura de 3 mil 700 metros.

El nuevo recinto cuenta con dos edificios, uno de ellos destinados a los tribunales penales y otro a materias civiles, laborales y de familia, con más de 8 mil metros cuadrados de superficie construida.

Las autoridades presentes en la ceremonia valoraron la infraestructura con que contará el nuevo Centro de Justicia regional, pues permitirá dar dignidad no tan solo a los funcionarios que trabajan en los tribunales, sino también a aquellas personas que diariamente son usuarias del sistema, radicando todo el núcleo jurídico en un solo espacio.

Misma opinión tienen jueces, fiscales y defensores, quienes debieron esperar más de seis años desde el inicio de la reforma procesal penal en la zona (16 de diciembre de 2003) para contar con un edificio propio. Actualmente los tribunales penales funcionaban a un costado del Mall Costanera de esta ciudad, donde la Corporación Administrativa del Poder Judicial arrendaba parte del edificio.

Se espera que el Juzgado de Garantía y el Tribunal Oral en lo Penal comiencen a funcionar en las nuevas dependencias antes de 28 de febrero, mientras que los tribunales de Familia, Letras, del Trabajo y Civiles lo harán durante marzo.

CORTE DE APELACIONES
La presidenta de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Teresa Mora, destacó que las reformas a la justicia constituyen el cambio más importante desarrollado en el país durante las últimas décadas. “Este centro contribuye a las exigencias de modernidad de la justicia, cuenta con la más alta tecnología y está diseñado y construido con los más altos estándares”, precisó.

El alcalde de Puerto Montt, Rabindranath Quinteros, dijo que el nuevo Centro de Justicia es un importante logro para el progreso de la comuna. “Obras como estas tienen un impacto y trascendencia notorios, consolidando una plataforma de servicios a la comunidad con infraestructura de primer nivel”, aseguró.

El alcalde también aprovechó la presencia del ministro Araya para plantear la necesidad de contar con una segunda sala permanente en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Al respecto, el representante de la Corte Suprema señaló que ya se están realizando las gestiones para permitir que en ese tribunal de alzada exista una segunda sala, lo que también permitiría que las causas de Osorno -que actualmente son revisadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia- puedan ser vistas por los ministros de Puerto Montt.

El hombre, de 34 años, compartió su alegría con familiares y amigos que asistieron a la audiencia para acompañarlo. “Estoy feliz, se hizo justicia porque yo siempre dije que era inocente”, comentó y agregó que fue muy duro estar  privado de libertad por tanto tiempo sabiendo que no había hecho nada incorrecto. “La Defensoría siempre creyó en mí y me ayudó”, destacó.

Fernando Melihuechun fue detenido en abril del año pasado, acusado de robo y homicidio contra José Aguilar Díaz, quien fue agredido con arma blanca entre las 21:45 y las 23 horas del martes 17 de marzo de 2009 en el sector Piedra del Indio, en la capital regional.

Dos personas que acampaban en las cercanías encontraron su cuerpo en horas de la noche, cuando se dirigían a comprar alcohol, y más tarde Carabineros encontró en el lugar un cuchillo, una mochila con una serie de apodos escritos en su superficie y un jockey. Sin embargo, nunca se pudo esclarecer a quién o quiénes pertenecían los objetos y tampoco existen testigos oculares del homicidio.

La Fiscalía, representada por el fiscal Luis Contreras, pedía una pena de 15 años y un día de presidio para el acusado, argumentando que éste había salido de una fiesta en su hogar, ubicado en el sector alto de la ciudad, en la que consumía alcohol junto a amigos. Al volver a su casa dos menores de edad, que participaban de la reunión, le habrían escuchado decir que asaltó a un hombre mayor, causándole la muerte.

No obstante, la prueba de la defensa señaló que en el día y horario en cuestión Fernando Melihuechun se encontraba en un gimnasio en compañía de otras personas, que las menores que acusaban al imputado habían mentido en sus declaraciones, que el día en cuestión jamás hubo una fiesta en casa del acusado y que la investigación desarrollada había sido deficiente y parcial.

Analizada la prueba, el Tribunal Oral de Coyhaique –compuesto por los magistrados Sergio Vásquez, Rolando del Río y Diego Rubí– absolvió por unanimidad a Fernando Melihuechun de los cargos levantados por la Fiscalía.

Al finalizar la audiencia, la defensora pública Ximena Gutiérrez se mostró satisfecha por el resultado obtenido y comentó que hay dos hechos dignos de destacar en este caso: “Afortunadamente pudimos demostrar la inocencia de mi defendido luego de haber sido acusado de un grave delito, como es el robo con homicidio y por el que estuvo casi diez meses en prisión preventiva (…) Sin embargo, aún hay un delito no esclarecido: no sabemos quién o quiénes son los responsables de la muerte de José Aguilar Díaz y eso es un hecho que me preocupa como ciudadana y como funcionaria del sistema de justicia”, concluyó la defensora.

Es por esta razón que la Defensoría Regional de Atacama se contactó con el Cónsul de Bolivia en Antofagasta, Guillermo Romero, para que concurriera a visitarlos y viera la manera de contactarlos con sus familiares en Bolivia.

Cuando el contacto directo no es posible -lo que ocurre en la gran mayoría de los casos-, el consulado actúa como nexo, ubicando familiares en el país vecino y recogiendo información para entregarla luego a los internos.

“Al encierro en una nación extraña se suma la angustia de estar lejos de sus familias, en especial de sus hijos, que permanecen en su país en condiciones que no siempre son las adecuadas. Por eso los internos se mostraron agradecidos de mi visita y de la preocupación demostrada por su situación”, comentó Romero tras la visita.

Además, explicó que “la representación diplomática está preocupada por la situación de los internos, a las cuales se visita de manera frecuente. Nuestro objetivo es que los familiares se trasladen a visitarlos al penal donde estén recluidos. Sin embargo, en algunos casos esto se hace imposible por las distancias y las carencias económicas de estas personas”.

El Defensor Regional, Francisco Nehme Carpanetti, recalcó que “nuestra labor es defender a todas las personas que lo necesiten sin distinción alguna, sin importar la nacionalidad de ellos, garantizando siempre la calidad de la defensa”.

ACUERDO CHILE-BOLIVIA
Precisamente en torno a este tema existe un convenio de transferencia de personas condenadas entre ambas naciones, por lo cual el Cónsul de Bolivia y el Defensor Regional se comprometieron a ponerlo en práctica cuando los procesos pertinentes hayan finalizado.

Se trata de un instrumento jurídico suscrito por Chile y Bolivia en 2004, que tiene por finalidad contribuir a la rehabilitación social de los ciudadanos condenados en una de las dos naciones y que pidan voluntariamente cumplir la pena en su país de origen. En este caso, “condenado” se refiere a toda persona que cumpla una pena consistente en privación de libertad en virtud de una sentencia firme.

Las etapas de tramitación se inician cuando se recibe formalmente una  solicitud escrita del imputado, quien luego es entrevistado por el defensor, para darle a conocer de forma detallada los alcances y efectos del tratado y el compromiso de la institución de entregar su petición e informar su estado de avance.

Las solicitudes de traslado y las respuestas se formulan -en el caso de Bolivia- a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y en el caso de Chile, a través del Ministerio de Justicia.

En la ocasión, destacó el valioso aporte del jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional, Fernando Mardones, en el marco de la primera actividad del Plan de Mejoramiento de Áreas Débiles y Capacitación 2010.

El encuentro se realizó el pasado jueves 14 de enero y fue inaugurado por el Defensor Regional, Francisco Nehme, quién destacó el valor de esta instancia y enfatizó la importancia de la gestión del conocimiento en pos de una prestación de defensa de calidad.

Entre otros temas, los asistentes trabajaron a fondo el tema de los requisitos que se deben cumplir al confeccionar e interponer recursos ante la Corte Suprema y el análisis de ciertos criterios que se han venido afianzado en la jurisprudencia reciente del Tribunal Superior, por lo que Mardones compartió sus conocimientos sobre recursos de nulidad y amparo ante los tribunales superiores y los diversos fallos dictados en el último año.

Los participantes evaluaron positivamente la clínica desarrollada, ya que “se entregaron elementos formales y teóricos muy necesarios para confeccionar recursos de nulidad y de amparo efectivos para la defensa. Fernando Mardones fue muy claro y práctico en su exposición, entregando además material de apoyo a su exposición, así como fallos de la Corte Suprema importantes para sustentar los recursos y las argumentaciones ante las Cortes”, explicó uno de ellos.

El jefe regional de Estudios, Julio Morales, señaló que “la clínica fue programada aprovechando la venida del destacado profesional como parte de un ‘Taller de Análisis de Calidad’ que se realizó en la mañana del mismo 14 de enero”.

Actividades como estas forman parte de un proceso que lleva adelante la Defensoría Regional, con el propósito de fortalecer y mejorar las competencias técnicas en la defensa penal.

Los dos jueces que votaron por la absolución recalcaron que en las pruebas rendidas en el juicio por la fiscal (S) de Puerto Natales, Wendoline Acuña, para sostener la acusación existía una falta de elementos de convicción idóneos y suficientes para tener por acreditada una participación penalmente cuestionable de Zúñiga Villarroel en los delitos de que se le acusaba.

El Defensor Local de Puerto Natales, Juan Ignacio Lafontaine, sostuvo en todo momento la inocencia de Zúñiga, dejando en claro que su cliente debió pasar seis meses en prisión preventiva por un delito que no cometió. “Su único pecado fue viajar en un automóvil cuyo conductor llevaba un animal faenado, delito por el cual dicho conductor ya fue condenado”, explicó el abogado y continuó en su alegato de clausura: “O sea que si en un bus la policía encuentra animales robados: ¿vamos a acusar a los 40 pasajeros como autores de abigeato?

La audiencia de lectura del fallo se llevará a cabo mañana viernes 29 de enero a las 15:30 horas. La sentencia será redactada por el juez Gonzalo Rojas Monje.

Según él, esta cifra representa un aumento de 4,6 por ciento respecto del año 2008, evidenciando un sostenido incremento en la demanda por los servicios de defensa penal. “Los resultados de este año en términos de demanda por defensa penal otorgada por la Defensoría vienen a confirmar la tendencia de los últimos años”, aseveró.

Entre los delitos más frecuentes que fueron atendidos por la Defensoría Regional del Maule durante 2009 figuraron las lesiones menos graves, con un 12,1 por ciento, seguido por las amenazas -con un 10,6 por ciento- y el hurto simple, con un 7,8 por ciento.

De acuerdo con los antecedentes de que dispone la Defensoría Penal, desde la entrada en vigencia de la  reforma procesal penal en la Región del Maule a la fecha la institución ha prestado defensa a cerca de cien mil personas, una cifra que el Defensor Regional consideró relevante y que refleja la importancia de la DPP para resguardar los derechos de las personas imputadas en el sistema de justicia criminal, con abogados altamente especializados.

Sin  embargo, expresó su preocupación por el alto número de personas en prisión preventiva durante 2009, cuyo número llegó a las 532 y que corresponde solamente a aquellas atendidas por la Defensoría Penal Pública.

TALLERES QUE VIENEN
Los talleres continuarán este jueves 28 en el penal de Combarbalá, con una exposición sobre libertad condicional (permisos de salida y otros). Luego, durante las primeras semanas de febrero, está previsto un taller sobre libertad condicional en el Complejo Penitenciario de La Serena, mientras que para los siguientes encuentros se revisarán temas como la unificación de condenas y los abonos de prisión preventiva, los otros derechos de los presos (a salud, educación, trabajo, reinserción social, visitas íntimas, etc.) y la Ley de Rebaja de Condenas, respectivamente.

“El primer taller tuvo muy buena acogida, porque la gente participó activamente haciendo preguntas y planteando sus dudas. Además, se generó otra instancia para que se inscribieran los internos que no habían solicitado antes asesoría jurídica, así que estamos muy contentos”, comenta Alicia Salinero.

Con fondos institucionales y aportes de la cooperación internacional española, el Proyecto Piloto Penitenciario busca mejorar la aplicación de garantías constitucionales y el acceso a la justicia de un grupo vulnerable como son las personas condenadas privadas de libertad.

“Anteriormente tales documentos se fotocopiaban, lo que significaba un alto costo en insumos, además de la demora del procedimiento. Tal situación nos llevó a evaluar las alternativas y optamos por ésta, que nos mantiene en el manejo digital de nuestros antecedentes, que es una norma de nuestra institución”, aseguró Zegarra, quien destacó que tal formato les asegura también un manejo rápido y moderno de cada historial.

Para cumplir con esta nueva modalidad de obtener copias de los expedientes, la Defensoría Regional de Tarapacá coordinó el tema con los tribunales y compró una cámara fotográfica digital que incluye un mecanismo especial para obtener copias de documentos.

Los abogados licitados también decidieron ocupar esa modalidad, consiguiendo mejorar el acceso al contenido de las carpetas, ya que su modo digital les facilita su manejo.

El Tribunal Oral en Lo Penal, integrado por los jueces Sergio Vásquez, Rolando del Río y Diego Rubí, continuará en los próximos días recibiendo la prueba que tanto la Fiscalía como la defensa reunieron para probar sus respectivas teorías.

LOS HECHOS
De acuerdo con lo informado en audiencia, el martes 17 de marzo de 2009, entre las 22 y 23 horas, la víctima salió de un restaurant y se dirigió hacia el sector Piedra del Indio, donde habría sido atacado por una persona que le habría robado el dinero que portaba. Se presume que la víctima opuso resistencia y como resultado de esto habría sido objeto de heridas corto punzantes que le provocaron la muerte.

Dos personas que acampaban en las cercanías encontraron el cuerpo en horas de la noche, cuando se dirigían a comprar alcohol.

En el lugar Carabineros encontró un cuchillo, una mochila con una serie de apodos escritos en su superficie y un jockey. A la fecha se desconoce a quién o quiénes pertenecían los objetos y no existen testigos oculares del homicidio.

LA ACUSACIÓN
La Fiscalía, representada por el fiscal Luis Contreras, pide una pena de 15 años y un día de presidio para el imputado, quien desde abril del año pasado se encuentra en prisión preventiva, pese a los esfuerzos de la defensa para obtener su libertad condicional.

Según lo expuesto en su alegato de apertura, el fiscal Contreras sostiene que el imputado salió de una fiesta en su hogar, en la que consumía alcohol junto a amigos. Al volver a la casa, dos menores de edad que participaban de la reunión le habrían escuchado decir que asaltó a un hombre mayor, causándole la muerte.

Sin embargo, durante la audiencia el imputado voluntariamente declaró en estrado que en el día y horario en cuestión se encontraba en un gimnasio en compañía de otras personas. Comentó además que si bien había participado en fiestas con las menores que hoy atestiguan en su contra, estas reuniones habrían cesado durante la primera semana de marzo, por lo que resulta imposible que en la fecha señalada las jóvenes estuvieran en su casa.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
Durante su alegato de apertura, la defensora local Ximena Gutiérrez señaló que la prueba de la Fiscalía acredita solamente que alguien asesinó a José Aguilar por la sustracción de especies, pero no quién fue el autor del delito.

En este sentido, destacó que C.F.M.P. fue imputado como autor del robo con homicidio debido a una investigación deficiente y parcial, basada en los dichos de dos menores de edad que a través de la investigación han prestado declaraciones irregulares y que incluso mintieron en algunas de éstas, según confirmó en audiencia el sargento de carabineros César Calquín, mismo suboficial que las interrogó en cuatro oportunidades.

La defensora Gutiérrez señaló que durante el juicio presentará pruebas que apoyarán la declaración del imputado, por lo que solicitó la absolución de su defendido.

Durante la audiencia, también se discutió la ampliación del plazo de investigación solicitada por el fiscal. La defensa de seis de los imputados, integrada por los defensores penales públicos Francisco Geisse y Norman Santibáñez, además de los abogados particulares Pedro Vega y Jorge Vásquez, se opuso a dicha solicitud, pues a su juicio la pericia pendiente de análisis se relaciona con información que se habría obtenido de diversos equipos computacionales, sin que se cuente con el consentimiento de sus propietarios ni mucho menos con autorización judicial.

Pese a ello, el magistrado concedió otros 45 días de plazo para la investigación, sin pronunciarse respecto de la legalidad de la diligencia decretada por el fiscal del caso, posponiendo dicha discusión para la eventual audiencia de preparación de juicio oral. En todo caso, acogió lo solicitado por la defensa y dio un plazo de 10 días para la devolución de los equipos computacionales, pendrives y otras especies.

LA IMPUTACIÓN
El 22 de septiembre de 2009 ocho personas fueron formalizadas por el delito de incendio. Se trata de los dirigentes sindicales Jaime Bustamante Ojeda y Ricardo Casas Mayorga, el asistente social Paulo Rojas Ramírez, el biólogo marino Hernán Espinoza Zapatel y los trabajadores Alejandro Tribiño Guerrero, Francisco Mansilla Barrientos y Pedro Guerrero Guerrero, además del menor C. E. P. (16).

Según la fiscalía, los imputados se habrían concertado para provocar un incendio en las oficinas de SalmónChile, resultando destruido más del 40 por ciento del inmueble por la acción del fuego, el que se inició en dos puntos. En la puerta de acceso del recinto, donde se roció y encendió combustible, y por el accionar de un artefacto incendiario, colocado en una mochila y activado por el filamento de una ampolleta.

Ambos defensores penales públicos sostienen que a sus representados no les cabe participación en los hechos imputados.

El grupo, integrado por profesionales de las respectivas defensorías estatales del país norteamericano y de la Secretaría Técnica que impulsa el proceso de reforma en esa nación, fue recibido primero por la Defensora Nacional, Paula Vial Reynal, quien los instó a aprovechar el encuentro para asimilar experiencias que puedan aprovechar de regreso en México, para lo cual reiteró la disposición institucional para colaborar.

Luego les explicó brevemente las principales características de la reforma procesal penal iniciada hace casi 10 años en Chile y el rol que la Defensoría cumple en ese contexto, “a través de un sistema mixto, que supone tener abogados que son funcionarios de la Defensoría y luego otros que son externos, y que se eligen a través de un sistema de licitación pública, que estamos precisamente perfeccionando, pues acabamos de aprobar las nuevas bases generales del sistema”, aseguró.

Tras esta bienvenida se iniciaron las charlas previstas. Gonzalo Medina, jefe del Departamento de Estudios, expuso ante los mexicanos el funcionamiento general del sistema de defensa penal pública en Chile. Más tarde, Cristián Letelier, profesional de la Unidad de Gestión de Defensa Penal, les explicó el modelo de licitaciones de defensa penal, incluyendo las diferencias entre el modelo vigente y el que comenzará a operar este año. Por último, en la tarde la jefa del Departamento de Evaluación y Control, Verónica Encina, detalló los sistemas que utiliza la DPP para evaluar y controlar la calidad de los servicios de defensa penal.

Las charlas continuarán mañana en el auditorio de la Defensoría Nacional, e incluirán exposiciones de Eduardo Vargas, jefe del Departamento de Informática, y del propio Gonzalo Medina, quien explicará los modelos de capacitación de defensores con que trabaja la institución.

El seminario en que participan estos profesionales extranjeros es organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e incluirá visitas al Centro de Justicia de Santiago, los días miércoles 27 y jueves 28, donde el grupo asistirá a distintas audiencias de control de detención, de formalización y de preparación de juicio oral, con el apoyo de conocidos abogados chilenos y del Defensor Regional Metropolitano Norte, Leonardo Moreno, entre otros.

“El objetivo de este taller es detectar en forma conjunta las áreas donde hay mayores deficiencias y conforme a ello poner en marcha acciones para mejorar esas áreas”, explicó Araya.

En lo que respecta a las auditorías, la funcionaria aclaró que se expusieron las evaluaciones referidas a los estándares de dignidad, información y satisfacción de los usuarios en las primeras audiencias.

Cabe aclarar que el procedimiento que se aplica tras recibir la información recopilada por las auditorías, es que el Defensor Regional efectúe los planes que estime pertinentes para mejorar aquellas deficiencias detectadas, todo ello en pro del mejoramiento de la calidad en la prestación de defensa.

Los directivos regionales de la Defensoría presentes en la actividad mostraron su coincidencia con  las tendencias que muestran los resultados expuestos por los profesionales de la Defensoría Nacional, así como por lo planteado por la abogada de la Inspectoría Zonal Sur de Temuco, Carmen Gloria Ormeño, quien también estuvo presente en esta actividad.

En la ocasión se sometió al análisis de los defensores presentes un caso en concreto, sobre el cual todos entregaron sus puntos de vista y dieron su opinión respecto de cuál sería la mejor estrategia de defensa para la causa.

A juicio de los organizadores, este tipo de clínicas permite tener un contacto permanente con los defensores y contar con información sobre lo que están resolviendo los tribunales de las provincias, además de traspasar los conocimientos jurídicos necesarios para que los profesionales puedan abordar aquellos casos que presentan mayor dificultad.

El Defensor Regional de Los Lagos, Francisco Geisse, señaló que el reforzamiento se vio enmarcado dentro de las reuniones periódicas que efectúa el organismo público, con el fin de mantener actualizado el conocimiento de los defensores respecto de temas doctrinarios y modificaciones legales.

En la actividad participaron defensores de Puerto Montt, Puerto Varas y Chiloé.

DETALLE DE LO OCURRIDO
Según la versión de los acusados, en la madrugada del 12 de abril ellos compartían en una esquina de la comuna de La Pintana, cuando decidieron dirigirse a una fiesta a algunas cuadras del lugar, razón por la que subieron a un microbús. Antes de abordarlo, Miguel Rojas –quien portaba un arma que pretendía vender- sacó el cargador y se lo entregó a Richard C., con el fin de evitar “dispararse en la guata al colocársela en el pantalón”, según su propio testimonio.

Una vez arriba del bus, sacó el arma para mostrársela a C. S., momento en el que el arma se disparó al manipularla, hiriendo así de muerte a María José Esquivel, pasajera del bus. Tras el hecho, los tres acusados se bajaron del vehículo y arrancaron en direcciones distintas.

Posteriormente, tras la muerte de María José, cada uno de los involucrados se acercó a los tribunales para aclarar su participación en los hechos e intentar demostrar que se trató de un accidente. La Fiscalía Sur los formalizó a los tres como autores de homicidio simple con distintos grados de responsabilidad, quedando todos en prisión preventiva.

Tras  nueve meses de investigación, los imputados se presentaron al juicio oral, donde se conocieron sus respectivas declaraciones. Así se logró determinar la forma en que se desarrollaron los hechos, lo que llevó a que las juezas del tribunal colegiado condenaran únicamente como autor del cuasi delito de homicidio a Miguel Rojas y absolvieran a los otros dos acusados, pese al interés del organismo persecutor por condenar a los tres como autores de homicidio simple.

LICITACIÓN Y OTROS CAMBIOS
Moreno explicó también que más allá de los éxitos que ha mostrado el sistema mixto en términos de cobertura de defensa, se trabaja actualmente en un nuevo modelo de licitaciones de defensa penal, como forma de mejorar el sistema, pues “ha tenido algunos problemas, en tanto no se ha logrado un equilibrio entre la calidad de la prestación, por un lado, y el beneficio para los prestadores, por otro”, aseguró.

El Defensor Regional Metropolitano Norte también aclaró a los mexicanos los mecanismos de control y evaluación a través de los cuales la institución asegura la calidad de la prestación de defensa, mencionando incluso el hecho de que se optó por que los propios abogados institucionales no fueran de planta, sino a contrata, de modo que anualmente deben ser evaluados antes de prorrogar sus respectivos contratos.

Otros mecanismos que existen –indicó- son los informes semestrales que los defensores penales públicos deben emitir sobre sus actuaciones, las inspecciones permanentes que desarrolla la propia institución, los controles y capacitaciones permanentes que aplica el Departamento de Estudios, las auditorías externas que se licitan anualmente y las clínicas jurídicas, que cada 15 días reúnen a los defensores para evaluar casos y realizar debates jurídicos.

OTROS TEMAS
La actividad iniciada hoy por el PNUD seguirá desarrollándose hasta el viernes en una primera etapa, que incluirá análisis y simulaciones de casos y visita de los asistentes al Centro de Justicia de Santiago, donde asistirán a distintas audiencias de control de detención, de formalización y de preparación de juicio oral. En ellas intervendrán expertos como Cristián Riego, Mauricio Duce, Andrés Baytelman y el propio Leonardo Moreno, entre otros.

La capacitación continuará luego entre el lunes 25 y el viernes 29 de enero, centrándose casi exclusivamente en temas relativos al funcionamiento general del sistema de defensa penal pública en Chile, con exposiciones sucesivas de Gonzalo Medina, jefe del Departamento de Estudios de la DPP; Luis Venegas, jefe de la Unidad de Gestión de Defensa Penal; Verónica Encina, jefa del Departamento de Evaluación y Control, y Eduardo Vargas, jefe del Departamento de Informática de la DPP.

De hecho, los días 27 y 28 de enero, los mexicanos participantes deberán realizar pasantías en Defensoría Penal, con la finalidad de que adquieran un conocimiento directo de sus mecanismos y formas de funcionamiento.

Una breve llamada telefónica cada quince días es el único contacto “directo” que mantienen con sus familiares. De vez en cuando alguna encomienda con fotos, cartas y elementos básicos hace más llevadero el encierro, pero el alivio sólo es temporal, porque nada sirve para borrar de sus mentes el recuerdo de los seres queridos.

En la actualidad son 34 las ciudadanas bolivianas (imputadas y condenadas) que permanecen privadas de libertad en centros penitenciarios de la región, 23 en Antofagasta y 11 en Calama. Todas por delitos asociados a la Ley de Drogas.

Estas mujeres -comúnmente conocidas como “burreras”- reciben un doble castigo, porque al encierro en un país extraño, como el nuestro, se suma la angustiante sensación de estar lejos de sus familias, en especial de sus hijos, que permanecen en Bolivia en condiciones que no siempre son las adecuadas.

“REGALO”
Durante tres meses (junio a septiembre de 2009), S.M.C., de 27 años, no tuvo contacto alguno con sus pequeños, un niño de 5 años y una niña de 3 años, que quedaron al cuidado de una amiga y luego de su hermana en un poblado cercano a Cochabamba.
La mujer venía a Chile sólo por una semana, pero fue detenida con su cargamento de droga y recién al tercer mes de reclusión accedió al beneficio de una llamada telefónica a su familia.

“Fue un momento muy triste, porque hablé con mi hijito mayor y él me preguntaba dónde estás mamita y me decía que me echaba mucho de menos. Y yo lo único que le decía era que se portara bien y que estudiara harto porque cuando fuera le iba a llevar una moto de regalos”, contó la mujer sin poder aguantar las lágrimas.

La historia de esta joven se repite con alarmante frecuencia en nuestra región: mujeres de bajo nivel económico y mínima educación son contactadas por mafias internacionales de narcotraficantes que les ofrecen entre mil y mil 200 dólares por ingresar droga.

En el caso de S.M.C. la oferta resultó demasiado tentadora en un momento que las necesidades familiares eran más apremiantes que nunca, ya que su hija menor había caído enferma y los 100 dólares mensuales que ganaba trabajando en el mercado de Cochabamba apenas les alcanzaban para vivir.

Hoy la joven sabe que le quedan dos años de condena en Chile y no oculta su pena por el largo periodo que aún falta para estar nuevamente con sus hijos.
“Sé que va a ser muy difícil, pero mi familia me da fortaleza, me dicen que no rompa las leyes y que sea fuerte, por mis hijitos que me están esperando en casa”, relató.
En la Defensoría Penal Pública conocen bien el drama que viven las extranjeras que permanecen recluidas en la región.

Valentina Acuña, asistente social de este organismo, recuerda lo sucedido con otra interna, B.B.A., de 38 años, detenida por tráfico de drogas en diciembre de 2008.
Según narró la profesional, esta mujer viajó a Antofagasta desde el poblado de Entre Ríos, también cercano a Cochabamba, dejando completamente solas en Bolivia a sus tres hijas, de 15, 13 y 7 años.

Tras la captura de su madre, las menores debieron sobrevivir durante meses pidiendo limosna después del colegio (nunca dejaron de ir a clases), hasta que fueron contactadas vía celular y, en un acto de caridad, se les pudo hacer llegar algo de dinero reunido en la Defensoría.

“Ella sentía mucho miedo porque pensaba que su ex pareja, que tenía antecedentes de violencia intrafamiliar, podía aprovechar su ausencia para acercarse al hogar y abusar de las niñas. Eso la tenía muy angustiada y a todos nosotros también”, comentó la asistente social, quien estuvo a punto de viajar por su cuenta a Bolivia frente al riesgo que corrían las menores.

RECURSOS
La capitán Helen Leal, alcaide del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Antofagasta, explicó que a las internas extranjeras se les permite realizar una llamada telefónica cada 15 días, lo que a la postre constituye el único nexo con sus seres queridos debido a la lejanía y la falta de recursos para viajar.

“Las internas esperan esa llamada como algo extraordinario, para muchas es la única oportunidad de escuchar la voz de sus familiares y las que más sufren son las chicas que tienen hijos pequeños, con ellas realmente se nos rompe el corazón”, declaró la oficial.

En el penal antofagastino existe especial atención hacia estas internas. Por lo general, se les permite compartir celdas para que no se sientan tan solas y mantengan algunas de sus costumbres.

Además, como se trata de una población más expuesta a crisis emocionales, Gendarmería está atenta a su conducta y ante el menor indicio de depresión, coordina la presencia de personal especializado.

AUMENTO
La cantidad de bolivianas recluidas en la región por delitos asociados a la droga ha ido en aumento durante los últimos años. De hecho hoy, de las 140 mujeres (imputadas y condenadas) que están privadas de libertad en el CPF de Antofagasta, 23 tienen esa nacionalidad, en circunstancias que hace tres años sólo había una reclusa boliviana.

El defensor regional, Pedro Casanueva, manifestó su preocupación por este fenómeno, el cual asoció directamente a la presencia de bandas que se especializan en reclutar gente humilde para traficar.

“Se trata de personas que están en el último eslabón del tráfico de drogas. Son mujeres muy pobres, muchas veces de zonas rurales de Bolivia, que cuando son descubiertas quedan abandonadas en nuestro país y, lo que es peor, las personas que las introdujeron al delito nunca más aparecen”, apuntó.

Para el defensor resulta crucial que  Chile y Bolivia den efectiva aplicación a un tratado de transferencia de personas condenadas promulgado en abril de 2004, pues de esa manera sería posible que internos de ambas nacionalidades cumplan penas en cárceles de su propio país, donde estarían más cerca de sus seres queridos.

Dicho acuerdo hasta ahora ha tenido muy poco efecto práctico en la región, tanto es así que la primera solicitud formal de traslado fue realizada recién en junio pasado (cinco años después de su firma) por tres reos bolivianos de la Cárcel de Calama.

“Esperamos que estos convenios puedan aplicarse en forma más sistemática y den los frutos que se espera de ellos, porque aquí estamos hablando de un derecho humano que tanto Chile como Bolivia deben salvaguardar”, recalcó Casanueva.

LIBERTAD
El pasado 8 de enero S.M.C. obtuvo el beneficio de la libertad vigilada, aunque mantiene la prohibición de abandonar el país hasta que cumpla totalmente su condena.
B.B.A. goza del mismo beneficio desde septiembre de 2009. Durante un tiempo esta mujer, sin antecedentes penales al igual que la anterior, trabajó en un céntrico restorán de la ciudad, sin embargo, hace unas semanas su pista se perdió.
Hasta el cierre de esta edición una de las posibilidades que se manejaba era que hubiese regresado ilegalmente a Bolivia para estar junto a sus tres hijas, quienes permanecen solas desde que cayó detenida, hace más de un año.

Recuadro 1: Preocupación en Consulado
El cónsul de Bolivia en Antofagasta, Guillermo Romero, explicó que la representación diplomática está permanentemente preocupada por la situación de las internas extranjeras, a las cuales se visita de manera frecuente.

Romero dijo que el objetivo de estas entrevistas es conocer el estado en que se encuentran, brindarles orientación legal y ver la manera de ponerlas en contacto con sus familiares.

“Nuestro objetivo principal es que los familiares se trasladen a visitarlas al penal donde están recluidas, nosotros insistimos mucho en esa necesidad, sin embargo, en algunos casos se da y en otros no, desconocemos los motivos de esto último”, afirmó.

Cuando el contacto directo no es posible -situación que se da en la gran mayoría de los casos- el consulado actúa como “puente”, ubicando familiares en Bolivia y recogiendo información para entregarla luego a las internas a través de Gendarmería.

El diplomático hizo notar que las internas bolivianas viven su encierro en Chile en un estado de gran estrés y aflicción por la lejanía de sus familias.

“Muchas descargan todas sus emociones en nosotros, porque nos ven como una especie de confesores, y nosotros tratamos de calmarlas, darles fuerza, darles más valor, para que no sea tan duro su encierro”, precisó.

Sobre la situación de los niños que quedan en Bolivia, Guillermo Romero, explicó que, afortunadamente, por los fuertes nexos familiares que existen en su país, los pequeños casi siempre quedan al cuidado de padres, tíos o abuelos.

Recuadro 2: Ejemplar conducta
Las internas bolivianas del Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta se caracterizan por su buen comportamiento.

Más de la mitad de ellas participa en los talleres de costura que se dictan al interior de la unidad, situación que les permite ganar dinero para cuando recuperen su libertad.
“Son personas muy tranquilas, no se meten en problemas y atienden muy bien las normas internas, pero esto de no estar cerca de sus familiares genera crisis emocionales y hay que estar muy atentas con ellas”, comentó la capitán Helen Leal, alcaide del penal.

La oficial señaló que muchas de las mujeres entran a la unidad sin saber leer y escribir y que incluso hay casos de internas que sólo se comunicaban en quechua, por lo que el contacto con ellas sólo era posible a través de otras internas.

Por José Luis Ramírez Morales,
Periodista diario El Mercurio de Antofagasta.

UN CAMINO
Lenta pero firmemente, el trabajo comenzó a rendir frutos: se solicitaron audiencias, los especialistas emitieron informes, hubo visitas al hospital y familias que por distancia y falta de recursos no podían saber de la suerte de los suyos pudieron enterarse de su situación.

Era una cuestión de dignidad y de justicia, porque las personas que están más solas y con carencias de todo tipo son los enfermos siquiátricos. Gracias al apoyo de los médicos de la unidad se pudo conseguir entonces espacio para ellos en hogares protegidos, una modalidad terapéutica muy poco conocida, pero de gran ayuda para poder compensar a un par de estos particulares imputados.

Así, a los largo del año recién pasado y tras vencer muchas aprensiones se logró dar de alta del Hospital Psiquiátrico de Concepción a 16 personas, que volvieron con sus familias y terminaron con internaciones demasiado largas y sin justificación alguna.

Este trabajo continuará este 2010, buscando afianzarse y cambiar el extendido paradigma de que los discapacitados mentales no son personas y no tienen derechos, mostrando así las falencias que hay que superar para su integración social, pero colocando de paso sobre la mesa un tema del que como país debemos hacernos cargo.

Durante la actividad, Jaña destacó la gran coherencia entre las diferentes mediciones aplicadas en la zona y que “en los temas en que se pidió intervenir hubo una muy notoria mejoría”.

En el mencionado taller se analizaron los diversos indicadores de calidad en la prestación de defensa penal pública entregada por la institución durante el año pasado, tomando como base los informes periódicos de inspección al desempeño de los abogados de la institución que llevaron casos ante los tribunales, como también los resultados de la auditoría externa aplicada al sistema de trabajo del equipo regional.

Este tipo de examinaciones están estipuladas en la Ley 19.718, que creó la Defensoría Penal Pública, y con ellas se busca asegurar un nivel óptimo de desempeño judicial.

El Defensor Regional de Tarapacá, Arturo Zegarra, remarcó que al equipo regional “nos enorgullece el alto estándar de calidad de la defensa penal que muestran los informes sobre nuestro desempeño, lo cual es siempre un aliciente para seguir mejorando en el cumplimiento de nuestra misión”.

RENOVAR EL COMPROMISO
Consultado sobre el tema, el Defensor Regional, Pedro Casanueva Werlinger, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos. “El análisis de los procesos, tanto por la Inspectoría Zonal Norte como por las auditorias encargadas a órganos externos, siempre aporta a la labor de todos los prestadores de defensa, por cuanto permite evaluar el cumplimiento de estándares de calidad profesional de cada uno de los profesionales, lo que a la larga siempre beneficiará al usuario”, aseguró.

Durante el taller se establecieron además los compromisos que la Defensoría Regional asumirá este año, para mejorar en aquellos aspectos que merecen mayor atención. “Tenemos en nuestro poder toda la información que nos permite a comprometernos para seguir mejorando nuestro servicio. Nuestro compromiso toma más relevancia cuando sabemos que las cosas se hacen bien. Nuestros resultados hasta acá son muy satisfactorios, pero todo proceso es perfectible y ese es nuestro desafío”, concluyó Casanueva.

En su primera visita a una Defensoría Licitada en la región, fue acompañado por el Defensor Regional de Valparaíso, Eduardo Morales, y el Seremi de Justicia, Roberto Ravest. En la sede fue recibido por el Defensor Local Jefe de La Ligua, Gerardo Tagle, junto a los defensores licitados  Iskra Núñez y Claudio Nettle y las asistentes administrativas.

A la Defensoría Núñez y Nettle & Cía Ltda. -ubicada en Ortiz de Rosas 763, locales 222, 223, 224 y 225- también concurrieron los  directores regionales del Servicio Médico Legal, Gabriel Zamora;  del Sename, Carlos Wendt, y de la Corporación de Asistencia Judicial, Marcela Le Roy.

El Subsecretario recorrió las oficinas, destacando el nivel de las instalaciones de la Defensoría Licitada de La Ligua. “Se trata de una oficina que cumple con los estándares para brindar una atención digna y respetuosa a los usuarios”, opinó.

El Defensor Regional agradeció la visita de Frei. “Quiero expresar nuestra alegría por esta significativa visita. Es primera vez que conoce una Defensoría Licitada en nuestra región, lo cual valoramos profundamente”.

El Defensor Local de La Ligua sostuvo que la zona representa el 6 por ciento del ingreso regional de causas. “El año pasado tuvimos mil 895 causas en la provincia. En primer lugar figuran las lesiones, siguen los delitos contra la libertad e intimidad de las personas y por Ley de Tránsito”.

La defensora Iskra Núñez agregóó que “la coordinación permanente nos permite brindar cobertura en la zona que  comprende las comunas de Cabildo, La Ligua, Papudo, Petorca y Zapallar”.

Hemos planteado una pregunta que parece determinante a la hora de hacer una real evaluación de nuestro quehacer como sociedad frente al tema: ¿Por qué nos cuesta tanto reinsertar a las personas egresadas de la cárcel?

Sabemos que existen prejuicios que limitan de alguna manera los avances de toda política y estrategia. Podemos avanzar en muchas materias, pero seguimos viendo a los ex presidiarios como un grupo distinto, marcado por su paso por una cárcel. No confiamos en el cambio que un individuo pueda experimentar y dudamos de su rehabilitación. Se tiende a pensar que el paso por un centro penal es sinónimo de aprendizaje de todo tipo de técnicas delictuales más que de las herramientas necesarias para alcanzar una efectiva reinserción social.

Tenemos un desafío, que es avanzar en un cambio de mentalidad de unos y otros. Es un trabajo como país y como sociedad, asumir una mirada más integradora.

Sin duda, la difusión y espacios como éste aportan para acercarnos a una realidad que no podemos desconocer. Cada día son muchas las personas que intentan encontrar un trabajo digno o que, recién salidos de la cárcel, intentan mirar el futuro con optimismo.  Muchas puertas se cierran en el intento pero, con un trabajo serio y mancomunado, otras se abrirán.

Ese es el verdadero esfuerzo que nos cabe a todos como miembros de esta sociedad, cambiar los conceptos de reincidencia por los de reinserción, los que, aunque suenen parecidos, distan enormemente en lo que representan como éxito de nuestra sociedad. Si logramos que el uno termine con el otro, estaremos haciendo realidad el sueño de muchos que desean recomponer sus vidas.

Pedro Casanueva Werlinger,
Defensor Regional de Antofagasta.

Inauguró este encuentro el Defensor Regional, Erwin Neumann, quien saludó al grupo y dio la bienvenida a las abogadas Paulina Delgado y Loreto Mondión, quienes se integran a la Defensoría Penal  de La Unión y Río Bueno, respectivamente.

Erwin Neumann reconoció el trabajo de las y los defensores y el profesionalismo con que han enfrentado el ejercicio de defensa en casos de alta conmoción pública y presión mediática. Se refirió además al escenario contractual, vinculándolo con  cobertura, distribución de las cargas de trabajo y la necesidad de mejora continua de la calidad de defensa como principio orientador para este año.

En tanto, el jefe de Estudios expuso acerca de los principales resultados obtenidos en las visitas realizadas por esa unidad regional a las distintas defensorías de la zona durante el segundo semestre de 2009, lo que permitió compartir con las y los defensores tanto las fortalezas como las áreas de mejoramiento, que en el ámbito jurídico serán prioritarias a partir de este año.

LA DUDA
Pero como suele ocurrir, los hechos no siempre son todo lo claros que pudiese esperarse. Y pese a que la Corte de Apelaciones de Concepción cerró el camino a la nulidad del juicio, uno de los votos de minoría en el tribunal oral penquista estableció algo que para la defensa era evidente desde el principio: la pericia de ADN realizada a parte de las ropas del acusado y de la víctima estaba lejos de haberse producido de manera adecuada y en las condiciones mínimas que garantizaran su resultado.

Por eso, tras una serie de análisis, el Departamento de Estudios de la DPP del Biobío inició el proceso para solicitar al Tribunal de Garantía de Coronel -aquel que había conocido originalmente de los hechos- su pronunciamiento sobre un aspecto central: poder acceder a parte de la evidencia, que está en manos del Ministerio Público, para comprobar a través de un nuevo peritaje que los hechos expuestos en la sentencia no son los que se señalaron. A este punto se llegó luego que la Fiscalía Local de Coronel se negara a dar curso a esta solicitud.

Pero nada ha sido fácil. De hecho, el tribunal rechazó una solicitud en primera instancia, que buscaba se concediera audiencia para discutir el punto. Fue sólo tras una reposición que el juzgado de garantía decidió reunir a las partes, escuchar los argumentos y finalmente dar lugar a la petición.

Así entonces, tras meses de trabajo, la DPP del Biobío logró el permiso para acceder a las evidencias e intentar probar que en este caso puede haber más de una sorpresa y que tal vez no está todo dicho.

Los funcionarios de los servicios públicos presentes actuaron en estrecha colaboración, para brindar de manera conjunta una atención integral a las personas que llegaron hasta el recinto, aledaño a la Plaza de Armas de Curacautín, en un espacio que dio la posibilidad a medio centenar de personas para gestionar solicitudes ciudadanas.

De esta forma, funcionarios de Gendarmería de Chile, el Registro Civil, el Sernam, la Corporación de Asistencia Judicial, el Servicio Médico Legal, el Serviu, la Seremi de Justicia, el Sename y la Defensoría Penal Pública dieron a conocer la misión que guía el quehacer de cada uno de estos servicios públicos. En casos puntuales, además, estamparon consultas específicas que ahora deberán ser revisadas y contestadas acorde a los plazos establecidos por la ley.

Los vecinos valoraron ampliamente la actividad, agradeciendo en forma paralela la posibilidad de contar con una atención personalizada y en horarios disponibles para las familias que concurrieron a este importante encuentro ciudadano.

Por eso no extraña que el Programa de Postgrado del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Concepción haya decidido organizar un seminario internacional que incluyera la perspectiva de género. Por lo mismo, durante dos días se discutió sobre “Poder y Familia: los rostros de la violencia intrafamiliar”.    

La organización invitó a participar a la Defensoría Regional del Biobío a esta actividad, particularmente al defensor local jefe de Concepción, Humberto Alarcón Corsi, quien expuso en uno de los paneles preparados. Ahí compartió espacio con el encargado de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público del Biobío, con la jueza de familia de Coronel, Susan Sepúlveda, y con el coordinador regional de la Mesa de Seguridad Pública dependiente del Ministerio del interior, José Luis Guarderas.

Con una alta asistencia -mayoritariamente femenina- Alarcón explicó el trabajo de la DPP y las singularidades que implica representar a mujeres infractoras de ley o asesorar penalmente a quienes vulneran los derechos de las mujeres.

Además, buena parte de la exposición estuvo centrada en recorrer la historia de cómo la mujer ha sido omitida y para nada favorecida en la legislación penal desde hace siglos, impulsada por patrones culturales y principios que se impusieron más por costumbre que por realidad.

Tras un largo debate de más de una hora, que incluyó a los invitados del extranjero, la actividad finalizó con el agradecimiento de los organizadores por la exposición de la Defensoría Penal, que promovió la discusión y el debate público de un tema cada vez más presente en nuestro país.

Por Erwin Neumann,
Defensor Regional de Los Ríos.

“Los jóvenes tienen derecho a ser tratados como inocentes, conocer sus derechos al momento de ser detenidos, saber por qué los detuvieron, tener un abogado que los defienda, guardar silencio, ser tratados dignamente, informar a un familiar que fueron detenidos, mantener un dialogo confidencial con el defensor y ser privados de libertad separados de los adultos”, explicó el Defensor Juvenil.

Además, dio a conocer las distintas penas aplicables según la Ley N° 20.084, que corresponden a amonestación, represión enérgica al adolescente hecha por el juez -instándole a cambiar de comportamiento y formulándole recomendaciones para el futuro-, multa (que no puede exceder las 10 UTM y es conmutable por prestación de servicios a favor de la comunidad), reparación del daño y compensación a la víctima del perjuicio (mediante una prestación en dinero o la restitución del objeto o un servicio no remunerado, para lo cual se requiere la aceptación previa del condenado y de la víctima), entre otras.

Los presentes aprovecharon la ocasión para despejar sus dudas respecto de estos temas y también acordaron apoyar el cumplimiento de las sanciones de los adolescentes a través de la realización de charlas dirigidas a éstos y a sus familiares directos o adultos responsables, las que comenzarán a concretarse a partir de marzo del presente año.

Cabe destacar que la Defensoría Regional de Atacama ha mantenido un contacto permanente con los Programas de Medio Libre y ha mantenido informados a los jóvenes insertos en programas de ejecución de sanciones y a los profesionales responsables de los programas del Sename.

La mayoría de los adolescentes que se ven enfrentados por primera vez a una situación como ésta entienden muy poco del proceso penal por el que están atravesando y cuáles son sus deberes y derechos, por lo que sus niveles de ansiedad y angustia aumentan conforme pasa el tiempo, al no conocer los plazos o las alternativas que les otorga el sistema judicial.

Por eso es importante que los profesionales que trabajan directamente con ellos tengan actualizados sus conocimientos y sepan del funcionamiento de los procesos en la región, con la finalidad básica de poder darles una oportuna respuesta.

Los participantes coincidieron en que el principal argumento a favor es que la autonomía frente al Ejecutivo permitiría a la Defensoría transformarse en un actor relevante en las materias propias de las políticas criminales aportando experiencia e informes técnicos con la independencia necesaria para hacer un análisis crítico del sistema.

Otra de las materias que inciden en la necesidad de dotar de autonomía a la institución es la  imparcialidad que ésta debe tener frente a casos que afectan los intereses particulares del Estado  y que impidan que un defensor pueda desarrollar la misma línea de defensa que llevaría a cabo  un abogado particular en defensa de su cliente. Si bien esta situación a la fecha no se ha producido, la no independencia de la institución sí ha despertado suspicacias ante los defendidos, especialmente en casos que han afectado a mapuches.

Finalmente los asistentes Lucía Dammert, directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de Flacso; Sebastián Cox, presidente de la Corporación Forja; Nicolás Espejo, representante de UNICEF; y Pablo Egenau, director ejecutivo de la Fundación Paréntesis, entre otros, llegaron a la conclusión de la importancia de plasmar estos argumentos en una declaración oficial del Consejo como una forma de respaldar social y políticamente.

La iniciativa, que denominaron como una “fuerza argumentaría testimonial colectiva para democratizar a la justicia”, busca que bajo la autonomía se aplique una correcta interpretación a las normas y los principios que inspiran un sistema adversarial, en la cual se aplique la “igualdad de armas”, buscando equiparar a la Defensoría con el Ministerio Público en el ámbito del proceso.

Cabe recordar que el Consejo original está integrado por Francisca Werth, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana; Lucía Dammert, directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de Flacso; Cristián Riego, director ejecutivo del CEJA; Sebastián Cox, presidente de la Corporación Forja; José Luis Guzmán, abogado y académico de la Universidad de Valparaíso; Nicolás Espejo, representante de UNICEF; Olga Espinoza, coordinadora del Área de Estudios Penitenciarios del CESC; Rodrigo Delaveau, jefe del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo; Valeria Aldana, representante de GTZ; Pilar Aspillaga, representante del Colegio de Abogados; Consuelo Fernández, representante de Pro-Bono, y Pablo Egenau, director ejecutivo de la Fundación Paréntesis.

Ignacio Barrientos Pardo,
Asesor Jurídico Defensoría Regional de Antofagasta.

Fue así como el juez Patricio Rondini, el fiscal Rodrigo Tejos y el Defensor Regional, Francisco Geisse, actuaron como panelistas frente a la comunidad, explicando la labor que desarrollan sus respectivas instituciones dentro del nuevo proceso penal y los roles que deben representar en cada una de las audiencias.

El magistrado Rondini explicó el cambio que significó para la justicia chilena la entrada en vigencia de la reforma procesal penal y los avances que ha significado para la ciudadanía esta nueva forma de impartir justicia.

A su turno, el fiscal Tejos expuso respecto de la labor del Ministerio Público dentro del nuevo procedimiento, llevando adelante la persecución penal contra quienes cometen delitos. Poco después, el defensor Francisco Geisse explicó la misión de la Defensoría y el derecho a defensa que tiene todo ciudadano.

Geisse recalcó además la importancia de que los adolescentes estén informados sobre los alcances de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, vigentes desde hace poco más de dos años.

Así reza la carta que los funcionarios de la Defensoría Regional de Tarapacá respondieron el pasado miércoles, visitando el hogar de la autora de esta petición, una menor de 8 años que vive en Alto Hospicio. Preocupada por la mala situación económica de su familia, ella prefirió pedirle al Viejito algo para compartir con todos. Por lo mismo, una delegación institucional llevó un regalo navideño para Milenka y las vituallas para la cena de Nochebuena de su familia.

Esta acción fue posible luego de que los funcionarios de la Defensoría en Tarapacá revisaran el registro de cartas al Viejito Pascuero que mantiene la empresa Correos de Chile. Hasta allí llegó el delegado regional de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal (Afudep), Hugo Bustos, buscando una petición que los integrantes de esta sede institucional pudieran responder.

Así fue que todos entregaron un aporte, se compraron las especies y la contestación del Viejito Pascuero se concretó con  el feliz rostro de Milenka, a quien también le alegró recibir una gran tarjeta con el saludo de los integrantes de la DPP.

La actividad se realizó en el espacio que Gendarmería tiene destinado especialmente para este grupo de la población penal. Ahí, a nombre de sus compañeros y junto a dos defensores, un grupo de funcionarios compartió con las internas y sus retoños, quienes felices recibieron sus obsequios.

Entre risas y en un ambiente que poco a poco se fue distendiendo, las reclusas aprovecharon el momento para realizar consultas y exponer sus inquietudes a los representantes de la Defensoría Penal Pública.

En un fluido diálogo, pudieron conocer más sobre sus derechos, en especial sobre su particular condición de mujeres presas con hijos menores de dos años. Disiparon dudas y recibieron la asesoría del Defensor Regional (S) Osvaldo Pizarro Quezada; del Defensor Local de Talcahuano, Francisco García Retamal, y de la asistente social Gabriela Soto Muñoz, de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa, quienes acogieron  las consultas e incluso se fueron con algunas tareas anotadas.

Al final, un encuentro que permitió compartir un momento alegre en una fecha especial, que despierta expectativas y que también agita los espíritus de quienes por distintas razones no pasaran la Noche Buena ni el Año Nuevo junto a sus familias.

Durante estos diez años de vigencia del nuevo sistema procesal penal, hemos sido los encargados, entre otros, de difundir un lenguaje nuevo. En todos estos años insistimos cotidianamente que no defendemos delincuentes, sino a personas que son perseguidas penalmente por el Ministerio Público. Esto es más que un matiz lingüístico, trasunta un cambio cultural.

Nos ha correspondido también argumentar a favor de las libertades y derechos cuando la gran mayoría ha sucumbido al canto de las sirenas de la inseguridad ciudadana. Ha sido difícil enfrentar, con argumentos jurídicos y criminológicos, las meras sensaciones creadas por una propaganda mediática y explicar por qué la puerta giratoria no es más que un mito.

Somos los que advertimos diariamente que frente al castigo hay, y debe haber, otras alternativas para enfrentar el conflicto penal. En suma, que el derecho penal representa la última posibilidad de reacción estatal.

Incansablemente la Defensoría ha alertado que el poder jurisdiccional y persecutorio pueden ser erróneamente ejercidos y que hay que estar atentos frente a la posibilidad de afectar injustamente la presunción de inocencia.

Nuestra tarea es, por muchos, incomprendida y criticada. Esta no es una cuestión nueva. Ya en los años ‘40 Francesco Carnelutti, ese insigne procesalista italiano, admitía que la labor del defensor era mal vista por el público en general.

A pesar de las críticas representamos, junto a otros órganos y servicios, la esperanza de una sociedad más justa. Nos hemos constituido en una genuina institución que promueve y garantiza los derechos humanos más básicos: la libertad personal, la igualdad ante la ley, el principio de legalidad, la defensa jurídica y el debido proceso. 

Ignacio Barrientos Pardo, asesor jurídico
Defensoría Regional de Antofagasta.

El nuevo recinto se emplazará en calle José Miguel Carrera, frente al sitio en que se ubicarán, a futuro, los edificios del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y de Garantía de Punta Arenas, además de la Fiscalía Local, respectivamente.

La fecha  elegida para el inicio de las obras no fue azarosa, por cuanto  ese día se cumplieron siete años del inicio de la Reforma Procesal Penal en Magallanes, y contar con nuevos edificios siempre fue un sentido anhelo de todos los intervinientes en el proceso penal, tanto los Tribunales de Garantía y de Juicio Oral en lo Penal, como la Defensoría y la Fiscalía. 

La construcción del edificio de la Defensoría se suma a los trabajos ya iniciados por el Ministerio Público, pues las nuevas dependencias de la Fiscalía local de Punta Arenas se están construyendo. Así, sólo resta la construcción del edificio de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y de Garantía, que actualmente está en proceso de diseño.

La Constructora Salfa ganó la licitación pública para levantar el edificio de la Defensoría con una oferta de 619 millones 93 mil 748 pesos, que finalmente fue la más económica de las efectuadas por las cuatro empresas que postularon a la licitación, entre ellas Socovesa Ingeniería y Construcciones S.A. -con un monto de 671 millones 442 mil 571 pesos-, Constructora Socrade Ltda. -que ofertó 655 millones 973 mil 344  pesos- y la Empresa Constructora Bravo Izquierdo, con 626 millones 409 mil 888 pesos.

El presupuesto oficial para la construcción del edificio, cuyo diseño estuvo a cargo del arquitecto Néstor Vásquez y que tendrá una superficie construida de 588 metros cuadrados, asciende a 658 millones 611 mil pesos con I.V.A. incluido. Además, la empresa constructora tiene un plazo de 300 días corridos para la ejecución de las obras.

La Defensoría Regional de Magallanes inaugurará sus nuevas dependencias en el año del Bicentenario, lo que permitirá entregar mayores comodidades tanto a los usuarios del servicio como al personal de la institución, para cumplir en mejor medida la misión de entregar una defensa penal de calidad a todas las personas imputadas de un delito que así lo requieran. 

CAE INGRESO DE IMPUTADOS EN 2009
En el contexto de este hito y del aniversario de la reforma, Gustava Aguilar señaló que desde el inicio de este proceso de cambio la Defensoría Regional ha prestado atención a 16 mil 924  imputados,  de los cuales  un  94,9 por ciento tiene sus causas terminadas.

 “A nivel regional, la mayor cantidad de ingresos corresponde a Punta Arenas, con 13 mil 879 imputados. Le siguen Puerto Natales, con 2 mil 40, y Porvenir, con mil 5 imputados”.

La Defensora Regional (S) explicó también que en lo que va corrido de 2009 “se ha producido una disminución de un 10,2 por ciento en cuanto a imputados formalizados, respecto de lo acontecido en todo 2008. Lo anterior, por cuanto ese año ingresaron 3 mil 775 imputados, mientras que en 2009 se llevan ingresados 3 mil 390 imputados”.

Lo anterior, considerando además que este año la Defensoría ha prestado atención a 3 mil 301 imputados, mientras que en igual periodo de 2008 se prestó defensa a 3 mil 625 personas.

Según cifras de la Defensoría Regional, además, los tres principales delitos por los cuales se formalizó a imputados en Magallanes en estos siete años de reforma fueron ilícitos relacionados con Ley de Tránsito (21,2 por ciento), lesiones (17,1 por ciento) y actos contra la libertad e intimidad de las personas (9,3 por ciento).

Los postulantes asignados a esta institución trabajarán bajo la dirección de los Unidades de Estudios Regionales de las respectivas Defensorías Regionales, acompañando a los defensores locales a audiencias de control de detención, entrevistando a usuarios, tramitando causas en escritos y recursos, estudiando casos para el desarrollo de clínicas jurídicas y recopilando jurisprudencia, entre otras cosas. Para esto, recibirán el apoyo de la Defensoría Penal Pública en todos los aspectos que requieran en estas áreas, como también inducción en técnicas de entrevistas y otras funciones propias de un defensor penal público.

Anualmente, en la Región del Maule se reciben más de 120 postulantes en los diferentes Centros de Atención Socio Jurídicos de la Corporación de Asistencia Judicial R.M., y ahora parte de ellos podrán realizar su práctica de seis meses en la Defensoría Penal Pública.

Al comentar el acuerdo, la Defensora Nacional dijo que este convenio “se suma y refuerza la red de colaboración que en otros puntos del país han establecido la Defensoría y la Corporación de Asistencia Judicial, mediante la oficialización de acuerdos que buscan  hacer efectivas las prácticas profesionales de los jóvenes postulantes”. También destacó el alcance del acuerdo suscrito en Talca, pues beneficia además a las regiones Metropolitana, de O’Higgins y  Magallanes, que podrán disponer de este acuerdo según las necesidades de cada realidad local.

Alejandra Krauss aseguró que “en 1981 la Corporación RM recibía 217 postulantes al año y hoy la situación es diametralmente distinta. A la fecha, durante el año 2009 ya se han iniciado más de mil 800 prácticas. Así es como hemos detectado que entre nuestros postulantes hay múltiples intereses y perfiles y es en este contexto que a partir del año 2009 hemos comenzado a suscribir convenios con distintas instituciones públicas, haciendo frente a la realidad de las nuevas maneras de ejercer la profesión, en el contexto de las grandes reformas procesales que se han venido impulsando desde los primeros gobiernos de la Concertación”.

Presente en la ceremonia, el Defensor Regional del Maule, Hernán Fuentes, no sólo destacó esta alianza, sino que aclaró que se espera recibir entre dos y tres futuros abogados que requieran de prácticas profesionales en esa repartición regional, en la perspectiva de aumentar dicho número a futuro.

En una amena pero directa conversación, el abogado repasó el trabajo realizado en 2009. Ahí estuvo la labor con los adolescentes infractores de ley, la defensa prestada en casi 30 mil causas, la apuesta por crear conciencia en que hay errores que corregir y minimizar en el sistema penal, ejemplo de lo cual son la personas que han terminado en prisión preventiva  siendo inocentes, entre otros temas.

También hubo tiempo para la contingencia, para las preguntas sobre el combate a la delincuencia y sobre la seguridad ciudadana, que se ha transformado en parte importante de la discusión pública en tiempos de elecciones.

Schubert tuvo espacio para repasar el sentido de existencia de la defensa penal pública, porque es una realidad que aún hay personas que no conocen o no entienden el rol que cumple la institución. Por eso, aprovechando su presencia en este medio de comunicación y su cobertura, recordó que la tarea y el compromiso no es otro que prestar asesoría jurídica en materia penal a quien la solicite y en particular a quienes no tienen la capacidad económica para brindársela.

Tan importante como lo anterior fue lo planteado en torno al contrapeso que debe existir en la persecución penal. Es decir, así como el Estado tiene herramientas y medios para limitar los derechos personales a la hora de investigar y sancionar un delito, debe existir  un espacio para contrarrestar esa fuerza, evitando abusos y previniendo que justos paguen por pecadores. Por eso, dijo, “se necesitan profesionales del Derecho que puedan ejercer ese rol que es natural en cualquier sistema democrático, donde las personas son y deben ser tratadas como inocentes hasta que no se pruebe lo contrario”.

En el ameno clima de diálogo que se produjo, la profesional pudo explicar el rol y la misión de la Defensoría Penal Pública, para luego responder las consultas de las internas y entregar material de difusión destinado precisamente a estas madres privadas de libertad.

Pero luego, el repleto Salón Multiusos del Centro Penitenciario Femenino se transformó en una suerte de centro de eventos, gracias a la presentación de la compañía temuquense de teatro “Clown Risas”, quienes con creativa picardía desarrollaron una rutina acorde a la realidad carcelaria, empleando la técnica de la mímica al son de armónicos sonidos de saxo y acordeón, lo que permitió a las internas disfrutar de una singular jornada informativa y cultural.

No es primera vez que los integrantes de “Clown Risas” se presentan en recintos penitenciarios, por lo cual el nivel de sintonía que logran con las personas que residen en las cárceles se genera desde el primer instante, pues emplean el humor picaresco como pieza clave para generar una “terapia colectiva a través de la risa”.

“Adecuamos los contenidos de nuestra rutinas al público destinatario. Nos interesa que la gente lo pase bien junto a nosotros, que también disfrutamos cuando al actuar logramos que el público capte la doble lectura que hay en nuestras presentaciones. En este sentido, las personas privadas de libertad son ágiles para interpretar los mensajes que queremos entregar y eso nos deja súper satisfechos”, afirma Felipe Benavente, coordinador de “Clown Risas”.

La actividad contó con el apoyo de la asistente social María Paz Sandoval, de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, y de diversos funcionarios de la Defensoría Regional de La Araucanía, quienes colaboraron en la preparación de una jornada que llenó de satisfacción a las mujeres internas y dio un matiz singular a la manera en que nuestra institución se posiciona hacia el entorno donde desarrolla su principal accionar, en este caso las cárceles de la Novena Región.

La inauguración de esta Plaza de Justicia fue presidida por el secretario regional ministerial de Justicia, Daniel Vergara Galaz; el Defensor Regional del Maule, Hernán Fuentes Acevedo, y los directores regionales de las reparticiones públicas que participaron en la cita, entre ellas el Servicios de Registro Civil e Identificación, la Corporación de Asistencia Judicial, el Servicio Médico Legal, Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Menores, la Defensoría Penal Pública y la propia Seremi de Justicia.

Cerca de 50 internos concurrieron a cada uno de los stands, donde plantearon sus nquietudes y tuvieron la oportunidad de dialogar con los directivos regionales presentes. En el caso de la Defensoría, las consultas se centraron principalmente en conocer los procedimientos para solicitar la sustitución de condenas de menores de edad, en requerir visitas de abogados defensores -planteamiento formulado especialmente por quienes están condenados- y en conocer la manera de acceder a beneficios intrapenitenciarios.

Todas estas inquietudes fueron atendidas tanto por el Defensor Regional como por la asistente social Paz González, encargada de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa.

Durante la actividad se distribuyó material de difusión de la DPP entre los asistentes, especialmente respecto de temas como los derechos de los imputados y de las mujeres privadas de libertad con hijos menores de dos años, entre otros.

La actividad, desarrollada en la Gobernación de Curicó, contó además con la presencia de reporteros de los medios de comunicación de la zona, quienes participaron de esta reunión y conocieron el balance de los últimos cuatro años, efectuado por cada uno de los máximos directivos de los organismos públicos del área, entre los cuales figuran Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal, el Servicio Nacional de Menores, el Registro Civil e Identificación, la Corporación de Asistencia Judicial y, como institución relacionada, la Defensoría Penal Pública (DPP).

Durante su exposición, Fuentes Acevedo destacó que en los últimos cuatro años la institución ha otorgado defensa penal a más de 60 mil personas imputadas en la región, a través de un sistema mixto de prestación de defensa, en el que participan abogados de la institución y de empresas privadas que prestan sus servicios tras un proceso de licitación. Por lo mismo, destacó los sistemas de control de que dispone la institución para asegurar la calidad en el servicio.

Del mismo modo, indicó que desde la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el 8 de junio de 2007, la Defensoría Penal ha otorgado cobertura en toda la región con abogados especializados, tal como lo establece la normativa.

Junto con lo anterior, el Defensor Regional destacó el plan de difusión de la DPP, que se traduce en permanentes charlas informativas a estudiantes y vecinos, como una manera de dar a conocer la misión institucional y los derechos de los imputados adolescentes y adultos, entre otras materias. Hernán Fuentes destacó también la fluida relación de la Defensoría con otros organismos, como el Ministerio Público, Gendarmería de Chile, los Tribunales de Justicia y la Tesorería General de la República, entre otros.

El Defensor Regional destacó la importancia de la misión de la Defensoría en el sistema penal, que consiste en dotar de un abogado a todas las personas que son acusadas de un delito o falta y que deban enfrentar a la justicia en calidad de imputados sin poder contar con un abogado particular.

El Defensor Local Rafael Jofré aprovechó la oportunidad para conversar con los vecinos y vecinas que se acercaron hasta los stands que acompañaron la actividad, organizada por el municipio local. Los vecinos sanmiguelinos se volcaron masivamente a los distintos espacios que los organismos públicos y  el municipio local dispusieron para consultas y trámites básicos.

La iniciativa, que forma parte del programa Gobierno Más Cerca, organizado por la Seremi de Justicia, concitó el interés de jóvenes y adultos, en especial porque ignoraban qué temáticas son las que competen a la Defensoría Penal Pública en la eventual defensa de sus derechos.

Geisse recordó que la reforma procesal penal tuvo una puesta en marcha gradual en el país, iniciándose el 16 de diciembre de 2000 en dos regiones pilotos (IV y IX). “Sólo a partir del 16 de diciembre de 2003 la reforma se encuentra plenamente vigente en la Región de Los Lagos, momento desde el cual los ciudadanos cuentan con una justicia que resuelve en forma eficiente, transparente, imparcial, accesible y con respeto a los derechos fundamentales los conflictos sociales, resguardando tanto los derechos de las víctimas como los de los imputados”, dijo el defensor.

El abogado agregó que la evaluación de los primeros seis años de reforma es más que positiva, porque “en nuestra región hoy se respetan las garantías básicas del debido proceso: el derecho al juez independiente e imparcial, el derecho a un juicio oral, público y contradictorio y el derecho a un defensor técnico y de confianza. Se trata de logros grandes para la ciudadanía”, sostuvo.

Junto con asegurar que el sistema ha significado un proceso exitoso de modernización para la administración de justicia, el Defensor Regional dio a conocer el último informe estadístico elaborado por la institución, con cifras para demostrar la eficacia y rapidez del sistema respecto del antiguo procedimiento penal.

LAS CIFRAS
Según el informe, desde el 16 de diciembre de 2003 y hasta el 14 de diciembre de 2009, la Defensoría ha atendido a 65 mil 441 personas, de las cuales el 97 por ciento tiene sus causas terminadas (63 mil 462 imputados), mientras que mil 979 personas mantienen sus causas en trámite (sólo un 3 por ciento), lo que demuestra la rapidez en la tramitación de las causas.

Del total de ingresos, un 13 por ciento corresponde a mujeres y un 10 por ciento a adolescentes menores de edad.

La autoridad regional también mencionó que del total de imputados atendidos en este periodo, 42,7 por ciento ha concluido sus causas mediante salidas alternativas tales como suspensiones condicionales y acuerdos reparatorios, las que muchas veces resultan más eficientes para resolver los conflictos penales, asegurando la paz social y resguardando el interés de las víctimas y las garantías de los imputados.

Geisse dijo también que el análisis estadístico de la Defensoría Regional ha permitido apreciar que desde la entrada en vigencia de la Ley de Violencia Intrafamiliar, en 2005, se ha generado un importante efecto respecto del tipo de causas atendidas por la DPP y de las prácticas de los demás intervinientes que participan del sistema.

Es así como uno de los efectos observados es el crecimiento significativo del delito de lesiones, constituyéndose en el delito más atendido por defensores penales públicos durante el último período, con un 19 por ciento. Así, de los totales relativos al delito de lesiones ingresados a la institución, un 56,8 por ciento corresponde a causas por violencia intrafamiliar.

Al delito de lesiones le siguen los hurtos, con un 14 por ciento, y los delitos que sanciona la Ley de Tránsito, con un 13 por ciento, esencialmente conducción en estado de ebriedad.

Geisse recalcó que hasta la fecha, en la región se han realizado mil 493 juicios orales, de los cuales mil 230 (78,6 por ciento) ha finalizado con condena y 263 (21,4 por ciento) con absolución.

PRIVACIÓN DE LIBERTAD
El defensor manifestó también su preocupación por la aplicación de la prisión preventiva, la que –a su juicio- podría generar penas anticipadas sobre las personas que están siendo investigadas. Así, de 263 personas absueltas en juicio oral desde el inicio de la reforma en la zona, 142 de ellas habían padecido la prisión preventiva, es decir, un 54 por ciento ha sido inocente.

Geisse aclaró que la Defensoría Penal Pública ha garantizado en estos seis años el derecho a defensa técnica consagrada constitucionalmente para todos los ciudadanos, "a pesar de la dispersión geográfica de los tribunales de la región, lo que muchas veces obliga a nuestros defensores a recorrer grandes distancias para asistir a audiencias en las localidades más apartadas. Se ha cumplido tanto en cobertura como en calidad del servicio”.

“Todavía nuestra tarea es a veces incomprendida, pero lentamente la población ha podido constatar las ventajas que representa contar con una defensa oportuna y prestada por abogados especializados, garantizando así la igualdad ante la ley también para quienes no cuentan con recursos económicos suficientes”, puntualizó.

Por eso y ante el ajetreo propio de fin de año y las inquietudes de la prensa, el Defensor Local Jefe Talcahuano, Osvaldo Pizarro, fue entrevistado por radio Digital FM, espacio que le permitió profundizar sobre el trabajo de la defensa y lo errado que puede llegar  a ser mirar la realidad sólo desde las cifras y basados en sensaciones.

Porque a esta altura no es novedad que circulen datos de cuántas personas son detenidas en esta época del año. Se habla de muchos reincidentes y se cuestiona lo rápido que salen  desde los tribunales.

Lo importante -aclaró Pizarro- es precisar esas cifras, entender que no todos los delitos merecen cárcel, que las penas están establecidas por ley y que es el Congreso el lugar donde deben modificarse, comprender que la seguridad ciudadana es tarea de todos sin excepción y que la represión del delito es sólo una parte de la solución.

Pero tan importante como eso, planteó el defensor, es lograr entender que pese a que alguien puede vulnerar nuestros derechos, lo que corresponde es que el Estado y la comunidad no deben responder de la misma manera, “de modo de poder de ir creando una cultura de respeto y de proporcionalidad que evite los excesos de estos días y la violencia gratuita, donde ciertamente el rol de la defensa penal pública es relevante”.

La entrevista fue incluida en el bloque matinal de la emisora y permitió a los auditores de Digita FM en la región del Biobío acercarse un poco más el trabajo y las ideas  de la Defensoría Penal Pública.

La Defensoría Penal Pública estuvo presente con un equipo encabezado por el defensor público Sergio Zenteno, más las encargadas de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa y de Facilitación Intercultural, respectivamente. Para llegar al lugar el grupo viajó alrededor de dos horas por el desierto, instalándose luego en la Plaza de Armas del pueblo, sitio donde se armaron los módulos de atención de los siete servicios públicos del sector justicia.

Durante las dos horas que duró la Plaza de Justicia se recibieron principalmente consultas generales respecto de la institución o sobre gestiones relacionadas con el ámbito judicial.

La comuna de Pica posee más de 11 mil habitantes, que residen principalmente en tres oasis donde se cosechan renombradas frutas como mangos, limones, naranjas y otros cítricos.

Los tres pilares fundamentales de este sistema: un juez que escucha y sentencia, un fiscal que investiga y acusa y la presencia de un defensor público, serían -a partir de entonces- la nueva cara de la justicia penal adversativa y sus actores personajes relevantes del quehacer regional

Sin duda, uno de los principios de la reforma procesal penal que ha generado una falsa polémica es su sentido garantista, el que no es más que reconocerle a una persona imputada que, si bien es sujeto de la persecución punitiva estatal, tiene ciertos derechos que deben ser respetados, como ser que se presuma su inocencia, a guardar silencio, a tener un abogado defensor y a un debido proceso, entre otros.

Los derechos de que “gozarían” hoy quienes son imputados (la crítica fácil suele caricaturizar a la reforma procesal penal como protectora de los delincuentes) no hacen más que permitir que la persecución estatal se realice entre los márgenes de la legalidad vigente y acorde al estado de derecho.

Quien ha tenido la mala fortuna de ser imputado sin duda sabrá reconocer y valorar que existan y se respeten estos derechos, que ponen un freno a excesos que se pudieran cometer en aras de la persecución del delito. Así, hoy en Chile nadie puede ser obligado a declarar, ni se aplica la tortura para obtener la misma.

El nuevo sistema de enjuiciamiento criminal impulsó, además, la actualización y modernización del sistema en su conjunto, expresándose, en la práctica, en la concepción de un derecho procesal penal con sentido democrático y de humana justicia.

Prueba de ello son los derechos que tienen las mujeres privadas de libertad, como ser el derecho que tiene la madre a permanecer junto a su hijo o hija menor de 2 años en el recinto especial, separada del resto del población penal para obtener una atención adecuada.

Como, asimismo, el sinceramiento en la aplicación de la justicia penal de menores, al hacerlos responsables penalmente a contar de los 14 años, permitiendo la necesaria intervención estatal pero, por sobre todo, privilegiando la reinserción y rehabilitación del joven que delinque.
 
Sin duda queda mucho por hacer. Por lo pronto  y lo más urgente, superar la idea de que sea sólo el sistema penal el que pueda resolver la problemática subyacente al conflicto penal, ya que la respuesta penal efectiva debe concebirse como la suma de la reinserción más una red de protección social.

Es decir, la obligación de una sociedad de dar cabida en su seno a quienes entran en conflicto con la justicia nos implica a todos: sociedad civil y Estado.

Juan Vivar Uribe,
Defensor Regional de Magallanes.

Posteriormente, dos personas abordaron el vehículo, sin vinculación entre ellas. En el trayecto el colectivero preguntó por su pago a los hermanos, quienes le recordaron el trato suscrito al subir. El chofer, molesto, se dirigió hacia el retén Pedro León Gallo.

Afuera del recinto policial uno de los pasajeros -que había quedado sentado al centro- sacó un arma blanca con la cual intimidó al conductor para robarle la ganancia. A pesar del ataque, el hombre logró zafarse y denunciar la acción a Carabineros, que detuvo al agresor y a los dos adolescentes, porque supuestamente habrían participado del hecho.

Las tres personas fueron detenidas y en el control de detención el Ministerio Público acusó a la pareja de hermanos y al sujeto de robo con intimidación. Los jóvenes quedaron en internación provisoria y el hombre en prisión preventiva.

El defensor Luis González  tuvo que acreditar que los hermanos nunca participaron del hecho y que su reclusión era completamente injusta, porque estaban presos por un delito que no cometieron.

Mediante el juicio oral, se pudo establecer que los hermanos no habían participado del hecho y el verdadero autor del delito fue condenado a 10 años por el delito de robo con intimación.

Pero el caso de estos hermanos no es el único que ha ocurrido en la región. La Defensoría Penal Pública informó que en el período 2008-2009 son 17 las personas que han estado privadas de libertad, cuya inocencia o no participación de los hechos ha sido comprobada por el organismo.

“La joven de 15 años nunca había entrado en una cárcel, era una situación novedosa. Y fue entrar a una realidad desconocida y los más probable es que no pueda olvidarla”, explica el representante de la Defensoría Penal Pública.

Otro de los casos emblemáticos de imputados que no han cometido delito también tiene relación con una menor de edad. Ésta, de iniciales B.M.M., fue acusada de tráfico ilícito de drogas y sujeta a internación provisoria. Ella viajaba en un vehículo que transportaba la mercancía con el padre del hijo que esperaba en ese momento. Y hablamos en pasado porque se cree que la adolescente fue sometida a tal nivel de estrés al ingresar al centro de reclusión del Sename que perdió el bebé.

Por cinco meses la menor estuvo privada de libertad antes que se estableciera que ella no era culpable, luego de la defensa representada por Luis González.

Otros de los defensores que ha acreditado la no participación de su cliente en el delito es Eugenio Navarro. “Una vez representé a tres jóvenes imputados por robo en lugar no habitado. Dos de éstos eran adultos y permanecieron en prisión preventiva como 9 meses y de ahí fueron absueltos por el tribunal”, indicó.

“EL TRABAJO DEL DEFENSOR ES VELAR POR QUE SE RESPETE EL DEBIDO PROCESO DEL REPRESENTADO”
Consultado el Defensor Regional sobre la labor que realizan los abogados de la Defensoría Penal Pública, en estos casos donde existen indicios de inocencia del imputado, Francisco Nehme indicó que “el trabajo del defensor es velar por que se respete el debido proceso tanto en la investigación de un hecho criminal como también en el juzgamiento de quien se le impute este actuar.

“Desde ese punto de vista, y teniendo presente que nuestros representados, así como cualquier ciudadano de este país, es inocente hasta que una sentencia definitiva -emanada de un tribunal de justicia y con pleno respeto a las diversas etapas del proceso- disponga su culpabilidad, la labor del defensor debe abocarse en primer lugar a que la defensa que se le preste a este ciudadano sea de la mejor calidad posible, lo que implica velar porque las pruebas que obtenga el Ministerio Público en la investigación del caso sea con pleno respeto de las garantías que emanan justamente de este debido proceso, que se produzcan declaraciones ajustadas  a la verdad , que no exista atisbo alguno de inducción en las mismas, es decir, que se practiquen todas las diligencias  posibles que permitan tanto la culpabilidad como la inocencia del imputado con apego a la legalidad vigente”.

Con buen ánimo y dispuestos a superar los naturales nervios, todos los defensores que participaron en el taller enfrentaron las cámaras y las preguntas de la periodista Brigitte Calderón, de TVN Antofagasta, quien en ocasiones los puso en aprietos y los obligó a sacar lo mejor de cada uno para salir airosos ante la cámara.

La actividad se desarrolló en la sala de reuniones de la Defensoría Regional, donde en una primera etapa y junto a la Encargada de Comunicaciones, Julia Arriagada, los participantes debatieron sobre los límites de la información y recibieron las principales orientaciones para la entrega de un mensaje adecuado tanto para los medios como para la Defensoría Penal Pública.

A partir de ello fueron pasando uno a uno frente a las cámaras, dieron una entrevista y luego se analizaron los casos, para lo cual se visualizaron fortalezas y debilidades de cada intervención.

Al término de la jornada, los defensores –tanto institucionales como licitados- asumieron el desafío de generar nuevos vínculos con los periodistas de tribunales, a quienes comenzarán a conocer y entregaran las informaciones que requieren para mantener una adecuada presencia en los medios.