Uno de sus reclamos principales se dirige en contra de la aplicación de la llamada ley antiterrorista a las causas que se siguen en su contra, como un mecanismo fácil de alcanzar el éxito en las investigaciones.

Por supuesto que parece más que adecuado que las conductas que atentan contra el ordenamiento jurídico sean investigadas, perseguidas y eventualmente sancionadas si se logra probar la comisión de delitos y la participación de algunas personas en ellas.

Lo que sí parece cuestionable es la decisión del Ministerio Público de aplicar la ley Antiterrorista a todas las investigaciones que sigue en el marco del llamado “conflicto mapuche” contra personas de esta etnia, sin distinción alguna. La utilización de esta ley no parece sino la expresión de la máxima maquiavélica de que el fin justifica los medios. Ello, por cuanto esta normativa desafía el debido proceso y con ello el propio Estado de Derecho que una sociedad democrática como la nuestra se precia de representar.

La ley que sanciona las conductas terroristas en nuestro país, ley N° 18.314, contiene una serie de “ventajas procesales” que exceden el marco de los equilibrios exigidos en la investigación y juzgamiento de un delito.  El origen de legislaciones de este tipo no es sino una concepción de un derecho penal de la emergencia, materializado hoy en un derecho penal del enemigo, que establece regulaciones de excepción, ajenas al respeto y protección de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, incluyendo desde luego a los mapuches.

Los testigos sin rostro, la extensión de los plazos de detención, un sistema de presunciones exacerbadas, el secreto de la investigación, son herramientas que el nuevo sistema procesal penal ha dejado atrás afortunadamente. La igualdad de armas en el debate judicial, los equilibrios de fuerzas en el desarrollo de las investigaciones penales, la posibilidad de ejercer una defensa de calidad que desafíe los estándares de la investigación de los fiscales, son logros democráticos de nuestra institucionalidad, que se abandonan en una legislación que antepone el resultado al respeto de los derechos de las personas. La paz social obtenida con reglas de guerra es ficticia e inestable. 

En la anticipación de juicios con que se actúa, decidiendo discrecionalmente la aplicación de estas normas singulares, falta un ejercicio riguroso del principio de objetividad que debe regular el actuar del órgano persecutor. Es cómodo recurrir a disposiciones que flexibilizan las reglas generales, dando prerrogativas que ocultan o disimulan las falencias investigativas al utilizar los instrumentos tradicionales del proceso penal.

La ley no es rigurosa en el sentido exigido para los delitos penales y establece una definición demasiado amplia de lo que debe entenderse por delito de terrorismo, casi cualquier acto, incluso uno que suponga ejercicio de un derecho, que fuerce la decisión de autoridad, lo que permite una interpretación de terrorismo a la chilena, en un “cajón de sastre” en el que cabe todo.

Asimismo, las sanciones que se señalan al catálogo de delitos allí contemplados permiten sin dificultad la aplicación de la prisión preventiva a quienes son perseguidos en ese marco, sin espacio para esgrimir un necesario escudo de inocencia.

Así, los delitos comunes de homicidio, incendio o lesiones pueden aumentarse en uno, dos o tres grados, lo que supone en números poder saltar desde una pena que parte de 541 días a permitir la solicitud de penas que sobrepasen los 50 años. El riesgo de decretar la prisión preventiva para personas que luego sean absueltas es evidente.

Pero, por otro lado, ¿basta con ser mapuche para que se aplique esta ley? Si permitimos una aplicación no cuestionada a ciertos grupos, ¿no corremos el riesgo de permitir una discriminación que no deseamos en nuestro país? ¿Cuál será el siguiente grupo a quién alcance esta herramienta amedrentadora?

Sin duda Bertold Brecht advertiría a judíos, curas, negros o comunistas. ¿Por qué no agregar a jóvenes o gitanos? ¿Qué espacio le damos a la exigencia responsable de pruebas contundentes, vinculación estrecha y evidente de la participación de estas personas en delitos a los que se les cataloga con tanto rigor? 

Todos queremos que se investigue, que se obtengan logros en aquello y que ojalá se sancione con justicia a quienes han cometido delitos. Pero no a cualquier costo. Una justicia que ponga el debido proceso como norte de su actuar, con respeto de las garantías de todos los ciudadanos, sin distinción, es una justicia que nos honra y enaltece como comunidad. Nos lo debemos.

Paula Vial Reynal,
Defensora Nacional.

En el escrito, el defensor explica que el problema “es actual pero no nuevo“ y recuerda que “Chile no reconoce aún de manera clara, a nivel constitucional, la existencia de pueblos originarios con cultura y valores propios”. También precisa que éstos “incluso han desarrollado sistemas normativos autónomos” desde mucho antes de la creación del Estado chileno.

Más adelante añade que, para la cultura andina, “el concepto de ‘justicia’ se sustenta en los ideales de complementariedad y reciprocidad para lograr un ‘estado de equilibrio elusivo -síntesis de igualdad y jerarquía-‘ que vincula las relaciones -simétricas o no-, a través de lo que denominan ‘tinku’ ”. Zegarra explica que ésta es una forma ancestral de resolver sus conflictos, incluidos aquellos de tipo penal.

El Defensor Regional de Tarapacá revisa esos antecedentes y anota que en los avances de la política indígena del Estado chileno destacan la dictación de la Ley Indígena y, más recientemente, la puesta en vigencia del Convenio 169 de la OIT. Respecto de ese convenio internacional aclara que “plantea desafíos para la justicia penal y sus operadores” y que en esta materia, “establece el reconocimiento de sus costumbres y el respeto de los métodos para la represión de delitos, e impone a las autoridades y tribunales tener en cuenta las costumbres de los pueblos cuando tengan que resolver”.

Tras revisar esos antecedentes, Zegarra afirma que “la sola vigencia normativa es insuficiente para que los operadores de la justicia puedan entender la cosmovisión aymara”, concluyendo que “el Convenio 169 nos da una respuesta a la pregunta inicial, pero sólo en parte, y como se aprecia en el caso señalado y en muchos otros, su aplicación espera”.

Para ejemplificar lo que desarrolla en la revista de la Universidad Central, Arturo Zegarra cita un caso específico atendido por defensores penales públicos: el de la pastora Gabriela Blas, quien permanece desde agosto de 2007 en el Centro Penitenciario de Acha. A ella “el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, en sentencia que se encuentra recurrida (el juicio acaba de ser anulado por la Corte de Apelaciones de Arica), la condenó a 10 años y 1 día como autora de abandono de su hijo en lugar solitario”, hecho que ocurrió cuando “pastoreaba como lo había hecho antes su madre, su abuela y todos sus antepasados con sus hijos, una costumbre ancestral”.

El artículo íntegro se puede consultar en:
http://www.ucentral.cl/prontus_fcjs/site/artic/20080727/asocfile/20080727180930/julio2010.pdf

A la actividad –en la que participaron unas 30 instituciones públicas- concurrió una numerosa cantidad de vecinos que a esa hora realizaban sus compras en una feria libre cercana, además de estudiantes de colegios cercanos.

Entre las 9 y 14 horas, los funcionarios de la DPP y del resto de los servicios entregaron atención personalizada a los vecinos y distribuyeron material gráfico y de difusión de la labor que realizan sus respectivas instituciones, lo que permitió a la comunidad de este popular sector interiorizarse sobre diversas normativas y temáticas tales como las leyes de violencia intrafamiliar, de responsabilidad penal juvenil, laboral, de divorcio, de ingreso a instituciones castrenses, o de bien programas para la mujer o el adulto mayor y trámites en el Registro Civil, entre otros temas.
 
Los profesionales de la Defensoría Penal Pública proporcionaron orientación sobre situaciones procesales de personas imputadas, la labor que a diario efectúan en la defensa de personas imputadas por algún delito, los derechos que le asisten a cualquier individuo en la eventualidad de ser imputado, el funcionamiento de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y los procedimientos para hacer consultas, reclamos, sugerencias o cualquier otra inquietud a través de las Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS).

El Tribunal Oral en lo Penal de Arica acogió de esta manera lo solicitado por el abogado Víctor Providel, jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Arica y Parinacota.

El defensor de la pastora argumentó que la mujer llevaba más de 3 años privada de su libertad, en un caso que si bien comenzó con acusaciones por cinco delitos, de ellas sólo persiste una. “Este es un caso en que la presunción de inocencia debe hacerse efectiva”, remarcó el jurista al exponer su alegato ante los jueces, argumentando que su defendida no constituía un peligro para la sociedad.

Ante el mismo tribunal presentó sus argumentos el propio Fiscal Regional del Ministerio Público, Jorge Valladares, quien estuvo acompañado por la fiscal que lo representó en el juicio anulado, Javiera López. Los jueces integrantes fueron Mauricio Vidal, Mauricio Petit y Macarena Calas, de los cuáles sólo esta última votó en contra de la sustitución de medidas cautelares.

JUICIO ANULADO
La audiencia suscitó gran interés de la prensa. Los medios siguieron su desarrollo motivados por el reciente pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Arica, que el lunes 30 anuló el juicio que había condenado a Gabriela Blas por el supuesto delito de abandono de menor con resultado de muerte. Esta situación judicial comenzó en julio de 2007, cuando la pastora aymara denunció a Carabineros del altiplano el extravío de su hijo, quien la acompañaba en sus labores habituales de pastoreo de llamas y alpacas.

Tras el pronunciamiento del tribunal, Gabriela Blas fue conducida hasta el hogar de su tía Celedonia Choque, quien quedó como garante de la permanencia de la imputada en su domicilio. Además, la pastora deberá firmar semanalmente ante el Ministerio Público, con las prohibiciones adicionales de salir de la ciudad y del país.

Según lo informado por el Defensor Regional de Arica y Parinacota, Claudio Gálvez, quien estuvo presente en toda la audiencia, el nuevo juicio para este caso se efectuaría en el próximo mes de octubre.

La iniciativa surgió como idea de la defensora local jefe de Osorno, María Soledad Llorente, y se concretó con el apoyo de Gendarmería de Chile, más el aporte económico de privados, lo que permitió reunir 120 ovillos de lana que se transformaron en mantas destinadas a las internas de una de las zonas más afectadas por el terremoto del 27/F.

Emelina González es una de las internas que participó en la elaboración de las colchas. A sus 47 años se encuentra por primera vez privada de libertad, tiene dos hijos y está en calidad de imputada por un delito de droga. “Con esto me he sentido bien, me ha servido para salir de la depresión y olvidarme un poco del encierro. Me siento feliz tejiendo y al saber que esto toma otro significado al poder ayudar a otras”, dijo.

Por eso y para cumplir el propósito de semanas de esforzado tejido, la Defensoría Penal se encargó de llevar desde Osorno a Concepción las singulares frazadas, que se convirtieron en una verdadera y grata sorpresa para las internas, tal como lo valoró el Defensor Regional, Georgy Schubert.

Las nueve frazadas fueron entregadas a un grupo de reclusas de la sección femenina del penal penquista, que agradecieron el gesto con mucha emoción, como lo hizo Teresa Gutierrez, quien lleva 16 años tras las rejas y espera otros cuatro para salir libre: “Estoy emocionada. No esperaba que alguien se acordara de nosotros y nos enviara estos regalos y menos que fueran otras reclusas. De verdad, la frazadas están muy bonitas”.

El gesto también fue destacado por la capitán Paola Unda, a cargo de la sección femenina de El Manzano, quien destacó que “este tipo de gestos demuestran que pese a la distancia y a su condición, las personas privadas de libertad no pierden nunca su humanidad”.

La pequeña y simbólica ceremonia fue recogida por los medios de comunicación penquistas, que destacaron la solidaridad entre mujeres que, pese su encierro, lograron saltarse todas las rejas y disminuir a cero los cientos de kilómetros que las separan.

Los alumnos asistirán a las clínicas jurídicas que se realicen desde agosto a octubre próximo, investigarán la doctrina y la jurisprudencia relativas a los temas jurídicos que se les encomienden y formularán observaciones respecto de las argumentaciones vertidas en las audiencias a las que les corresponda asistir.

Al darles la bienvenida, Eduardo Morales sostuvo que “la participación de alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso es de gran utilidad y ayuda para nuestra institución, ya que se trata de estudiantes que se forman en una sólida facultad”.

En las clínicas jurídicas, los estudiantes Alexis Mena, Sebastián Villalobos, Humberto Ramírez, Gabriela Varas, Artemio Aguilar, Javiera Oyarzún y Carlos Márquez conocerán a fondo las gestiones que realizan los defensores en sus respectivas causas.

El entrenamiento estuvo a cargo de las periodistas Keiko Silva, de la Unidad de Comunicaciones y Prensa de la Defensoría Nacional, y Sandra Reyes, de la Defensoría Regional de Valparaíso.

El programa, que se extendió de 9 a 18 horas, contempló un módulo teórico, durante el cual se revisaron materias como las características de los medios de comunicación, la industria que los agrupa, la lógica de las decisiones en los medios y la construcción de la  agenda mediática, entre otros temas.

Revisados estos conceptos centrales, los abogados analizaron luego una serie de notas de televisión en las que aparecían defensores penales de la región, con la idea de evaluar su desempeño en los puntos de prensa efectuados a la salida de audiencias judiciales de interés mediático.

Luego, en un módulo de ejercicios prácticos, los defensores participaron en un entrenamiento, participando en entrevistas radiales, de prensa escrita y de televisión, con el objeto de que aplicaran los conocimientos adquiridos. Ambas actividades fueron apoyadas por los periodistas Fabián San Martín, del diario La Estrella de Valparaíso, y Enzo Poblete, de TVN Red Valparaíso.

Al término de los ejercicios, los defensores evaluaron cada una de las entrevistas realizadas y recibieron las opiniones técnicas de ambas relatoras.

El CDP de Pozo Almonte mantiene a unos 350 internos, quienes a pesar del agudo hacinamiento que afecta al recinto, se mantienen en una dinámica carcelaria ordenada, incluso con programas de capacitación laboral y de reinserción, según explicó su alcaide, el capitán de Gendarmería Alejandro Lynch.

La Defensora Nacional se mostró impactada por las condiciones materiales desfavorables, pero también por el esfuerzo del personal de Gendarmería y el ánimo con que los internos sobrellevan su vida diaria en el penal. En su visita recorrió los patios, los dormitorios, sala de primeros auxilios y los talleres en donde saludó a quienes desarrollan tareas de mueblería y panadería.

Este penal está ubicado en la calle Libertad, en medio de Pozo Almonte, poblado pampino en donde confluyen los principales caminos internacionales y mineros de la región. Allí la mitad de la población penal proviene de Perú y Bolivia y la mayor parte llega allí tras ser imputada por tráfico de drogas.

Detrás del micrófono y caminando de acá para allá, para que todas escucharan bien sus palabras, la Defensora Nacional -Paula Vial Reynal- encabezaba la Cuenta Pública Participativa de la gestión 2009 de la Defensoría Penal Pública, que este año se efectuó en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago –situado en la comuna de San Joaquín-, ante unas 100 internas que -en su calidad de imputadas- son usuarias directas de la Defensoría.

La actividad contó con el apoyo de profesionales la División de Organizaciones Sociales (D.O.S.) del Ministerio Secretaría General de Gobierno, como también con la colaboración de los efectivos de Gendarmería a cargo del recinto, bajo el mando de la comandante Soraya Bilbao, quienes facilitaron en todo momento el desarrollo de la cuenta.

La escena descrita ocurrió temprano el pasado miércoles 25, mientras Paula Vial explicaba a las reclusas los motivos de esta actividad,  que buscó no sólo entregar a las internas una información directa sobre el quehacer del servicio, sino “recoger su visión sobre nuestro trabajo y las propuestas que puedan hacer para mejorarlo. Básicamente, más que hablar de nosotros, hoy venimos a escucharlas. Queremos que conversen abiertamente con nosotros”, les dijo la Defensora Nacional.

MASIVA PRESENCIA
Para reforzar el objetivo, en esta ocasión el contingente de funcionarios y funcionarias participantes de la DPP fue masivo. Directivos, profesionales y asistentes administrativos de la institución se sumaron a cada uno de los cinco grupos de discusión en que se dividió a las internas, bajo la idea de que quienes no efectúan tareas de defensa penal en la institución pudieran conocer de primera mano detalles de esta cotidiana y relevante labor.

Así, las internas pudieron opinar abiertamente sobre la calidad de la defensa pública que reciben, a partir de dos preguntas centrales: ¿cuáles son las principales dificultades que observan en el servicio de defensa? Y ¿cómo podría mejorar el servicio de defensa que entregan los defensores a las imputadas?

Cada uno de los grupos fue liderado por un directivo de la DPP y, bajo un nombre elegido por las internas para identificarse, más tarde debieron exponer sus distintas conclusiones, tarea que estuvo a cargo de una representante por grupo.

Así, el grupo 1 (“Por una justa libertad”) fue liderado por Sandra Haro, jefa de Gabinete de la Defensora Nacional, y luego representado por  la interna María Isabel ante la asamblea. El grupo 2 (“Libertad”) estuvo a cargo de Verónica Encina, jefa del Departamento de Evaluación, Control y Reclamaciones y fue representado por Viviana, una reclusa de nacionalidad argentina que sacó aplausos por la claridad con que expuso las conclusiones del debate.

Los otros grupos de debate estuvieron a cargo del Director Administrativo Nacional, Luis Delgado, y por los Defensores Regionales Metropolitanos Norte y Sur, Leonardo Moreno y Claudio Pavlic, respectivamente. De hecho, el nombre elegido por las integrantes de éste último grupo fue el que más aplausos sacó: “Ganas de salir”.

CRÍTICAS Y SOLUCIONES
Entre las ideas más críticas al servicio de defensa que surgieron en la discusión pueden mencionarse el escaso tiempo que algunos defensores dedican a las visitas, el lenguaje excesivamente ‘jurídico’ que suelen utilizar –muchas veces incomprensible para las internas- o la escasa información que a veces entregan a sus clientas sobre sus respectivas causas. “A veces los defensores no investigan ni se comprometen con nosotras, pero yo quiero decir que no soy un papel más y merezco respeto”, resumió Viviana, provocando el aplauso de sus compañeras.

Al finalizar el trabajo de los grupos, Paula Vial recogió las principales críticas vertidas y agradeció la honestidad de las reclusas, “porque esta información nos servirá precisamente para encontrar soluciones prácticas a estos problemas. Por lo tanto, nos comprometemos a recoger estas críticas, en la lógica de la mejora continua que impulsa la Defensoría para sus servicios de defensa. Igual es bueno que ustedes sepan que año a año la Defensoría atiende entre 320 mil y 340 mil casos, con más o menos 500 abogados en total, lo que demuestra que sus respectivas cargas de trabajo son muy altas”, explicó la Defensora Nacional.

La jefa de la unidad penal, comandante Bilbao, felicitó a la Defensoría por esta iniciativa, pues “son pocos los servicios que se atreven a motivar un diálogo tan abierto con sus usuarias y realmente escuchar sus demandas con la intención de mejorar su calidad de atención”.

Para concluir la actividad, varios directivos de la DPP atendieron particularmente a varias de las internas –para aclarar dudas específicas sobre sus respectivas causas- y todo el grupo compartió un diálogo más informal junto a un café y galletas, iniciativa que fue muy valorada por las internas.

Esta actividad se suma a las múltiples iniciativas intrapenitenciarias que está llevando a cabo la Defensoría en todas regiones del país, como son las Plazas de Justicia y los Diálogos Participativos, que buscan generar una presencia más amplia de la institución en las cárceles.

El intercambio verbal fue organizado para que la máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública conociera directamente las inquietudes, quejas o interrogantes que las mujeres que la DPP atiende en esta región tienen sobre la labor institucional.

La actividad tuvo como características un diálogo fluido y directo, que duró casi 90 minutos y se efectuó en el patio de visitas del recinto, para lo cual se contó con todas las facilidades necesarias de Gendarmería, cuyo director regional, Jorge Wolfband Carrasco Reydet, dio la bienvenida a la Defensora Nacional.

Las consultas de las internas apuntaron principalmente a las posibilidades de reinserción, a la obtención de beneficios carcelarios, a la visita de sus defensores, a la situación de las lesbianas internas y a diversos casos particulares. Además, hubo quejas sobre la atención de algunos defensores, como también elogios explícitos a otros.

La Defensora Nacional agradeció a las internas su franqueza para manifestar dudas y reclamos, por lo que recibió aplausos durante el transcurso de este diálogo, en el que participaron 130 internas de la sección de Imputadas del Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Iquique. Paula Vial también les recordó que ya había estado con ellas con ocasión de la Plaza de Justicia efectuada en 2008 en el mismo penal.

La Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, estimó que el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, violó las garantías antes señaladas al considerar declaraciones incriminatorias obtenidas por los funcionarios policiales sin la presencia de un abogado defensor.

En relación a la garantía de la fundamentación de la sentencia, el fallo determinó que los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, no cumplieron con hacerse cargo de toda la prueba rendida, señalando lo siguiente “la nueva legislación procesal penal ha sido especialmente exigente en orden a imponer a los jueces que conocen y resuelven en definitiva en juicio oral un trabajo de elaboración meticuloso y cuidadoso en la confección de sus sentencias”.

Para el abogado y Jefe de la Unidad de Corte, Fernando Mardones, con este fallo, “se fija un criterio de suma relevancia para nuestros representados, ya que mantiene la validez del fallo respecto a los imputados absueltos en este caso”.

La petición fue contradicha por los abogados Andrés Rieutord y Rodrigo Lillo, de las Unidades de Estudios de las Defensorías Regionales Metropolitanas Norte y Sur, respectivamente, quienes indicaron que no  se podía acceder a la solicitud -entendiendo que el tema de fondo era la competencia del tribunal-, por cuanto no existe conocimiento si en dicha investigación están involucrada alguna persona que ellos representen. Asimismo solicitaron que para la próxima audiencia se informara a todos los defensores que tomaron parte en la formalización de la semana pasada, entendiendo que algunos de ellos pueden representar a personas investigadas en las tres causas que se llevan en el 8° Juzgado de Garantía.

Según los defensores Lillo y Rieutord, la idea final es evitar cuestionamientos procesales o invalidar la investigación por alguno de los actores jurídicos, ante una posible impugnación por una investigación que no fuera conocida por el juez natural, de acuerdo a la jurisdicción territorial de la causa.

El magistrado Juan Manuel Escobar, titular del 8° Juzgado, aceptó la propuesta final a que arribaron las partes, en cuanto a solicitar los antecedentes de la formalización ya efectuada por el 11° Juzgado de Garantía, para poder tomar una decisión respecto de una posible incompetencia de alguno de los tribunales para conocer del caso.

El pasado martes, la fiscalía formalizó a 14 personas por los delitos de asociación ilícita terrorista y colocación de bombas, quedando seis de ellas en prisión preventiva, tras lo cual se entregó un plazo de investigación de 120 días.

La actividad –que tendrá lugar durante las dos mañanas en el auditorio del museo, ubicado en Matucana N° 501- busca dar cumplimiento a uno de los principales objetivos del recinto, cual es “promover y generar la discusión pública y ciudadana de los derechos humanos y su importancia para la convivencia democrática”.

De hecho, en la presentación del seminario se señala que la violencia que afecta los derechos de los jóvenes “es un fenómeno particularmente preocupante, toda vez que esta población presenta las más altas tasas de victimización y de participación delictiva. Asimismo, la violencia en el ámbito escolar es un problema que también genera creciente preocupación. La CEPAL ha señalado que los delitos se comenten cada vez a edades más tempranas y las víctimas de estos actos son cada vez más jóvenes”.

PROGRAMA

El seminario, coordinado por Fernando Martínez, investigador del CESC y por Lucía Valenzuela, jefa del Área de Educación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos- se desarrollará en torno a dos conferencias y sucesivos paneles relacionados. La primera se denomina “El interés superior del niño en los sistemas de justicia penal juvenil, a dos décadas de la Convención sobre los Derechos del Niño” y será presentada por José Zalaquett, co-director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, aunque estará a cargo de la doctora Mary Beloff, fiscal general de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la Procuración General de la Nación, de Argentina.

Los paneles de debate del primer día versarán sobre “Políticas públicas de prevención y control de la violencia juvenil en América Latina” o sobre “Medios de comunicación, seguridad ciudadana y jóvenes”, con la participación de expertos como Alejandra Ahumada (Paz Ciudadana), Hugo Frühling (director CESC) o Marta Maurás (Comité de Derechos del Niño) y Mónica González (periodista, directora de CIPER-Chile), respectivamente.

Para el viernes, la conferencia tratará sobre “Justicia penal juvenil en América Latina: programas de justicia restaurativa y control de la ejecución penal”. Será presentada por el abogado penalista Miguel Soto y expuesta por la Defensora Nacional, Paula Vial Reynal.

Luego habrá dos paneles relacionados, uno sobre “Asociación público-privada en programas de ejecución de medidas y de prevención de la violencia juvenil” –moderado por Gonzalo Berríos, jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la DPP- y otro sobre “Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en Chile: avances y desafíos a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos”, que será moderado por María Cecilia Ramírez, directora de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional.

El encuentro cuenta con el patrocinio del Servicio Nacional de Menores (SENAME), la Defensoría Penal Pública, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) y la Fundación Paz Ciudadana.

Durante 10 días, los profesionales asistirán a distintos cursos formativos en el auditorio del Centro de Justicia de Santiago, impartidos tanto por profesores internos como por reconocidos expertos externos, como el abogado José Zalaquett, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, o su colega Juan Pablo Mañalich, entre otros.

En su mensaje de bienvenida, Paula Vial explicó que con el tema de la cobertura de defensa más o menos resuelta en el país, la institución “está desarrollando un trabajo fuerte en el tema de la calidad de esta prestación. La capacitación permanente es un forma y la Academia representa una sistematicidad necesaria, a través de institucionalizar la formación de los defensores”.

La Defensora Nacional explicó que este proceso de institucionalización de la academia implicará dotarla prontamente de autoridades visibles, que a su vez establezcan programas de formación permanente, con distintos niveles de dificultad (básicos, medios y avanzados).

“Hasta ahora hemos realizado varias versiones, pero la idea es que todos en la Defensoría pasen por estos cursos, porque son un espacio reservado para el debate y la discusión, como un aporte al ejercicio práctico de la defensa”, aseguró Vial.

LOS CONTENIDOS
El encuentro académico, coordinado por la jefa (S) de la Unidad de Estudios de la DPP, Claudia Castelletti, incluirá distintas materias que buscan mejorar las competencias de los defensores. Por ejemplo, José Zalaquett expondrá sobre “Derechos Humanos y su relación con el derecho penal y procesal penal”, mientras que los abogados institucionales José Manuel Fernández y Alejandra Castillo expondrán sobre distintos aspectos procesales.

También habrá ponencias sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), Ley de Drogas o Género y Defensa Penal, entre otros temas, con expositores invitados como Juan Pablo Cox, Jean Pierre Matus , José Luis Guzmán Dalbora y Patricia Condemarín, por citar sólo algunos.

“Hemos querido sacarlos de sus tareas cotidianas para que se concentren en el debate de estos temas, con programas adaptados a las necesidades de cada región, orientados al trabajo diario de los defensores”, aseguró la Defensora Nacional.

A la actividad asistieron el Defensor Regional de Valparaíso, Eduardo Morales, y varios defensores públicos de la Quinta Región. También estuvo presente el músico y cantante Jorge Coulón -uno de los fundadores del grupo Inti Illimani-, quien en su presentación sostuvo que el texto “nos habla de derecho penal y cine, con ganancias en ambos sectores”.

El trabajo de Cuneo, quien desde 2008 imparte el curso electivo Cine y Derecho Penal en la carrera de Derecho de la Universidad de Valparaíso, fue presentado ante un numeroso público que llegó al Aula Luis Vicuña Suárez de la Escuela de Derecho de esa casa de estudios superiores.

El texto, de 169 páginas, está dividido en cuatro capítulos, donde se analizan diversas materias como “los fines de la pena a la luz de ‘El expreso de medianoche’, el neorrealismo italiano y la coculpabilidad’ o ‘Stanley Kubrick y las doctrinas preventivistas’, entre otras. “Los alumnos ven análisis jurídico-penales a partir de películas”, explicó el autor.
 
En el prólogo del libro, el jurista Raúl Zaffaroni, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sostiene que “nada mejor que enfrentar al estudiante que se asoma al derecho penal con la realidad de la pena, lo que no puede hacer la doctrina penal con discurso cerrado, pero con naturalidad lo hace el arte”.
 
En el epílogo de la obra, en tanto, el profesor de derecho José Luis Guzmán Dalbora manifiesta que “la ambigüedad del mensaje artístico posee un valor superlativo para el penalista”.

Recibido en Calama por la periodista Iris Contreras, directora de la Sociedad Radiodifusora Integral -que reúne a tres de las radios más escuchadas de la Provincia El Loa-, Casanueva abordó diversas materias institucionales y destacó los avances en capacitación y cursos que los profesionales de la DPP han recibido para abordar de la mejor forma posible las exigencias de la defensa penal.

“A pesar de tratarse de una institución relativamente joven, lo cierto es que la Defensoría Penal Pública ha ganado gran prestigio y ha crecido acorde a las exigencias del sistema procesal penal. Primero nos consolidamos en la prestación genérica de defensa, luego vino la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y afrontamos con evidente éxito ese desafío. Luego comenzamos a trabajar con mucho ahínco en la defensa de personas extranjeras e indígenas y ahora nos preparamos para abordar el mundo intramuros, hemos crecido y lo seguiremos haciendo”, destacó.

Durante la entrevista, el Defensor Regional se refirió también a la posibilidad de que el programa piloto de defensa penitenciaria -que actualmente funciona en la Región de Coquimbo- se extienda a la Región de Antofagasta, si es aceptado el presupuesto exploratorio que la Defensoría Nacional envió al Ejecutivo.

“El mundo tras las rejas tiene aristas no muy conocidas por la comunidad y allí existen urgencias que la Defensoría y Gendarmería han tratado de resolver, pero necesitamos un trabajo más sistemático. Si este programa se extiende a nuestra región estaremos ganando en dignidad para los internos”.

En orden y obedeciendo las instrucciones de los encargados de piso, los funcionarios y el público presente hicieron abandono de las instalaciones. En el camino a la zona de seguridad se tranquilizó a los  usuarios comentándoles que se trataba de un simulacro de evacuación, como parte de las actividades de la Semana de la Seguridad de la Defensoría Penal Pública.

Al finalizar el ejercicio, el prevencionista de riesgos de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) informó que el procedimiento tardó un minuto y cinco segundos, tiempo adecuado considerando la evacuación de dos pisos y  un número importante de funcionarios y usuarios.

SEMANA DE LA SEGURIDAD
Ese mismo día, la Defensora Nacional, Paula Vial Raynal, lanzó oficialmente la Semana de la Seguridad, a través de una video conferencia con todas las defensorías regionales del país. Minutos más tarde, la Defensoría Regional de Aysén comenzaba con la primera de sus actividades, que consistió en la evacuación del edificio.

Javier Carrillo, delegado regional del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, destacó la actividad realizada así como los comentarios positivos recibidos de profesionales de la ACHS. “Con el tiempo hemos interiorizado qué hacer ante una emergencia que requiera evacuación. Tenemos claridad sobre cómo enfrentar una emergencia”, precisó.

Carrillo destacó, además, que para los días siguientes se programaron talleres de trabajo en equipo y clima laboral, además de exámenes preventivos gratuitos a los funcionarios, para medir sus índices de colesterol, glucosa, índice de masa corporal y signos vitales, los que estuvieron a cargo de profesionales de la ACHS.

Durante una hora, la máxima autoridad del sector recorrió diversas instalaciones del recinto, como el hospital, los talleres y los accesos de las visitas. También conoció los sistemas de seguridad y las condiciones de las celdas de algunos módulos, momentos en que realizó permanentes consultas a quienes acompañaron su recorrido.

El penal de Huachalalume tiene una capacidad de diseño para mil 656 personas, aunque actualmente su población penal alcanza a mil 746 internos, lo que según el Ministro  Bulnes “está dentro de los rangos de tolerancia y no constituye un hacinamiento extremo”.

GABINETE DE JUSTICIA
Una vez concluida la visita a la cárcel, Bulnes encabezó un Gabinete Regional de Justicia, en el que los directores regionales de distintos servicios de esa cartera expusieron sus diferentes realidades.

En la ocasión, Jaime Camus sostuvo que la Defensoría Penal Pública está a la espera de que se inicie un nuevo proceso de licitaciones de defensa penal, que considerará importantes modificaciones, como que ahora los estudios jurídicos o abogados interesados deberán presentar sus propuestas a través del sistema de Chilecompra.

Además, Camus expuso que la Defensoría Regional debió solicitar un incremento de sus defensores para lograr dar una cobertura de calidad, en vista del fuerte aumento en la programación de juicios orales de los tribunales de Ovalle y La Serena.

“Los esfuerzos de la Defensoría Regional han estado ligados a la constante capacitación y crecimiento doctrinal de nuestros defensores, por lo cual hemos desarrollado alianzas con la Universidad Católica del Norte para aportar a la comunidad jurídica de la región una verdadera oportunidad de discusión y conocimiento. De allí que esperamos sean bienvenidas ésta y las próximas actividades”, resaltó Casanueva.

La actividad se desarrolló el pasado viernes en la Sala K 121 C  de la Universidad Católica del Norte  y contó con el  patrocinio de la Asociación de Magistrados de Antofagasta y del Colegio de Abogados Regional Antofagasta.

En el encuentro participaron destacados panelistas del área penal, como Jorge Bofill Genzsch -doctor en Derecho  de la Universidad Friedrich-Alexander en Erlangen-Nürnberg, Alemania, con especialidad en derecho penal y procesal penal- y el abogado Julián López Masle, profesor de la Universidad de Chile.

Durante la jornada se desarrollaron también mesas de debate con la participación del Fiscal Regional, Cristian Aguilar, y de Pedro Casanueva, entre otros abogados de destacada trayectoria en el ámbito penal.

Sus exponentes explican que la idea del Sistema ISHA es buscar, a través de técnicas de relajación y conocimiento interno, fórmulas que permitan eliminar el estrés del sistema nervioso, para alcanzar así claridad, quietud y paz mental.

A través de distintas lecturas, las internas vivieron un viaje interno para tratar de encontrar en sus experiencias personales los distintos aspectos que les provocaban sensaciones de angustia o rabia, de manera de poder identificarlas para combatirlas, aplacando de paso ansiedades y situaciones que podrían atentar contra su propia integridad.

El Defensor Regional, Francisco Nehme Carpanetti, quien dio la bienvenida al encuentro, aprovechó la ocasión para agradecer la disposición de las internas, así como la intervención de Romina, la representante de la Fundación ISHA.

Tras el taller, las internas manifestaron su agradecimiento por llevar iniciativas como éstas al propio penal, ya que les permiten “salir de la rutina diaria y además explorar ámbitos personales que nunca antes habían sido explorados”, explicó una de ellas.

“Aprender a controlar la rabia y lograr cultivar la esperanza como una forma de evadir la realidad diaria y aportar al trabajo de reinserción social de las internas” es lo que buscamos con nuestra enseñanza, enfatizó Romina.

La actividad contó con la exposición de Catalina Contreras, periodista de la Unidad de Comunicaciones y Prensa de la Defensoría Nacional; y, de Edgardo Castro, encargado de Comunicaciones de la Defensoría Regional del Maule. Contreras expuso los principales lineamientos de la política comunicacional de la institución y también se refirió a las conclusiones de un estudio de opinión pública sobre imagen y posicionamiento del servicio, realizado recientemente por una empresa consultora.

En tanto, Edgardo Castro explicó las razones y objetivos del taller de vocería y se refirió a los géneros periodísticos, las características de los medios regionales, sus focos de interés y entregó recomendaciones relevantes para que los abogados enfrenten en condiciones adecuadas a la prensa.

Posteriormente, los abogados de la DPP participaron de un ejercicio práctico, consistente en la simulación de un punto de prensa a la salida de un tribunal, con presencia de reporteros de radio y televisión, ocasión en la que debieron responder a los medios sobre un caso en particular en su calidad de defensores, siendo sometidos a incisivas  preguntas.

Luego, todos los participantes del taller pudieron observar el desempeño de cada uno, ya que fueron grabados con una cámara de televisión, lo que permitió generar un interesante intercambio de opiniones entre ellos, más los respectivos comentarios de los expositores de esta capacitación.

Tras el encuentro, los participantes se mostraron contentos con el taller de vocería. El Defensor Local Jefe de Cauquenes, Rodrigo Jaque, destacó la realización de esta actividad y el desarrollo de los contenidos. “Creo que los temas elegidos en la exposición fueron los adecuados y el ejercicio práctico fue muy interesante”, comentó.

Rodrigo Chávez, abogado de la Unidad de Defensa Penal Juvenil, agregó que la jornada fue “dinámica, útil y acertada en los temas abordados”, mientras que el Defensor Local Jefe de Curicó, Sergio Aguilera, se mostró no sólo contento con el taller, sino con los ejercicios y recomendaciones recibidas, que consideró útiles a la hora de entregar declaraciones a los medios de comunicación, por lo que manifestó su deseo y disposición para participar en otras actividades similares.

Al comentar su decisión, Paula Vial agradeció especialmente la dedicación de quien hasta ahora actuaba como Defensor Regional (S), el abogado Ricardo Cáceres Setien. El profesional fue precisamente uno de los candidatos preseleccionados para este cargo, junto a Viviana Castel Higuera, defensora local jefe de San Miguel, y Carlos Mora Jano, defensor local jefe de Santiago.

“Quiero destacar a los demás candidatos, pues tuvieron un extraordinario desempeño en el concurso, lo que no hizo sencilla la decisión. Bárbara es una excelente defensora, con una destacada trayectoria y un compromiso a toda prueba con la Defensoría. Estoy segura de que será una gran Defensora Regional”, comentó Paula Vial.

TRAYECTORIA
Bárbara Katz cursó sus estudios de derecho en la Universidad de Chile, donde se tituló como abogada en 1999, tras aprobar la memoria “La mediación como método alternativo de resolución de controversias.”

A partir de allí, inició una brillante carrera en el ámbito privado, trabajando entre 1999 y 2001 tanto en el área de litigios penales y civiles del Estudio Jurídico Albagli, Zaliasnik y Cia. como en el área comercial de ese mismo bufete.

Ese mismo año se integró a la Unidad Jurídica del Hogar de Cristo, donde se mantuvo hasta 2004 asumiendo tareas de defensa jurídica de adolescentes infractores de ley penal. Al año siguiente se incorporó a la Defensoría Penal Pública como Defensora Local de Temuco, cargo en el que se mantuvo hasta enero del año pasado, para asumir luego por algunos meses como jefa suplente de Estudios de la Defensoría Regional de La Araucanía, y desde agosto a la fecha como jefa titular.

Paralelamente, la abogada Katz se especializó en temáticas de derechos humanos, derecho penitenciario y del nuevo sistema de justicia penal juvenil, asistiendo a diversos cursos, seminarios y capacitaciones dictados tanto por la propia Defensoría Penal Pública como por prestigiosas instituciones académicas de Chile y otros países, como las universidades Católica de Chile y Diego Portales y el Departamento de Justicia de Barcelona, España, entre otras.

Respecto de su nombramiento, Bárbara Katz lo consideró “un privilegio” y aseguró que se trata de “un enorme desafío, sobre todo para mostrar que las mujeres podemos asumir cargos de este nivel de responsabilidad, de modo que siento la obligación de abrir camino a otras profesionales y lo asumo con mucha energía y compromiso. Estoy segura de que esta es una oportunidad no sólo para mí, sino para todas las funcionarias y funcionarios de la Defensoría de La Araucanía, para darle un nuevo impulso a nuestra querida institución”.

La actividad se cumplió al interior del recinto penitenciario y con la colaboración de Gendarmería, en el marco de la ejecución del plan de la Defensoría Regional para el mejoramiento de la calidad de defensa.

La exposición de temas estuvo a cargo del jefe regional de Estudios de la DPP, Víctor Providel, y de la asesora jurídica, Viena Ruiz-Tagle, con el apoyo de la facilitadora intercultural Inés Flores. Los profesionales explicaron lo que significa para el procesamiento por justicia penal la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como los derechos que les aseguran las leyes y procedimientos penales vigentes en Chile.

Para la Defensoría Penal Pública “es trascendental darles entender a ellas la importancia de incorporar a su defensa la perspectiva de género, lo que cobra mayor relevancia aún cuando estamos en presencia de mujeres indígenas”,  explicó Viena Ruiz-Tagle al comentar el evento.

Las mujeres recibieron también orientación sobre beneficios intrapenitenciarios, traslado de reos a sus países de origen y circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

De hecho, las internas presentes tuvieron una activa participación, pues hicieron numerosas preguntas a los abogados de la DPP, quienes a su vez destacaron el apoyo de Inés Flores, quien es un vínculo efectivo entre la Defensoría y estas imputadas, que permite con su trabajo una detección oportuna de sus necesidades.

“Entregamos defensa penal a toda persona que lo necesite, para lo cual contamos con profesionales a lo largo de toda la región. Somos un organismo especializado y dedicado a cumplir con la garantía de la defensa establecida en la Constitución y en los Tratados Internacionales ratificados por Chile”, enfatizó Nehme.

Agregó que la Defensoría generalmente trabaja contra la corriente, pues “nosotros defendemos personas, seres humanos. Es importante que la gente entienda que velamos por la presunción de inocencia, ya que hemos tenido casos en que las personas han estado privadas de libertad y luego hemos logrado establecer su inocencia”.

Durante la entrevista, el Defensor Regional aprovechó para dar a conocer detalles de la cobertura institucional en esta zona, donde la DPP cuenta con el apoyo de la Defensora Local Jefe, Loreto Llorente y de los defensores José Luis Correa y Felipe Menas.

Finalmente, consultado respecto de la calidad del servicio, Nehme respondió que “revisamos cada uno de los procedimientos para que el servicio que brindamos se dé conforme a los estándares de calidad que nos rigen. Los defensores realizan una labor tremenda desde el punto de vista profesional y humano, y permanentemente se constituyen en el único y principal apoyo de nuestros representados”. 

La Defensora Nacional, Paula Vial Reynal, no pasó inadvertida la semana pasada, cuando visitó la Primera Región junto a varios integrantes de su equipo directivo. De hecho, desarrolló una intensa agenda de actividades en la zona, que en dos días incluyó también una reunión con los directivos y funcionarios de la Defensoría Regional de Tarapacá y espacios de atención para la prensa local.

El diálogo con 130 internas del Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Iquique se desarrolló durante la tarde, con la participación de todas las imputadas internas en el recinto. Durante 90 minutos, ellas formularon sus inquietudes, interrogantes, quejas y elogios por la labor de la Defensoría Penal Pública y recibieron sus respuestas directamente.

POZO ALMONTE
Antes de asistir a esa dinámica, Paula Vial ya había conocido a fondo la realidad del CDP de Pozo Almonte, también dependiente de Gendarmería, donde tuvo a mano toda la información respecto del recinto y pudo revisar los dormitorios, patios, talleres y otras instalaciones, que reúnen a casi 350 personas.

La Defensora Nacional participó, además, en una actividad de difusión de las nuevas características que tendrá el Programa de Licitación de Defensa Penal Pública, que estuvo a cargo de Luis Venegas, jefe de la Unidad de Gestión de Defensa Penal. A dicho evento asistieron unos 30 abogados de Iquique, quienes revisaron atentamente las características que tendrá el nuevo modelo.

Finalmente, Paula Vial tuvo tiempo para atender a distintos medios locales de comunicación y, junto a los integrantes del equipo directivo nacional, sostuvo reuniones con los directivos regionales -encabezados por el Defensor Regional, Arturo Zegarra Williamson-, y con los funcionarios de la Defensoría Regional de Tarapacá, para abordar los temas internos más relevantes.

Grandón hizo estas afirmaciones durante una entrevista concedida al programa “La Gran Mañana” de Radio Javiera (92.7 FM) de esa comuna, donde además se refirió a los derechos de las personas imputadas y al funcionamiento de la justicia criminal en la zona.

Hablando con énfasis, Grandón explicó que toda persona debe ser tratada como inocente hasta que no exista una resolución de un tribunal que indique lo contrario y reiteró que la Defensoría Penal Pública procura garantizar que los derechos de las personas imputadas sean respetados. “Defendemos a toda persona acusa de un delito sin distingo de ninguna especie”, aseguró.

En este sentido, puso de relieve que la prisión preventiva o internación provisional -en el caso de adolescentes imputados- no es la única situación posible, como el común de la gente piensa, sino que la legislación ha contemplado otras medidas cautelares en contra de quienes pudieran haber cometido delitos, las que son aplicadas por los tribunales.

También defendió la transparencia con que actúan los distintos intervinientes en el sistema penal, por lo que invitó “al ciudadano común a que se forme su propia opinión de cómo se realizan las audiencias en la justicia penal, donde los intervinientes actúan con respeto y en derecho”.

CANAL DE TELEVISION
El defensor local jefe de San Javier participó también en el programa de conversación “La Otra Mirada”, que transmite el canal de televisión local “Loncomilla”. Junto al fiscal jefe de San Javier, Jaime Cáceres, el abogado Grandón entregó su visión sobre el funcionamiento de la justicia penal en la zona y afirmó que la DPP hace realidad una garantía constitucional de las personas, que es el derecho a defensa penal.

“Toda persona, indistintamente del delito, tiene derecho a tener defensa penal. De eso se trata el hacer justicia. Hacemos defensa técnica, profesional y de calidad”, señaló.

El Seremi de Justicia, Alejandro Paredes, relevó el hecho de que se replicara el carácter de las plazas de justicia que se realizan en las distintas localidades de la región -acercando los servicios públicos a la comunidad- con esta iniciativa, focalizada esta vez en la población penal de la zona.

El Defensor Regional, Erwin Neumann, planteó que las plazas de justicia realizadas al interior de recintos penales son actividades que impulsa la Defensoría Penal Pública con la idea de que tanto internos imputados como condenados puedan acceder a la oferta de tramitaciones y programas públicos que ofrecen los distintos servicios del Ministerio de Justicia.

“Creemos que la situación de encierro de las personas privadas de libertad no debe ser un impedimento para la realización de trámites y contar con información a la que tiene acceso cualquier ciudadano chileno. Los derechos no se pierden con la privación de libertad”, precisó.

En esta ocasión, los internos condenados se acercaron a los módulos de los distintos servicios presentes, donde realizaron trámites y efectuaron consultas a funcionarios del Registro Civil, el Instituto de Previsión Social, el Servicio Médico Legal, el Patronato de Reos de Gendarmería de Chile, la Corporación de Asistencia Judicial y a los profesionales y  abogados defensores de la Defensoría Regional de Los Ríos.

La jornada tuvo como propósito conocer, por el testimonio directo de los propios imputados, la opinión y las inquietudes que ellos tienen respecto de la asistencia legal que les prestan los abogados institucionales. Durante las dos horas de conversación, realizada en un clima de mucho interés y respeto, una docena de internos formuló preguntas y efectuó una evaluación sobre la actividad de los profesionales de la Defensoría Penal Pública.

En la dinámica participaron también la asesora jurídica, Viena Ruiz-Tagle, y el defensor penal público Jorge Videla, quienes junto al Jefe de Estudios respondieron a los requerimientos de los imputados presentes y explicaron la forma en que está organizada y normada la prestación de defensa penal que ofrece el Estado de Chile.

Los internos participantes respondían a variados casos de delitos en investigación y a diversas nacionalidades. Sus consultas se centraron en la modalidad de las visitas de los defensores y en los plazos del sistema procesal penal, entre otros temas revisados.

Sussan Jaque Medel, quien estudió Derecho en la sede Arica de la Universidad del Mar, y Cristian Malebrán Eyraud -egresado de la Universidad Arturo Prat de Iquique- ya tienen rendidos y aprobados sus respectivos exámenes de grado y preparan en estos momentos sus respectivas tesis.

Ambos desarrollaron un intenso trabajo durante los seis meses que permanecieron en la Defensoría, bajo la supervisión de la jefatura de la Unidad de Estudios. En ese lapso se interiorizaron sobre el análisis de causas y la observación de audiencias en los tribunales penales, pero también participaron en jornadas de capacitación y clínicas jurídicas, además de la revisión de sentencias.

En este último punto, los pasantes sistematizaron la jurisprudencia que se desprende de las sentencias del Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, lo cual configura un importante aporte para el trabajo futuro de la Defensoría Regional en materia de defensa.

Al respecto, el Defensor Regional de Tarapacá, Arturo Zegarra, destacó no sólo el excelente desempeño de Sussan Jaque y Cristian Malebrán, sino también la experiencia de recibir permanentemente a pasantes en la institución.

“Ambos mostraron gran aplicación y capacidad en las diferentes tareas que asumieron durante el semestre, consolidando una constante iniciada el año pasado, al ingresar los primeros estudiantes en práctica. Su positiva labor nos ayudó en nuestra labor cotidiana y, entendemos, a ellos les fortaleció para sus futuros desafíos profesionales”, aseguró Zegarra.

Si bien es cierto la cabeza judicial está asentada en el  Tribunal de Letras de Futaleufú, con competencia en Garantía, también se realizan audiencias en Palena (ubicado a 3 horas de Futaleufú) y en Ayacara (a 6 horas por mar desde el puerto de Chaitén).  Estas audiencias son parte de la comúnmente llamada justicia itinerante, debido a que se realizan en los cuarteles de Carabineros de Palena y Ayacara con improvisadas mesas y sillas, debido a que en dichas localidades no hay un edificio que albergue a los tribunales de justicia.

Durante la visita más reciente y en una entrevista realizada en la Radio Estrella del Mar de Futaleufú, el Defensor Regional de Los Lagos, Francisco Geisse, explicó que a pesar de lo aislada que está la provincia de Palena, para la Defensoría Penal Pública es “un orgullo y  una prioridad” atender y prestar servicios a los ciudadanos de sus comunas.

Para esto, además de las visitas de los abogados de la Defensoría Regional, se cuenta con dos oficinas de atención a público ubicadas en Futaleufú y Palena, respectivamente. La idea, aclaró Geisse, es ampliar la cobertura y maximizar los recursos con los que cuenta la Defensoría.

El Defensor Regional dijo también que “como un homenaje al esfuerzo de la gente de esta provincia, golpeada por la erupción del volcán Chaitén y sus efectos, este año la Defensoría Penal Pública llevó a cabo su cuenta pública en Futaleufú”, acto al que asistieron importantes autoridades provinciales, las cuales manifestaron su satisfacción por la iniciativa de descentralizar este tipo de actividades regionales.

Durante la entrevista en radio Estrella del Mar de Futaleufú, Geisse agregó que  “en la provincia de Palena, durante 2009 se atendieron 241 imputados, un 1,4 por ciento del total regional, con un aumento de 34,6 por ciento respecto de los 179 imputados atendidos en 2008”.

Según él, “el mayor número de causas se debe al incremento registrado en el juzgado de Hualaihué, ya que el de Chaitén registró una importante disminución (debido a la erupción). Esa situación se revirtió durante los primeros cinco meses del presente año, pues en comparación con igual periodo del año anterior, el juzgado de Chaitén -con asiento en Futaleufú- registra un incremento de 14,1 por ciento en el ingreso de causas”.

Lo anterior -aclaró Geisse- “muestra la normalización del funcionamiento de la justicia penal en las comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena, como consecuencia de la instalación del Juzgado de Letras con competencia en Garantía en esta ciudad”.

Y la apreciación de muchos fluctúa tanto como el imaginario. Que son cárceles de lujo para delincuentes que no las merecen. Que son infiernos terrenales y escuelas del delito. Que son espacios imprescindibles para el logro de la seguridad.  

La reciente propuesta de indulto de condenados en el año del Bicentenario, presentada por la Iglesia Católica y luego por la Evangélica, y la respuesta del Presidente de la República, ha puesto en el debate una materia urgente y siempre pendiente. La necesidad de una reforma profunda a las cárceles, mejorando las condiciones de los presos y de los gendarmes, dirigiendo los esfuerzos a la posibilidad de alcanzar objetivos de rehabilitación y de reinserción de sus habitantes.

Las cárceles son consideradas por muchos como verdaderos depósitos de basura, en los que acumulamos lo que estimamos es lo peor de la sociedad. Suena fuerte, lo sé. Pero no es sino la verbalización de nuestros pensamientos y la expresión de nuestras actitudes.

Progresivamente hemos ido llenando nuestras cárceles hasta abarrotarlas, satisfechos por el logro eficiente de disminuir la delincuencia y poner tras las rejas a los victimarios, olvidando a los seres humanos que abandonamos detrás de sus muros.

El esfuerzo por desarrollar estrategias públicas de mayor seguridad, que endurezcan un sistema de prevención y persecución penal, debe ser equilibrado precisamente con políticas que privilegien las oportunidades de enmendar el camino para los infractores y que aseguren su dignidad, limitando el castigo a la pérdida de la libertad, asegurando espacios y recursos para el trabajo de la rehabilitación.
 
¿De qué nos sirve encarcelar a quienes cometen delitos, alejándolos de la vista –y la conciencia- de la comunidad, si luego tendrán que volver a la sociedad, sin nuevas herramientas ni oportunidades y muchas veces más dañados que al entrar?

La demanda ciudadana por justicia retributiva, que sancione drásticamente a quienes han victimizado a otros, debe tener como contrapartida una solución que desde el respeto por las garantías busca darle sentido a la aplicación de las penas.  

Estoy segura de que en un ejercicio de reflexión, si lográramos cambiar la mirada, sería posible esperar otra actitud de la sociedad. Con espanto nos daríamos cuenta de que estamos esperando poco más que venganza del sistema de justicia penal. Claro que queremos justicia, claro que queremos que quienes han afectado a víctimas paguen por sus delitos.

Pero también queremos ser una sociedad que se precie y se destaque por su humanismo a toda prueba, por la garantía permanente que entrega a todos sus miembros de respeto por la dignidad y por los derechos humanos, por la generación de segundas oportunidades con recursos adecuados y metas rehabilitadoras claras.

La justicia penitenciaria, aquella que se ocupa de los derechos y deberes durante la etapa de cumplimiento de las penas, es un pendiente en el contexto de los avances que supuso la reforma procesal penal en la justicia criminal.

No tenemos juez de ejecución penitenciaria o autoridad equivalente que resuelva los conflictos que se pueden generar en este tiempo y las afectaciones de derechos, los abusos, las solicitudes de beneficios intrapenitenciarios u otros son afrontados y resueltos por la administración, en general, de manera discrecional y críptica.

No existe regulación en el rango que corresponde, por la afectación de derechos que supone, de las cuestiones penitenciarias: qué derechos, qué beneficios, qué restricciones y obligaciones deben considerarse para los condenados y cómo darles materialidad. No tenemos un debido proceso en esta etapa ni un defensor penitenciario que garantice a todas las personas que sus derechos serán respetados a todo evento.

Hoy tenemos el desafío de extender la garantía del derecho a defensa, de orden constitucional, hasta el término del cumplimiento de la pena, asegurando el necesario equilibrio con la autoridad penitenciaria. En esta dirección, desde el año pasado la Defensoría ha estado desarrollando un piloto penitenciario en la Región de Coquimbo, dirigido a mejorar las condiciones carcelarias de los condenados, en la defensa de sus derechos hasta el término de sus penas.

Es necesario dar una vuelta de tuerca a esta realidad y recuperar la necesidad de sentido de la pena. La privación de libertad debe tener una finalidad, más allá de la invisibilización del enemigo, en una ecuación que reditúa socialmente.

Nos sale a cuenta invertir en los condenados. Cada persona que es alcanzada por la decisión justa que orienta en el recto actuar, que entrega alternativas de conducta ajustada a la norma y oportunidades de reinserción, es un logro democrático que integra a quien se había desviado y que nos distingue como una sociedad de futuro.

Por Paula Vial Reynal,
Defensora Nacional.

Así lo determinó el juez Patricio Rondini, durante una audiencia de amparo solicitada por el defensor penal público Nofal Abud (foto exterior), llevada a cabo a las 23 horas de ayer en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt (foto interior).

Durante la audiencia, en la que estaba presente  el fiscal de caso, Sergio Coronado,  además de representantes de las asociaciones de funcionarios de Gendarmería y el seremi de Justicia, Marco Velázquez, se expusieron los hechos.

Éstos dieron cuenta de que cerca de las 9 de la mañana del mismo martes, Carabineros llegó hasta la cárcel de Alto Bonito para investigar una denuncia por lesiones leves hecha por un funcionario de la concesionaria, quien dijo haber sido agredido por el gendarme.

En dicha visita sólo se recogieron antecedentes al respecto y no se realizaron detenciones. Luego, a las 14 horas, Carabineros aprehendió al funcionario público y lo trasladó hasta la Subcomisaría de Mirasol, donde permaneció en una celda común.

DETENCIÓN ILEGAL
Estos antecedentes fueron relevados por el defensor Nofal Abud  para sostener que la detención fue ilegal, ya que no se hizo con una orden judicial, sino amparándose en una supuesta situación de flagrancia, que no correspondía debido a que “la policía no puede volver sobre su decisión y 5 ó 6 horas más tarde determinar que sí estaba ante una situación de flagrancia y llevar a cabo la detención de esta persona”. 

Además, Nofal Abud subrayó que no se dispuso ninguna medida de segregación especial en la detención, con claro riesgo para la integridad física del gendarme.

En su resolución -que dejó sin efecto la detención-, el magistrado acogió las alegaciones del defensor penal público y declaró que no existió flagrancia, que la medida del fiscal era desproporcionada en relación con el delito que se estaba investigando y reparó en  las condiciones en las que se encontraba detenido el gendarme. 

Frente a esto, el fiscal Coronado optó por formalizar al funcionario público por el delito de lesiones leves y tras ese acto se fijó un plazo de investigación de 40 días, en los que le gendarme permanecerá sin medidas cautelares.

“Fue un valioso aporte profesional y un agrado como compañera de trabajo, con una gran dedicación y un alto nivel de manejo especializado”, resaltó el Defensor Regional, Arturo Zegarra, al comentar el desempeño de la profesional.

La defensora tuvo a su cargo todas las tareas relativas a asegurar la calidad de las prestaciones de la institución en la zona, lo cual consideró la realización de clínicas, capacitaciones, controles de calidad, revisiones de antecedentes, auditorías y supervisión de prácticas profesionales, entre otras obligaciones. En todas esas materias logró cumplir las metas trazadas para esta etapa de subrogancia y colaboró como defensora en diversos casos vistos en tribunales.

Titulada como abogada en la Universidad de Concepción, Verónica Reyes llegó en febrero pasado a Iquique para asumir estas tareas, apoyando también a la Defensoría Regional en labores de difusión de la gestión institucional. En una de ellas actuó como expositora ante escolares de Pozo Almonte, mostrándoles los principales componentes de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Es por esta razón que el Defensor Regional de O’Higgins, Alberto Ortega Jirón, recorrió las cuatro cárceles de la región, instalando en los accesos y en las salas de visita de cada recinto afiches que recuerdan los derechos de los imputados, entre ellos el de tener la asesoría y el acompañamiento legal de un defensor penal público.

Para el capitán Danko Pastén, alcaide de la cárcel de Peumo, se trata de una información absolutamente necesaria, pues “son muchas las familias que se quejan de que su abogado particular ha abandonado la causa o bien no realiza todos los trámites necesarios. Muchas de estas familias no saben que el Estado les puede prestar ayuda en estos casos mediante la Defensoría”.

El mayor José Luis Meza, alcaide del penal de Rengo, agrega que “este tipo de información no está de más, pues recordemos que desgraciadamente estas familias están insertas en círculos de pobreza. Por tanto, siempre les será útil saber que cualquier persona tiene derecho a contar con un defensor penal público en caso de ser imputada”.

La directora de un college en la capital de Paquistán que tiene una alianza con la Universidad de Londres está de vacaciones en Chile, por lo que para el defensor público Gabriel Carrión resultaba imperativo que Alliende declarara en la causa. Esto fue planteado al juez, Jorge Norambuena, en una audiencia de cautela de garantía realizada el día anterior, quien acogió –a pesar de la oposición del fiscal Pablo Sapaj-  que la defensa rindiera su prueba directamente al tribunal, sin pasar previamente por el Ministerio Público.

Desde el inicio de esta causa la Fiscalía Metropolitana Oriente –a cargo entonces de la causa- planteó como sus argumentos fuertes que la defensa no tenía explicación suficiente para la llegada y permanencia de un ciudadano de un país tan lejano como Paquistán en Chile.

Sin perjuicio de alegar que dicha imputación significaba una violación  al principio de la presunción de inocencia –exigir que el imputado pruebe que no obstante venir de un país islámico, tiene buenas intenciones-, Gabriel Carrión mostró ya en la audiencia de formalización mails en que Catalina Alliende informaba que conocía a Saif y que ella  fue quien le aconsejó venir a Chile.

Sin embargo, el fiscal Francisco Jazir y el fiscal regional Xavier Armendáriz insistieron en ese momento en el punto, que en una oportunidad fue acogido: los magistrados de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones Lamberto Cisternas y Ana Gloria Chevesich –con el voto en contra de Regina Clark-, acogieron esa tesis y ordenaron la prisión preventiva del imputado. En todo caso, ésta terminó pocos días después, cuando el juez Jorge Norambuena acogió la revisión de la medida cautelar.

VIAJAR A CHILE
En definitiva, en su declaración Catalina Alliende corroboró todo lo formulado por Carrión en audiencias anteriores: que en Paquistán la relación de los profesores con las familias es muy estrecha, que ella conocía desde hacía años a la familia de Saif y que, efectivamente, ella le había aconsejado venir a Chile, ya que para su especialización en turismo aprender idiomas era lo mejor que podía hacer.

Explicó que como Saif ya sabía inglés, “sería muy bueno para él aprender español”, por lo que ella misma le consiguió cupos para estudiar en el Instituto “Fronteras” de Santiago, además de un puesto de trabajo en un hotel. “Yo me siento tremendamente culpable, porque Saif no habría sufrido todo lo que le ha pasado si yo no le hubiera aconsejado venir a Chile”, aseveró.

La cónsul honoraria agregó que cuando inicialmente le informaron que el joven había sido detenido en la Embajada de Estados Unidos en Santiago se preocupó mucho, ya que si bien sabía que Saif era totalmente inocente, esa situación no le daba ninguna garantía. “Sin embargo, cuando supe que todo estaba en manos de la justicia chilena, me tranquilicé porque sabía que se haría lo correcto”, enfatizó.

ALLANAMIENTO ILEGAL
Simultáneamente, la causa de Saif tuvo otra novedad positiva, ya que la Fiscalía Metropolitana Sur –que se hizo cargo de la causa por instrucción del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán-  inició un procedimiento para determinar responsabilidades a través de una diligencia que se había mantenido en secreto por parte de los ex fiscales de la causa de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Se trata de un allanamiento que detectives de la PDI hicieron a la habitación de Saif en la pensión de calle Erasmo Escala donde residía, mientras éste estaba retenido en la embajada de Estados Unidos.

Al respecto, el defensor Gabriel Carrión declaró que si antes de que Carabineros ingresara con orden judicial a recoger pruebas, a ese lugar ingresó previa e ilegalmente otro grupo de policías, para cualquier tribunal ese sitio del suceso está absolutamente contaminado en lo que a las pruebas recolectadas se refiere. Así las cosas –concluyó-, las supuestas partículas de Tetril encontradas en algunas prendas del imputado perderían su valor probatorio.

Yasna Contreras, asistente social de la Defensoría Regional, y Juanita Cruz, asistente administrativa de la Defensoría Local de Vallenar, fueron las encargadas de dar a conocer la misión y las funciones que cumple la institución ante las más de 100 personas que participaron en la actividad, en la que también debieron aclarar dudas de los internos respecto de sus derechos y deberes.

En su mayoría, los internos se acercaron para preguntar sobre sus causas o para aclarar distintos aspectos de sus procesos judiciales, por lo que sus preguntas más frecuentes giraron en torno a la posibilidad de lograr una unificación de penas o sobre los requisitos necesarios para obtener algún beneficio.

Con la finalidad de prestar un real servicio a las personas privadas de libertad, la Defensoría Regional decidió que las respuestas a las inquietudes que no alcanzaron a ser resueltas en el momento se harán llegar a los interesados a través de la visita de su defensor o mediante una carta enviada directamente al penal.

Al finalizar, tanto hombres como mujeres internos en el recinto expresaron sus agradecimientos por esta oportunidad y solicitaron que hubiese otra actividad similar, que considere más tiempo para que los escuchen y les entreguen recomendaciones respecto de sus problemas.

Por lo mismo y con el fin de contrarrestar la histórica desigualdad, discriminación y desprotección que frente a la ley penal han tenido las mujeres, especialmente aquellas pertenecientes a los pueblos originarios, la Defensoría ha venido trabajando en diferentes planes y programas que aseguren  la cobertura y la calidad de la defensa para ellas.

Así, ha efectuado modificaciones a la asignación de cargas de trabajo a las/os defensoras/es y ha fortalecido a la Unidad de Estudios, favoreciendo la capacitación continua de éstas/os y su especialización en la defensa de las mujeres con enfoque de género y de interculturalidad.

LITIGIOS INTERNACIONALES
En tanto y dentro de sus líneas de trabajo, la Corporación Humanas ha venido desarrollando diversas acciones para contribuir al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de derechos humanos de las mujeres, a través del fortalecimiento y la utilización de los sistemas de protección de derechos. Especial mención se reserva dentro de ellas al litigio nacional e internacional de casos denominados “emblemáticos”, en los que se presentan graves discriminaciones en contra de mujeres.

Carolina Carrera, presidenta de Humanas, explicó que “los organismos internacionales  resguardan los derechos de mujeres, por lo que existen recomendaciones específicas emanadas de los diferentes comités que instan al Estado de Chile a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos”.

Entre ellas están las emanadas del Comité de la CEDAW, del Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del Comité del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Además, la reciente ratificación del Convenio 169, implica “cumplir con obligaciones en cuanto al acceso a la justicia de las mujeres indígenas”. Por ello, consideró fundamental que se considere la variable de género e interculturalidad en el caso de mujeres indígenas imputadas y se  comprometió a coordinar acciones para asumir la defensa jurídica ante instancias jurisdiccionales internacionales de casos tramitados y agotados por la DPP relativos a mujeres indígenas, catalogados como casos emblemáticos de discriminación.

Consultado sobre el valor de esta iniciativa, el jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública, Gonzalo Medina Schulz, resaltó la relevancia de coordinar las acciones de ambas instituciones en sus respectivos ámbitos de gestión y aseguró que “este convenio permitirá mejorar los estándares de justicia para aquellas mujeres que se encuentran en especiales condiciones de vulnerabilidad”.

DEFENSA DE GÉNERO Y CIFRAS
Al observar las estadísticas, se puede dimensionar la relevancia del enfoque de género en los temas penales que afectan a las mujeres en Chile. De hecho, desde 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2009, la DPP ha defendido a 199 mil 214 mujeres. Sólo el año pasado, la institución prestó defensa a 48 mil 547 mujeres, que representaron el 15 por ciento de las personas atendidas, porcentaje que se ha mantenido en promedio desde 2005.

Durante el año pasado, además, más de 2 mil 70 mujeres estuvieron en prisión preventiva y de ellas, 56 fueron absueltas. En cuanto a los delitos, el más recurrente cometido por las mujeres es el de hurto, alcanzando durante 2009 el 27,9 por ciento del total. Le siguieron el delito de lesiones (17 por ciento) y las faltas –principalmente hurtos-, con un 12,1 por ciento.

El profesional fue invitado a hablar sobre la aplicación de la reforma procesal penal en la Región del Maule en el programa “El Mejor Día”, que emite diariamente dicho medio de comunicación. Allí García explicó las etapas del proceso penal, el rol de la Defensoría y los derechos de las personas cuando son requeridas por la justicia.

En dicho contexto, el abogado defendió el derecho que le asiste a toda persona a ser considerada como inocente y tratada como tal, mientras un tribunal no determine su responsabilidad en los hechos que se investigan. “Nadie está exento de enfrentar a la justicia. Nos falta reconocer como sociedad que toda persona debe ser tratada como inocente”, recalcó el defensor penal público.

Consultado respecto de algunos casos de personas que fueron declaradas absueltas  tras permanecer meses en la cárcel en prisión preventiva, Joaquín García sostuvo que ello reafirma la idea de que esa medida para una persona acusada de un delito debiera constituir el último recurso a aplicar, habida consideración de la existencia de otras medidas cautelares y de los efectos que produce en toda persona permanecer privada de libertad mientras existe una investigación en marcha.

En la reunión –a la que asistió el Defensor Regional (S), Joaquín García-, el secretario de Estado pasó revista a cada una de las áreas de trabajo de los organismos dependientes o relacionados con el ministerio a su cargo, entre los que figuran el Servicio Médico Legal, el Registro Civil, Gendarmería, el Servicio Nacional de Menores (Sename), la Corporación de Asistencia Judicial y la Defensoría.

Previo al encuentro, Bulnes desarrolló una intensa agenda de trabajo en Talca, que comprendió una reunión con los ministros de la Corte de Apelaciones de la ciudad, ocasión en la se interiorizó sobre el estado de avance de las acciones que ha emprendido el poder judicial para superar la emergencia causada por el terremoto de febrero pasado, particularmente en la infraestructura más dañada por el mega sismo en la región.

Posteriormente, asistió a la ceremonia de firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y la Universidad Católica del Maule y visitó un nuevo centro de atención de público del Servicio de Registro Civil.

Su agenda también contempló una visita al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca, afectado por el terremoto, lugar en el cual anunció que el Gobierno ha otorgado el primer lugar de prioridades para la construcción de una nueva cárcel en Talca, adelantando que las obras podrían estar concluidas antes del término del actual gobierno.

MEDIDAS DE EMERGENCIA
En el intertanto, el ministro Bulnes reiteró que se está trabajando en mejorar las condiciones en las que se encuentran  los internos de la cárcel de Talca y de otros penales del país.

“Una cosa es que (los internos) pierdan su libertad –esa es la condena que tienen que pagar por sus delitos- y otra es que quede comprometida su dignidad. En ese sentido, estamos implementando un plan con diversas medidas, para asegurarnos que existan condiciones básicas como una litera, un colchón y una frazada por cada interno, acceder a comidas calientes y a un régimen de salud para situaciones de emergencia. Queremos también aumentar las horas de desencierro y mejorar el régimen de visitas a los internos”, aseguró.

Junto con ello, Bulnes también anunció un mejoramiento en las condiciones de trabajo de los funcionarios de Gendarmería que trabajan en las distintas cárceles del país.

Las materias fueron desarrolladas por el académico y doctor en Derecho Carlos del Río Ferretti, quien durante dos días expuso sobre la “Fundamentación de Sentencias y Control a través del Recurso de Nulidad” y desarrolló también la temática de las “Garantías Fundamentales en el Proceso Penal”.

Al curso asistieron todos los defensores penales públicos de Arica, tanto institucionales como los integrados por convenio o licitación, encabezados por el Defensor Regional, Claudio Gálvez. También estuvieron presentes un ministro de la Corte de Apelaciones, dos jueces del Tribunal Oral en lo Penal y tres magistrados del Tribunal de Garantía.

Esta actividad forma parte de la programación regional de actividades de la institución, que tiene el objetivo de especializar y mantener actualizados a los defensores para su desempeño en los tribunales. Esta línea de perfeccionamiento se complementa con su asistencia a otros cursos en Santiago y otras ciudades y con las clínicas jurídicas que realizan periódicamente.

El taller fue organizado por la Defensoría Regional de Arica y Parinacota, con la colaboración de tres integrantes del Departamento de Evaluación, Control y Reclamaciones de la Defensoría Nacional.

El módulo fue destacado por los asistentes, debido a que las materias relativas al control de los estándares de defensa no son fáciles de abordar, por lo novedosas que son en nuestro medio.

“El taller fue posible armarlo debido a la presencia y positiva voluntad de colaboración de tres inspectores, quienes cumplían –coincidentemente- funciones en esta zona”, explicó Víctor Providel, jefe de Estudios de la Defensoría Regional.

En un salón repleto por los juristas peruanos, el taller fue dictado por los abogados Peter Sharp, Roberto Henríquez y Paula Páez, quienes explicaron los fundamentos del sistema de control de estándares de defensa, además de analizar diversas experiencias significativas captadas a lo largo de su desempeño en la institución.

Consiste en una especie de congelamiento del caso por un plazo determinado, en el cual él o la imputada de un delito se sujetan al cumplimiento de ciertas condiciones contempladas en el Código Procesal Penal, u otras que proponga el fiscal.

Esta salida alternativa la propone el fiscal de la causa, la debe aceptar él o la imputada, siendo el juez de garantía quien -en definitiva- las impone, pudiendo soberanamente modificarlas. Si el afectado cumple tales condiciones dentro del plazo fijado, y mientras no sea formalizado por un nuevo delito en ese período, la causa se sobresee definitivamente, esto es, la persona queda sin condena alguna por el hecho que motivó esta salida alternativa.

Pues bien, pese a todos los vaticinios adversos, más el manido tema de la puerta giratoria, esta salida alternativa -que no existía en forma alguna en el antiguo sistema penal- ha significado, en la práctica, posibilidades concretas de reinserción social para muchas personas que, incurriendo en hechos que eventualmente son constitutivos de delitos, se liberan de la contingencia del juicio, cumpliendo con las condiciones y obteniendo el sobreseimiento, lo que les permite continuar con su vida normal, con su trabajo y con su familia, sin que la gran mayoría de quienes han obtenido esta vía procesal se vean envueltos nuevamente en hechos  de orden penal.

Es -a no dudarlo- una forma de reinserción social efectiva, pues antes de la vigencia del sistema procesal imperante, quien estaba procesado -aunque fuera por un delito de lesividad mínima- no tenía oportunidad semejante y su destino era la sentencia, condenatoria la más de las veces, porque no existía defensa penal pública efectiva.

A lo sumo podía aspirar, si no tenía antecedentes, a alguno de los beneficios de la Ley N° 18.216. Y después, si tenía asesoría suficiente, se sujetaba a algún sistema de eliminación u omisión de antecedentes, única forma de aspirar a algún empleo formal.

No hay que olvidar que toda persona condenada, además de sufrir un eventual castigo corporal, sufre la discriminación y la exclusión social, sumando a ello nulas o escasas posibilidades de trabajo, lo que es  un sufrimiento adicional para el condenado y su grupo familiar.  

Aún cuando no tengo un dato estadístico preciso en cuanto a números o porcentajes de personas sobreseídas versus quienes no lo logran, nuestra práctica como defensores nos demuestra que la gran mayoría de las personas que por primera vez pasa por la desagradable experiencia de verse enfrentada a un proceso penal como imputado, no reincide.

Además, esta salida ha colaborado a la paz social, ya que en muchas oportunidades entre las condiciones a cumplir se contemplan medidas favorables de resarcimiento para quienes figuraban como víctimas en el juicio.

Inscripciones:
(055) 430012- 430011, Defensoría Regional de Antofagasta
ibarrientos@dpp.cl o jarriagada@dpp.cl

PROGRAMA

8:45 hrs.Acreditación de participantes

9:15 hrs. Bienvenida

9:30 hrs. Conferencia del profesor Jorge Bofill Genzsch Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso y Doctor en Derecho (Dr. Jur.), de la Universidad Friedrich-Alexander en Erlangen-Nürnberg, República Federal Alemana con especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal.

10:30 hrs Café

11:00 hrs. Mesa de debate 1: Derecho al recurso como garantía del imputado: Revisión integral y beneficios de la Ley 18.218.
Intervienen: Ignacio Barrientos Pardo (moderador), Fabiola Rivero Rojas y Enrique Letelier
Loyola.

12:00 hrs. Mesa de debate 2: Derecho al recurso como garantía del imputado: Prohibición de reformatio in peius, constitucionalidad del art. 387 inciso 2° del CCP.
Intervienen: Loreto Flores Tapia (moderadora), Cristian Aguilar Aranela y Pedro
Casanueva Werlinger.

13:00 hrs. Almuerzo (libre)

15:00 hrs. Mesa de Debate 3: Derecho al recurso como garantía del imputado: Criterios de Admisibilidad de los recursos; efectos y extensión de la resolución que acoge recurso de nulidad.
Intervienen: Christian Scheechler Corona (moderador), Oscar Clavería Guzmán y Dinko Franulic Cetinic.

16:00 hrs. Café

16:15 hrs. Conferencia de profesor Julián López Masle, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Máster en Derecho  (LL.M) de la Universidad de Harvard. Profesor del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

17:30 hrs. Despedida

El grupo, encabezado por el académico José Antonio Neira, juez supremo del Perú, asistió a conferencias, talleres y visitas a terreno, en un intenso programa organizado por los defensores ariqueños. Los jurisconsultos del país del norte se declararon muy satisfechos por lo conocido y agradecieron el apoyo de sus pares de Arica.

Los visitantes asistieron a las actividades teóricas en el Salón de Eventos de la Universidad de Tarapacá y en las dependencias de la Defensoría Regional. En esta última sede se cumplió un interesante encuentro con tres miembros del Departamento de Evaluación, Control y Reclamaciones (DECR) que se encontraban coincidentemente en Arica: Peter Sharp, Roberto Henríquez y Paula Páez.

Las actividades en terreno incluyeron su asistencia a diversas audiencias en los tribunales de Garantía y Oral en lo Penal de esta ciudad, respectivamente, además de visitas al Complejo Penitenciario de Acha y al Centro Arica, dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename).

El grupo visitante estuvo constituido por defensores de oficio, integrantes del Ministerio Público y del Poder Judicial del Perú, acompañados además por estudiantes de derecho de la Universidad Privada de Lima.

“Creo que el mensaje es que cada defensor entienda que su tarea de defensa es trascedente para el defendido, en la medida en que se agoten todos los mecanismos de defensa y eso pasa por el derecho a (presentar) recursos y llegar a instancias, incluso la Corte Suprema, cuando sea necesario, por modesto que sea el caso. No importa que sea un juicio simplificado”, aseveró.

La profesional agregó que cada caso que atiende un abogado defensor debe ser abordado como el más relevante y de ahí la importancia de realizar todas las presentaciones que la situación amerite. “El derecho a (presentar) recursos lo tiene todo imputado. No se puede dejar de realizar, a pesar de las dificultades que a veces tiene preparar uno. Es una actividad compleja, desde un punto de vista profesional, que requiere de tiempo”, explicó.

A partir de lo anterior, Pereira indicó que los abogados de la Defensoría deben estar preparados para elaborar una buena presentación ante los tribunales superiores del país, ámbito en que la Unidad de Corte contribuye entregando elementos y criterios jurisprudenciales.

La capacitación, en la que participaron cerca de 20 abogados defensores, tuvo una especial orientación hacia aquellos profesionales que llevan un menor tiempo de permanencia en la institución. Lo anterior, dijo Pamela Pereira, en la perspectiva de que los defensores “vayan adquiriendo las destrezas y las habilidades que se requieren para interponer estos recursos y alegar ante las Cortes”.

Sin embargo, en la actividad también intervinieron defensores con mayor experticia, que contribuyeron al debate y a resolver las inquietudes expuestas, hecho que la abogada Pereira valoró especialmente.

La primera parte no tuvo inconvenientes, ya que antes de que empezara el debate, el fiscal Pablo Sabaj aclaró que los plazos de reserva estaban vencidos, por lo que ya no había piezas secretas en la causa. Por lo mismo, no se opuso a que la prensa ingresara a la sala, por primera vez desde que comenzaron las numerosas audiencias que ha tenido hasta ahora esta investigación.

De hecho, esta fue la primera audiencia a cargo de la Fiscalía Metropolitana Sur –tras la decisión del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, de reasignar el caso al fiscal regional sur, Alejandro Peña, en desmedro del fiscal metropolitano oriente, Xavier Armendáriz-,  lo que significó un claro cambio respecto de lo obrado hasta ahora por la Fiscalía, que había sido implacable en mantener el secreto de la causa y en impedir la presencia de la prensa en las audiencias.

RECHAZO A TESTIMONIO
Donde sí hubo una férrea oposición del fiscal Sabaj -respaldada por el abogado del Ministerio del Interior, Sebastián Dal Pozo- fue ante la petición de que la cónsul honoraria Catalina Alliende rindiera testimonio sin pasar previamente por la Fiscalía. Los defensores Gabriel Carrión y Andrés Rieutord argumentaron que la defensa tiene derecho a presentar su prueba directamente al tribunal, sin la intervención de la fiscalía.

De hecho, preguntaron: “¿Qué pasaría si la Fiscalía resuelve desestimar el testimonio? Sería fatal para la defensa, por lo que al que le corresponde evaluar el valor probatorio de la declaración es al tribunal”.

El juez Norambuena acogió el planteamiento de los defensores y decretó para hoy una audiencia, donde se escuchará el testimonio de la testigo de la defensa.

REHABILITACIÓN
Para el Defensor Regional de O’Higgins, Alberto Ortega, “este es un esfuerzo importante para mejorar la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Sin embargo, como Defensoría Penal Pública siempre hemos sostenido que el trabajo a largo a plazo debe acompañarse con programas de rehabilitación, trabajo y educación de los internos, para prepararlos para que una vez que terminan sus condenas, se conviertan en personas de bien”, dijo Ortega.

La visita del Ministro finalizó con un Gabinete de los servicios de Justicia, presidido por la seremi Coeymans, al que asistieron los directores regionales del Registro Civil, del Servicio Nacional de Menores (Sename), Gendarmería, Servicio Médico Legal, la Corporación de Asistencia Judicial y la Defensoría Penal Pública. En la oportunidad se expuso al secretario de Esta el trabajo que ha ido realizando la DPP en la región de O’Higgins.

Y ese es el espíritu que quiere mantener el recién asumido Fiscal Regional, Luis Toledo  -quien a partir de ayer ocupa oficialmente este cargo-, tal como lo explicó durante la mañana, al visitar protocolarmente al Defensor Regional de O´Higgins, Alberto Ortega Jirón.

En una distendida conversación, ambos revisaron mecanismos para mejorar la coordinación entre sus respectivas instituciones, a fin de afinar los procesos de intercambio de información, los criterios para la aplicación de salidas alternativas, el debido llamado a los defensores en causas graves con detenidos, el acceso a las carpetas informativas de los defensores penales y, en resumen, la atención que se ofrece a los usuarios del sistema.

Toledo y Ortega coinciden en haber trabajado varios años atendiendo causas penales como fiscal y defensor, respectivamente, lo que sin duda es un punto favorable, pues conocen bien el sistema y los baches que se deben pulir para otorgar a la ciudadanía un sistema que garantice no sólo un debido proceso, sino también un trato digno e informado para cada ciudadano que sea requerido o necesite de la justicia penal.

Dirigidos por el abogado Rodrigo Chávez, estos encuentros tienen por propósito informar a los jóvenes con claridad y precisión respecto de las consecuencias legales que implicaría para ellos una eventual falta a la condena de que han sido objeto.

“Hemos advertido, junto a los responsables del Centro Semicerrado, que algunos de los jóvenes que están bajo dicha medida cautelar podrían verse tentados a desentenderse de la condena e infringirla. Ello podría ser más grave aún, si se considera que tras el terremoto y atendida la emergencia, Talca carece de una sala especializada en causas de adolescentes, como sí ocurría antes del 27 de febrero pasado”, aseguró Chávez.

A la fecha se han realizado ya dos charlas dirigidas a los jóvenes, para explicarles las consecuencias que un eventual desacato pudiera tener en su situación procesal y los alcances que tiene la medida de dormir en  un centro semicerrado. “Les hemos explicado que la decisión del tribunal no sólo implica ir a dormir a dicho recinto, sino que también la obligación de cumplir con actividades programadas durante el día y que son desarrolladas en el medio libre”, aseguró.

Junto con estas actividades, durante estos encuentros se les ha entregado a los adolescentes afiches alusivos y los polidípticos “Soy Responsable ante la Ley y tengo Derechos”, entregados por la Defensoría Regional del Maule.

Los autores son Pablo Román, Pablo Bustamante, Domingo López y José Israel Pavéz, quienes además de cumplir sus respectivas penas, participan en la comunidad terapéutica “Camino a la Vida”, donde tratan sus adicciones a la droga y al alcohol.

Fue el Defensor Regional, Alberto Ortega Jirón, quien tras escuchar la interpretación de estos temas en una ceremonia intracarcelaria, decidió hacerse parte de este trabajo y postular este proyecto al 2 por ciento destinado a cultura del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), con el objetivo de masterizar los temas -que ya fueron grabados por sus autores en un improvisado estudio al interior del penal- para distribuirlos luego en radios e instituciones donde esta música -y en especial este mensaje- sean un aporte.

“Para la Defensoría Penal Pública, la reinserción no es sólo parte del discurso. Es una realidad y por eso apoyamos un proyecto como el de estos jóvenes, que creen y están confiados en su trabajo. La idea es que con estos recursos podamos trabajar la masterización, la carátula y la distribución de unas 200 copias que pensamos hacer de este disco”, explicó Ortega.

“VOCES DEL SILENCIO”
Pablo Román, uno de los cantantes, explica que el nombre del grupo - y del primer single -  tiene mucho que ver con la situación carcelaria que viven los integrantes, pues “nosotros estamos apartados de la sociedad. Sin embargo, gracias a nuestro trabajo podemos hacernos escuchar y plantear nuestros sentimientos, hablar de nuestras experiencias y – porqué no – transmitir un sentimiento de esperanza y optimismo”.

Paradójicamente para sus vidas, fue en la cárcel donde encontraron el espacio para desarrollar sus respectivos talentos musicales. Junto a un grupo de profesionales de la empresa concesionaria de la cárcel de Rancagua (Siges)  y el apoyo del Injuv lograron grabar profesionalmente 10 canciones, que a través del proyecto presentado por la Defensoría ahora pretenden dar a conocer al otro lado de los barrotes.

“Para nosotros es importante cerrar este ciclo, entender que somos capaces de terminar un trabajo serio y poder transmitir nuestras experiencias de vida, para que otros no cometan los mismos errores “, asegura José Israel Pavéz, uno de los autores del single principal.

La actividad, presidida por el Defensor Regional, Hernán Fuentes, incluyó una exposición a cargo del asesor jurídico, Víctor Hugo Aedo, quien se refirió a las innovaciones que se han introducido en las Bases Administrativas Generales que rigen el modelo de licitaciones, modificando así el sistema que ha estado vigente en los últimos años.

También respondió consulta de los asistentes, entre los cuales figuraron directivos de la Defensoría Regional, defensores locales jefes, profesionales, asistentes y administrativos de la DPP en esta zona del territorio nacional. La exposición, denominada “Nuevo Modelo de Licitaciones”, contó además con el apoyo del Director Administrativo Regional, Rodrigo Claramunt.

Posteriormente, el encargado de Administración,  Finanzas y Recursos Humanos, Patricio Gajardo, realizó una simulación práctica, paso a paso, para ilustrar la manera en que un eventual interesado en licitar puede acceder a la plataforma electrónica de Chile Compra y subir su propuesta con los antecedentes requeridos y que estarán establecidos en las mencionadas bases generales. Se trata de una de las principales reformas que se aplicarán  a partir de la próxima convocatoria.

En el encuentro efectuado en el puerto participó el Defensor Regional de Valparaíso, Eduardo Morales, quien llamó a los abogados de la plaza a conocer las características del nuevo modelo. “Desde ya, los invito a interesarse en el sistema de postulación que se hará a través del portal www.mercadopublico.cl”, señaló.

En la oportunidad expuso el jefe de la Unidad de Gestión de Defensa Penal (UGDP), Luis Venegas,  quien explicó que “las modificaciones recogen la experiencia de siete años de licitaciones y son un avance significativo, que nos permitirá seguir mejorando la calidad de defensa”.

SAN FELIPE
El miércoles 28 en la tarde, en tanto,  se llevó a cabo una reunión similar en la sede de la Universidad de Aconcagua en San Felipe, en la cual expuso el abogado Cristian Letelier –también de la UGDP, y con  la participación de Alicia Rojas, Defensora Local Jefe de Los Andes.

Una de las novedades del nuevo modelo de licitaciones de defensa penal es la incorporación del proceso al mecanismo de compras públicas, por lo cual las licitaciones se harán a través de la plataforma electrónica de mercadopublico.cl.  

Según Eduardo Morales, “se introdujo un conjunto de ajustes y modificaciones, cuya inspiración y  propósito es contribuir a un creciente y sostenido mejoramiento de la calidad del servicio de defensa y a una adecuada y oportuna cobertura del mismo”.

Entre otros detalles, se licitará un porcentaje de las defensas necesarias en cada zona y no un número fijo de casos como hasta ahora, con lo cual se procura enfrentar las posibles fluctuaciones del volumen de la demanda  originalmente proyectada.

Al encuentro -encabezado por la Defensora Nacional, Paula Vial, y por el Director Administrativo Nacional, Luis Delgado- asisten también casi todos los directivos de la Defensoría Nacional, varios de los cuales deberán exponer distintas temáticas específicas durante la jornada.

A modo de introducción de los temas que se tratarán hoy y mañana, Paula Vial enumeró las principales áreas de debate e invitó a los defensores regionales a aprovechar el actual contexto nacional –marcado por un fuerte énfasis oficial en la agenda pro seguridad, por un lado, y por la situación carcelaria del país, por otro- para reforzar la presencia institucional en la discusión de fondo sobre las políticas penitenciarias y los beneficios para los condenados.

“Creemos que se trata de un contingencia que debemos aprovechar, para instalar públicamente nuestra preocupación por una problemática que se ha relevado, que  es la realidad carcelaria, con una excesiva población penitenciaria existente en el país, tema que se ha visto agravado tras el terremoto, que hizo colapsar a varios recintos penales del país. Lo que hay que hacer es activar los mecanismos a través de los cuales uno puede hacer un mejor trabajo con la población penal”, explicó la Defensora Nacional.

En torno al mismo tema, Paula Vial destacó los logros obtenidos por el proyecto piloto que la DPP desarrolla en la Región de Coquimbo desde el año pasado, iniciativa que la institución busca ampliar progresivamente al resto del país, incorporando su ampliación inicial en la propuesta de presupuesto institucional para el próximo año.

De hecho, según los cálculos proyectados para un plazo de cuatro años –hasta 2014-, materializar esta idea implicaría contratar a 67 nuevos funcionarios para la institución (entre abogados, asistentes sociales y asistentes administrativos), lo que permitiría dar cobertura a gran parte de la demanda de defensa penitenciaria proyectada para el período.

OTROS TEMAS
Entre otros temas previstos en la agenda del encuentro, Paula Vial mencionó la revisión de los principales contenidos que se expondrán durante el segundo semestre del año en la Academia de Defensores –iniciativa que se busca institucionalizar-, la presentación de una propuesta de la Comisión de Estándares creada en la DPP o una exposición sobre el desarrollo del Modelo de Operación Eficiente y las utilidades web del nuevo sistema de licitaciones de defensa penal.

La Defensora Nacional destacó también la actual relevancia estratégica de los temas de gestión interna y en torno a la temática presupuestaria, valoró el rol que actualmente cumplen los Defensores Regionales en coordinación con la Defensoría Nacional, para la ejecución de sus respectivos presupuestos regionales.

“Luego de una década de la reforma procesal y a nueve años de funcionamiento de la Defensoría en la región, la institución ha crecido lo suficiente como para hacer realidad la independencia institucional, entendiéndola como un desafío a lograr con eficiencia y responsabilidad”, destacó.

El directivo puso especial énfasis en la obligación que le cabe a la DPP de advertir las deficiencias y errores de la justicia penal, ámbito en el que crecientemente la presunción de inocencia parece quedar sólo como una garantía escondida en el Código Penal, pero ausente en un sistema que tiene como eje el reconocimiento de la inocencia mientras no se dicte sentencia condenatoria.
Además, llamó la atención sobre la utilización casi automática que se hace de la prisión preventiva, lo que ha dado paso a conocer casos de personas que han pasado más de un año privados de libertad y que luego fueron absueltos por unanimidad.

El Defensor Regional destacó también la necesidad de normar los reconocimientos de imputados, para evitar afirmaciones erróneas de víctimas y testigos, al tiempo que pidió regular la situación regional de las cárceles y centros del Sename. “Un inocente preso no es compatible con un sistema penal moderno y democrático. La situación de pérdida de libertad no puede significar la pérdida de los demás derechos que la Constitución reconoce a todas las personas”, aseguró Nehme.

PRINCIPALES DELITOS
Dentro de las principales estadísticas que mencionó, el directivo dijo que durante 2009 la Defensoría Regional de Atacama atendió a 7 mil 499 personas imputadas de algún delito, lo que representa un incremento del 9,9 por ciento respecto de 2008. Con ello, ya son 40 mil 139 las personas atendidas en la zona desde el inicio de la reforma hasta el 31 de diciembre de 2009.

Según las mismas estadísticas, los  delitos más comunes de 2009  fueron las lesiones, con un 14,9 por ciento del total de ingresos, lo que confirma una tendencia que se ha manifestado desde 2006 respecto de los delitos atendidos históricamente por los defensores penales públicos.

De hecho, este tipo de delitos aumentó su participación sobre el total de delitos ingresados, luego que en 2005 entrara en vigencia la Ley de Violencia Intrafamiliar, cuando las lesiones no sobrepasaban el 5,0 por ciento del total de delitos.

Por su frecuencia, en el listado de delitos principales siguen los hurtos, la conducción en estado de ebriedad, las amenazas de atentados contra personas y propiedad, y los daños simples. El resto de los delitos atendidos se concentran en un porcentaje menor al 3,4 por ciento, todo lo cual demuestra que en 2009 no se observaron cambios significativos en la naturaleza de los delitos imputados en la región de Atacama.

El Defensor Regional explicó, además, que el 79,7 por ciento de los imputados atendidos hasta el 31 de diciembre de 2009 tiene sus causas finalizadas y que las salidas alternativas y las sentencias condenatorias fueron las principales formas de término durante el año, pues en conjunto alcanzaron un 76,8 por ciento de las causas.

Además, se registró un aumento significativo de las personas sometidas a prisión preventiva, las que pasaron de 324 en 2008 a 412 el año pasado, lo que implicó un crecimiento de 27,2 por ciento en la imposición de la misma.

EJES FUNDAMENTALES
Para esta cuenta, la Defensoría Regional quiso destacar tres ejes fundamentales en su gestión, los que fueron expuestos a través de hechos concretos, con el apoyo de estadísticas e imágenes registradas durante 2009. Estos fueron el rol social de la institución, la modernización de la gestión y la calidad de la defensa.

El primero sigue la idea de que la labor de la Defensoría va más allá de la mera prestación de defensa penal de calidad a quien lo requiera, y se demuestra en el gran interés y compromiso de los funcionarios hacia sus beneficiarios, tanto a través de su Unidad de Defensa Penal Juvenil como de la cobertura regional alcanzada y de la relación de la DPP con la comunidad, entre otros.

En cuanto a la calidad de la defensa, la institución trabaja día a día en mejorar los servicios prestados por sus profesionales, ya que continuamente se llevan a cabo reforzamientos de las capacidades técnicas de todos los que laboran en ella. Así, durante 2009 se realizaron inspecciones y auditorías externas para evaluar la calidad del servicio, las que arrojaron resultados positivos para los defensores de la región.

La renovación del servicio –en tanto- ha sido la tónica de los últimos años, ya que se han incorporado modernas herramientas de gestión, que han permitido a la DPP quedar a la par de los mejores servicios públicos y empresas privadas del país. Entre ello, la matriz de riesgo institucional, el plan de mejoramiento de la calidad de la defensa y de la gestión, y la excelencia en la atención de usuarios.

La entrevista, transmitida en el horario del noticiero central, a las 21:45 horas, permitió a Gálvez examinar los resultados de la gestión institucional de 2009 y extenderse sobre el tipo de delitos que registra esta región, una de las más tranquilas del país en términos de seguridad ciudadana.

Claudio Gálvez destacó que la entrada en vigencia en Chile del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ocurrida el año pasado, inicia una etapa en que la justicia penal debe acentuar su atención a la diversidad cultural de quienes son imputados por algún delito.

También respondió sobre los casos de inocentes que pasaron largos periodos en prisión preventiva para después ser absueltos, en torno a lo cual precisó que se trata de un tema en que se debe buscar formas para resarcir los prejuicios de quienes fueron injustamente privados de su libertad por hechos que no cometieron.

Arica TV es el único medio audiovisual propio de la Región de Arica y Parinacota, por lo que sus noticieros son la principal fuente de conocimiento de la realidad noticiosa local para el público. Su señal es la número12 del cable y mantiene una programación exclusivamente local durante 18 horas diarias.

Pues bien, varios casos que han ocupado primeras páginas de prensa en estos días -el principal el del llamado “violador de Ñuñoa”- demuestran precisamente que a cualquiera puede pasarle. El obrero cesante Cristián López, quien fue sindicado y etiquetado como peligroso delincuente sexual, sufriendo amenazas y ataques durante su estadía en la cárcel, es una muestra de lo que puede pasar en un sistema que opta por tener menos garantías en pos de mayor eficiencia.

Por fortuna, en este caso existían muestras de ADN que sirvieron para demostrar la inocencia del señor López. Lamentablemente, no tuvieron la misma suerte las 639 personas que durante el año pasado en todo el país estuvieron presas para luego demostrarse su inocencia en juicio. 639 personas que vieron sus vidas suspendidas, muchas veces destruidas, sin indemnización de ninguna clase ni disculpas de nadie.

18 de esos 639 vivieron la experiencia aquí en Arica, 10 de ellos estuvieron más de un año presos en espera de sus juicios. Y eran inocentes. Personas como usted, su vecino, sus familiares.

La única manera de entender el sistema procesal y sus garantías, es entender que éstas no están ahí para “proteger a los delincuentes”, sino para evitar estos errores. Para asegurar el Estado de derecho y proteger a las personas. A usted y a todos nosotros.

Por Claudio Gálvez Giordano,
Defensor Regional de Arica y Parinacota.

En términos de cobertura, relevó que el contar con solo una Defensoría Local en Valdivia -las demás oficinas de las distintas comunas corresponden a empresas contratadas vía licitación- implica un alto grado de compromiso y esfuerzo de planificación, ya que el número de abogados defensores de la región es menor al número de salas con que funcionan los tribunales de la jurisdicción.

Neumann mencionó que actualmente la institución se encuentra en un proceso de reformulación de las bases administrativas generales del sistema de licitaciones de defensa penal -hoy en trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República-, para dar curso en un futuro próximo a un llamado a licitación dentro de un nuevo modelo, que privilegiará especialmente la calidad.

CALIDAD DE DEFENSA
En relación a la calidad de defensa, destacó la realización de clínicas jurídicas donde además del análisis de jurisprudencia, casos y estrategias de defensa, “estas instancias se han constituido en un lugar de aprendizaje, motivación y apoyo entre pares, ante una tarea que no está exenta de prejuicios y  alto desgaste emocional”.

El Defensor Regional se refirió también a la permanente asesoría en terreno, a los indicadores de calidad de defensa y al Plan Anual de Capacitación como líneas de trabajo  hacia el continuo mejoramiento de las competencias técnicas de los abogados de la institución.

En gestión interna y fortalecimiento institucional, informó sobre el cumplimiento de indicadores de gestión, así como de una serie de iniciativas relacionadas con el bienestar en el trabajo para los funcionarios.

En difusión -desde una mirada social y con énfasis en la promoción del respeto a derechos y garantías-, indicó que durante 2009 se desarrollaron actividades en contacto directo con la comunidad, mediante talleres en colegios, universidades y a través de medios de comunicación regionales.

REVISTA INSTITUCIONAL
Destacó la publicación de “Revista 93” como un aporte al conocimiento y al debate sobre políticas públicas en materia de justicia: “En un escenario fuertemente mediatizado, donde los temas, énfasis y ritmos del relato de los medios está condicionado por criterios de impacto, rating y audiencia, frecuentemente la condena anticipada y el estigma para una persona imputada de un delito resulta difícil de resarcir y más aún de reparar. Creemos indispensable entregar nuestra mirada, para que la discusión incorpore todos los elementos, lo que a todas luces es saludable en un Estado moderno, provisto de una justicia de cara a la ciudadanía”, añadió.

En esta perspectiva, y aludiendo a la última edición de esta publicación institucional, Erwin Neumann se refirió a la autonomía como una aspiración institucional pertinente, ante la necesaria igualdad de armas que requiere el sistema.

El Defensor Regional de Los Ríos concluyó su exposición con la idea de que la Defensoría Penal Pública procura aportar a una mirada integral de la justicia: “Defensa no es sinónimo de impunidad, tampoco las garantías y derechos de los ciudadanos son una amenaza ni representan debilidad. Por el contrario, son el soporte de un Estado de derecho y robustecen a una república”, concluyó.

La actividad se desarrolló en el salón auditorio de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) en La Serena, con la participación de unos 100 invitados, entre autoridades de otras instituciones públicas y representantes del ámbito privado.

En su exposición, Camus dijo que para la Defensoría Penal Pública es un tema de gran preocupación que en la zona se sometiera a prisión preventiva a personas que no fueron condenadas a penas privativas de libertad; “Causa alarma la situación de 47 personas que fueron declaradas inocentes como resultado de sus juicios orales y que durante la etapa de investigación permanecieron presas”, señaló Camus.

En este sentido, el Defensor Regional reafirmó que contar con una defensa es un derecho humano fundamental y subrayó que “desde nuestra creación hemos proporcionado defensa penal a seres humanos de carne y hueso, en muchas oportunidades culpables, pero en otras completamente inocentes”.

En el mismo ámbito, el directivo destacó que en la mayoría de los casos descritos se  distinguen factores de error durante la investigación, como confesiones falsas o forzadas, presiones ilegítimas, testigos anónimos, falta de acuciosidad en reconocimientos fotográficos o ruedas de presos, reconociendo también una inadecuada prestación de defensa.

Camus informó que durante 2009 la DPP de Coquimbo atendió a 14 mil 65 imputados -lo que significó un 11 por ciento más que en 2008- y sostuvo que los delitos más frecuentes fueron el hurto simple, las lesiones menos graves, las amenazas de atentados contra personas y propiedades y la conducción en estado de ebriedad.

Dijo también que las principales formas de término de las causas fueron la suspensión condicional del procedimiento, las sentencias condenatorias con beneficio y sin suspensión, el principio de oportunidad y la condenatoria sin beneficio y sin suspensión.

AUTONOMÍA
Camus presentó como dato relevante el desempeño de la Defensoría Penitenciaria, instancia institucional que desde su entrada en vigencia -en abril de 2009- y hasta el 31 de marzo pasado atendió a 673 condenados, cuyos requerimientos principales fueron los abonos de prisión preventiva en causa diversa, las unificaciones de penas y las solicitudes de beneficios intrapenitenciarios.

Por último, el Defensor Regional no dejó pasar la oportunidad para hacer un llamado a las autoridades a sumarse y apoyar la iniciativa de que la Defensoría logre su autonomía institucional, ya que “es evidente que nuestro discurso ideológico es diverso y contradictorio con los de seguridad pública y control social. Por eso pretendemos obtener un espacio de participación y de protagonismo independiente, para asegurar los equilibrios con nuestra contraparte natural, el Ministerio Público”, explicó.

En la actividad participaron alrededor de 70 reclusos, ante quienes la máxima autoridad de la Defensoría manifestó su complacencia por el trabajo desempeñado por los profesionales de la Defensoría Penitenciaria, que desde su puesta en marcha han atendido a 673 personas de distintos recintos penales de la Cuarta Región.

Seguidamente, solicitó a los asistentes plantear abiertamente sus inquietudes y opiniones sobre este proyecto y cuáles serían sus principales necesidades. Básicamente, los internos solicitaron contar con mayor información respecto de sus derechos y también conocer los requisitos que deben cumplir para poder a optar a distintos beneficios como la salida dominical, la libertad condicional y la rebaja en el cumplimiento de sus condenas.

Asimismo y en presencia el Director Regional de Gendarmería, Luis Gatica, manifestaron su malestar por la excesiva demora en la tramitación de sus distintas solicitudes.  

Al finalizar el encuentro, Paula Vial señaló que se intensificarán las charlas de difusión que efectúa el equipo de la Defensoría Penitenciaria y que se analizará con autoridades de Gendarmería la posibilidad de instalar un buzón donde los internos puedan dejar sus peticiones o requerimientos de información.

CUENTA PÚBLICA
Junto a varios directivos de la institución, la Defensora Nacional desarrolló otras actividades como su participación en la cuenta pública de la Defensoría Regional de Coquimbo, una visita protocolar al presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Juan Shertzer Díaz, y una reunión con los funcionarios y defensores públicos de la zona.

El equipo que acompañó a la Defensora Nacional estuvo compuesto por el Defensor Regional del Maule, Hernán Fuentes; el Director Administrativo Nacional, Luis Delgado; el jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil, Gonzalo Berríos: la jefa de la Unidad de Comunicaciones, Paola Sais: el jefe de la Unidad de Gestión de Defensa Penal, Luis Venegas, y la jefa de gabinete de la DPP, Sandra Haro.

Esta vez participaron cinco defensores, la facilitadora intercultural y otros tres profesionales y auxiliares del servicio, que fueron los primeros en llegar y atender y los últimos en retirarse del recinto, debido a una alta demanda por consultas. También se recibieron 10 presentaciones de reclamos o consultas a través de la Oficina OIRS habilitada para la ocasión, la que estuvo equipada con computadores conectados vía Internet con el Sistema Informático de Gestión de Defensa Penal (SIG-DP).

Las plazas de justicia organizadas por la Defensoría en los penales de Arica comenzaron el año pasado, aunque en esta ocasión la iniciativa estuvo a cargo de la Dirección Regional de Gendarmería, tras un acuerdo logrado en el Gabinete Regional de Justicia. En esa instancia, que encabeza el Seremi del sector, se estableció que la Defensoría Penal Pública organizará en octubre próximo una nueva versión de estos encuentros de servicio a la comunidad, en este caso penitenciaria.

Ese planteamiento crítico busca mayor dureza. Entonces, ¿debemos exigir que se aumenten las penas? ¿Dejaremos que sean menos los requisitos para enviar a alguien a prisión preventiva?

Hasta el momento, la respuesta ha sido más bien afirmativa. Ello se desprende de varias normas que materializan tales reacciones del aparato estatal en el castigo y prevención de delitos. Sin embargo, pese a esta corriente represiva del Estado, los índices delictuales no disminuyen y la sensación de inseguridad aumenta.

Tal percepción se produce a pesar de que hoy, de cada 100 solicitudes de prisión preventiva 97 son acogidas. Actualmente hay más personas privadas de libertad que en el sistema inquisitivo anterior. Sólo en nuestra región en 2009 se decretaron 36 sentencias absolutorias, en las cuales 29 personas habían sido privadas de su libertad, sea por prisión preventiva o internación provisoria. De acuerdo con datos obtenidos por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), Chile es el país con más encarcelados en Latinoamérica.

Pese a lo último se insiste en tales políticas, mas no debemos olvidar que necesariamente más control significa menos libertad. La pregunta entonces es: ¿A cuánta libertad estamos dispuestos a renunciar para sentirnos más seguros?

Es entendible escuchar a las víctimas pedir, en medio de su dolor, el mayor mal a quien generó su tragedia; a ellos todo mi respeto. Pero parece que el bien común al que están mandatados quienes nos gobiernan va más allá de pronunciarse sólo sobre las consecuencias inmediatas de los ilícitos cometidos. En sus manos está el aplicar una política que descubra y ataque las causas que generan esta problemática.

Por medio de esta columna proponemos debatir con reflexiones sobre datos que muchas veces pasamos por alto. Así podremos enriquecer una política criminal eficiente, ponerla en práctica y romper el paradigma engañoso de la puerta giratoria.

Por Cristian Malebrán Eyraud,
Pasante Defensoría Regional de Tarapacá.

Según la acusación fiscal, la madrugada del 2 de agosto de 2009, Francisco V.V. se encontraba en una fiesta al interior de un domicilio ubicado en calle La Primavera de la mencionada comuna. La música y la oscuridad hacían prácticamente imposible distinguir a quienes se encontraban en el inmueble.

En ese momento, una discusión entre un grupo de menores alteró la normalidad de la jornada. El incidente llevaría a uno de los adolescentes -identificado con las iniciales M.A.P.O .(16)- a salir de la casa y buscar una escopeta, arma con la que regresó y disparó, matando a un adolescente y dejando herido a otro.

Según la acusación fiscal, V.V. y el menor abandonaron el domicilio tras el primer altercado. Llegaron armados y con otros tres acompañantes actuaron coordinados para disparar a las víctimas. Sin embargo, ni las pruebas de la Fiscalía ni las declaraciones de los testigos -como el adolescente atacado- acreditaron la participación de Francisco.

VERSIÓN DE LOS TESTIGOS
De acuerdo con el relato de este último, sintió dos escopetazos e identificó a M.A.P.O. como el autor de los disparos. A su lado siempre vio a su agresor con otros dos acompañantes que no correspondían al imputado. La versión coincide con la entregada por otros testigos, quienes indicaron que jamás vieron salir del domicilio a Francisco junto al autor material de los disparos.

Con estos elementos de prueba, el Sexto Tribunal Oral de Santiago absolvió al joven de los cargos de homicidio simple y lesiones, y condenó a M.A.P.O. como único a autor de los delitos a tres años de internación en régimen cerrado en un centro del Sename.

A juicio de la defensora pública Claudia Ivernizzi, los relatos de los testigos y de una de las víctimas resultaron categóricos para aclarar los hechos: “Aquí había testimonios de los amigos de la víctima que culpaban a mi defendido y, por otro lado, declaraciones de personas que estuvieron en la fiesta toda la noche con Francisco y que fueron claros en señalar que en ningún momento salió junto al otro acusado de la casa, ni menos ingresó con un arma”, relata la defensora.

Pasado el plazo para recurrir de la resolución, los fiscales a cargo de la causa optaron por no pedir la nulidad del juicio, decisión que confirmó la libertad de Francisco V.V.

Aspectos relevantes del trabajo cotidiano y que a más de alguien pudieran parecerle normales fueron los planteados por el abogado -experto en ética pública y corporativa- durante su exposición. Contreras diferenció los conceptos de corrupción, ética pública y probidad funcionaria, todos los cuales interactúan diariamente en la labor que desarrollan las instituciones púbicas.

Con amplia experiencia en materias de ética pública, el profesor enfocó su presentación de una manera didáctica, para hacer comprender más fácilmente los distintos aspectos de la actividad pública que desarrolla la Defensoría, dando especial énfasis a conceptos como transparencia, probidad, eficiencia, juridicidad y racionalidad del acto administrativo.

La actividad, que se desarrolló en dos jornadas, forma parte del Plan Anual de Capacitación de la DRMS para este año, que al igual que en 2009 está marcada por temáticas del ámbito funcionario, el cuidado personal y la instrucción.

La actividad se enmarcó en el proyecto de tratamiento de hombres agresores de sus parejas mujeres que se lleva a cabo en Viña del Mar y Valparaíso, y que de acuerdo con la información entregada por el Centro de Hombres, en promedio los usuarios que accedieron al plan de intervención tienen 37 años y casi once años de convivencia en pareja, con un ingreso promedio de 257 mil pesos.

En su exposición, Claudia Castelletti afirmó que “en lo penal nos estamos haciendo cargo de un problema que requiere una política pública global. Hoy se cree que todos los conflictos se resolverán por la vía penal”.

La abogada se preguntó: “¿No le estaremos exigiendo demasiado al derecho penal?, ya que si hay problemas en los estadios se penaliza la violencia en los recintos deportivos, y siempre se busca la vía penal como solución, cuando hay casos que requieren una respuesta del ámbito de la salud y educación o un proceso socioeducativo mayor a nivel cultural”.

NUEVO SISTEMA
Una de las novedades del nuevo sistema de licitaciones es la incorporación de todo el proceso al mecanismo de compras públicas del Estado, por lo cual el proceso de licitación se hará a través de la plataforma electrónica de Mercadopublico.cl.

Eduardo Morales sostuvo que “se introdujo un conjunto de ajustes y modificaciones, cuya inspiración y propósito es contribuir a un creciente y sostenido mejoramiento de la calidad del servicio de defensa y a una adecuada y oportuna cobertura del mismo”.

Además, se licitará un porcentaje de las defensas necesarias en cada zona y no un número fijo de casos, con lo cual se procura enfrentar las posibles fluctuaciones del volumen de demanda  originalmente proyectada.

Se cree que da dividendos plantear estas ideas. Especialmente lo vemos cuando el país enfrenta procesos electorales. La oferta se abre entusiastamente al ámbito penal y parece a veces una competencia por quién ofrece penas más severas.

Así, hay quienes activamente patrocinan la creación de más y más figuras penales, a efectos de sancionar una diversidad de conductas humanas. Así creen resolver los problemas que se generan al interior de la comunidad.

Sin embargo, parece que cuesta un poco más detenerse en las consecuencias o impactos de estas medidas, qué tanto resuelven el problema de fondo y cómo pueden presionar a nuestro sistema penitenciario. Es deseable observar cómo hemos ido aumentando los índices de encarcelamiento en Chile, a tal punto de ser ahora un país líder en proporción de personas privadas de libertad en América Latina.

Sería aconsejable acercarse a los centros penitenciarios y recorrer sus dependencias. Enterarse de cómo viven, cómo duermen, cómo se asean. En definitiva, cómo es la existencia de miles  de seres humanos encerrados en nuestras prisiones. Qué bueno sería escuchar hablar, también, de las causa profundas que se esconden tras la cuestión de la criminalidad.

El derecho penal se diferencia de otras áreas jurídicas por el impacto de sus instituciones en la vida y en la libertad de las personas. Es por ello que las reformas en este campo deben ir acompañadas de un proceso de reflexión y de un análisis ponderado y exento de prisa. Por algo la sabiduría popular nos recuerda que a veces es mejor andar lento, pero seguro.

Qué bueno sería, también, leer propuestas de políticas sociales integrales y comprometidas con la inclusión, con la disminución de las desigualdades y con un Estado activo en iniciativas de protección social.

Por Pedro Casanueva W.,
Defensor Regional de Antofagasta.

Durante la entrevista, Rebolledo explicó aspectos relevantes de la labor cotidiana de la Defensoría Penal Pública y destacó que uno de los énfasis de su gestión ha sido optimizar la calidad de atención a los usuarios, lo que pasa por el buen trato de los defensores, la entrega clara de información relevante y el cumplimiento de visitas de cárcel en los plazos respectivos, entre otros aspectos.

El Defensor Regional destacó además que es fundamental que los usuarios conozcan sus derechos y los hagan valer. “Hay varios factores que influyen en la calidad de atención, algunos radicados en la gestión de los defensores, otros en las circunstancias de atención y otros en los mismos usuarios (…) lo que debemos hacer es trabajar en las variables que podemos manejar e informar a los usuarios que tienen derechos desde que comienza su atención con nosotros”, concluyó.

La única emisora local que se escucha en la localidad es “Radio Vida”, en la que el Defensor Regional de Aysén, Juan Carlos Rebolledo, se hizo presente con el objetivo de dirigirse a la comunidad para explicar la misión y los objetivos de la Defensoría Penal Pública, así como la manera en que funcionan los procesos de atención a público.

Rebolledo se refirió también a aspectos del sistema procesal penal actual y sus diferencias con el anterior, señalando que la existencia de la Defensoría y la cotidiana labor de la defensores públicos permite que hoy en Chile exista una justicia de calidad.

Su arribo está confirmado para después del mediodía del jueves 22 y su primera actividad será reunirse con el equipo directivo, los defensores y los funcionarios de la región, para luego encabezar una charla de difusión sobre el nuevo sistema de licitaciones de defensa penal, que estará a cargo del Jefe de la Unidad de Gestión de Defensa Penal, Luis Venegas.

Para el viernes 23, la máxima autoridad de la DPP sostendrá un diálogo participativo con alrededor de un centenar de internos condenados del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Huachalalume, que han sido beneficiarios del proyecto piloto penitenciario de la DPP en la zona.

Posteriormente, a mediodía, realizará una visita protocolar al presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Juan Shertzer Díaz y durante la tarde encabezará la Cuenta Pública de la gestión realizada por la institución en la zona durante 2009, que dará el Defensor Regional, Jaime Camus.

El equipo directivo que acompañará a la Defensora Nacional está compuesto por el Director Administrativo Nacional, Luis Delgado Valledor; el jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil, Gonzalo Berríos; la jefa de la Unidad de Comunicaciones, Paola Saos: el jefe de la Unidad de Gestión de Defensa Penal, Luis Venegas; el Defensor Regional del Maule. Hernán Fuentes, y la jefa de Gabinete, Sandra Haro.

Después de permanecer cinco meses detenido en prisión preventiva en la cárcel de Puerto Natales, ayer recuperó la libertad una persona que en febrero de este año fue denunciada por su ex esposa de abusar sexualmente de la hija de ambos, de tan solo tres años de edad, y ahora gracias al ADN y a una última declaración de una testigo, logró abandonar el centro penitenciario.

El supuesto autor, de iniciales Y.A.T.B., negó desde el principio su participación, pero la fiscal Wendoline Acuña no le creyó y con los antecedentes que manejaba hasta ese momento lo formalizó por delitos en carácter de reiterado y pidió la prisión preventiva, por estimarlo “un peligro para la sociedad”. El juez de garantía dio por acreditada la existencia de los hechos y la participación del imputado, motivo por el cual lo envió a la cárcel.

A requerimiento del propio imputado, quien desde el comienzo negó toda participación, se solicitó en más de una ocasión que le hicieran el ADN. El abogado defensor, Juan Ignacio Lafontaine, dijo que con el resultado del examen pidió una audiencia para solicitar la libertad de su cliente, sin embargo el juez negó la petición.

RECIÉN SEPARADOS
Un antecedente que se conoció en la causa es que cuando la mujer hizo la denuncia, el imputado acababa de separarse de ella y había comenzado una nueva relación, lo que para la defensa es un elemento a tomar en consideración.

Los fluidos corporales que habrían quedado en la ropa de la supuesta víctima fueron los que se analizaron con la muestra de ADN que descartó alguna relación con el detenido. “Con este informe, el jueves pasado pedimos dejar sin efecto la prisión preventiva y el tribunal nos dijo que no”, lamentó Lafontaine.

Sin embargo, ayer la propia fiscalía pidió una audiencia para dejar en libertad al acusado, después de interrogar a una testigo a solicitud de la propia defensa. Se trata de una mujer que cuida a la menor y que declaró que la niña le había contado que las tocaciones se las hacía otra persona, que sería el ex conviviente de la madre, y que su padre no le había hecho nada.

DEFENSOR
Lafontaine señaló que el propio imputado pedía a gritos que le hicieran un ADN, lo que asemeja este caso a lo vivido por Cristian López Rocha, sindicado por el OS-9 de Carabineros de Santiago como el presunto violador de Ñuñoa, pero las pruebas de ADN le dieron la razón al hombre de 37 años, pues los resultados fueron negativos y por ello recuperó la libertad.

El abogado de la Defensoría Penal Pública de Puerto Natales dijo que aun cuando más adelante el Ministerio Público podría acusar a su cliente, “por el momento la reflexión que hago es el bajo estándar que tenemos en nuestro sistema judicial, en casos de delitos sexuales, para enviar a una persona a la cárcel”.

Bastó, dijo Lafontaine, la declaración de la madre de la niña y un informe sicológico a la menor, “y con esto ya metemos preso a alguien”. El abogado agregó que su cliente lo único que espera ahora es recuperar el tiempo perdido en el trabajo y poder reencontrarse con su pequeña hija.

La primera tarea en terreno fue la visita al Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Iquique, donde se mostraron las expresiones folclóricas que cultivan los internos, a través de una presentación de la cofradía de devotas de la Virgen de La Tirana, además de la actuación del grupo musical “Los Tinkus”, del penal de Pozo Almonte.

El ministro conoció también los proyectos de inserción laboral involucrados en el funcionamiento de un taller de confección de ropas y una fábrica de ‘chumbeque’, el tradicional dulce iquiqueño.

Posteriormente, Felipe Bulnes concurrió hasta el hogar de niños “Teniente Merino”, dependiente del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y luego encabezó reuniones con el Gabinete Regional de Tarapacá y con el Gabinete de Justicia, respectivamente. En este último encuentro el Defensor Regional (S) comentó al ministro detalles del funcionamiento de la Defensoría en Tarapacá.

“Comparándola con el resto del país, Arica es una ciudad bastante tranquila. Aquí los delitos como robos con violencia son menos frecuentes y lo más recurrente son las lesiones, especialmente en el marco de la violencia intrafamiliar, y los asociados a la Ley de Tránsito o a la Ley de Drogas”, planteó Gálvez al responder las consultas de los profesionales de la prensa, quienes preguntaron principalmente por las temáticas expuestas en la reciente Cuenta de Gestión que la Defensoría Regional realizó ante la comunidad y de ello derivaron a la situación actual en el ámbito de la seguridad ciudadana.

El espacio “Ojo de Águila” es conducido por los periodistas Héctor Pizarro y Toribio Vergara, este último con una trayectoria de más de 30 años en la ciudad y con más de 15 a cargo de las noticias de Radio Cappíssima, medio donde se caracteriza por desarrollar diariamente un espacio de una hora de noticias locales. Allí incluye invariablemente entrevistas en estudio a los protagonistas de la noticia diaria o a directivos de las principales entidades públicas de la región.

El Defensor Regional de Arica y Parinacota detalló también las funciones que cumple la Defensoría en el sistema de justicia penal y explicó su rol como garante de los derechos fundamentales de cualquier persona que se vea enfrentada a una imputación penal.

Por lo mismo, más de 12 abogados y representantes de estudios jurídicos de Rancagua participaron de la primera charla sobre este nuevo proceso, que fue dictada por Luis Venegas, jefe de la Unidad de Gestión de Defensa Penal de la DPP, quien por más de una hora expuso y atendió las consultas de los participantes.

Entre los cambios que mencionó el directivo, uno de los más significativos se refiere a la manera de postular a la licitación, pues a contar de esta licitación se hará a través del portal Chile Compras, lo que permitirá a los interesados realizar todo el proceso desde la oficina, integrando los documentos on line, lo que permitirá una mayor transparencia del proceso y por cierto, la posibilidad de presentar propuestas en varias regiones del país al mismo tiempo.

El Defensor Regional de O’Higgins, Alberto Ortega Jirón, destacó también que en el nuevo sistema se valorará mucho más la propuesta técnica y la experiencia de los oferentes, por sobre el precio que se le otorgue a cada causa, lo cual “permitirá mejorar los estándares de calidad de la defensa penal”.

Este tipo de licitaciones se basa en el hecho de que la defensa penal pública opera en Chile con un sistema mixto, en el que conviven abogados institucionales y privados. De hecho, son estos últimos los llamados a licitar un número determinado de causas en las diferentes zonas del país, las que luego defenderán ante los tribunales penales, permitiendo así una completa cobertura territorial y un servicio más eficiente.

Durante la actividad, los funcionarios de la entregaron información sobre el trabajo que realiza cotidianamente la institución y respondieron las diversas consultas que el público efectuó.

Con el apoyo de futuros abogados que realizan su práctica profesional en la Defensoría Local de Antofagasta, Maria Valentina Acuña, José Mario Fuentealba y Alejandra Rodriguez representaron a la institución y atendieron a estudiantes, trabajadores, dueñas de casas, extranjeros y público en general. También pudieron intercambiar información con funcionarios de las otras reparticiones públicas, que se integraron por primera vez a esta actividad comunitaria. 

El Defensor Regional, Pedro Casanueva, participó también en la iniciativa y recibió los saludos de la Seremi de Justicia y de varios otros jefes de servicio que se acercaron a conocer el módulo institucional de la DPP. El directivo destacó que estas iniciativas permiten mostrar a la comunidad un trabajo que los diferentes organismos participantes muchas veces realizan de manera permanente, pero silenciosa.

Estos comentarios fueron formulados ante casos de alta connotación pública -como el que afectó al denominado “Violador de Ñuñoa”- o algunas absoluciones registradas en la Región del Maule, donde los acusados resultaron ser inocentes. Durante las entrevistas, Jaque destacó la importancia del principio de inocencia con el que toda persona imputada de un delito debe ser tratada y recalcó que la formalización en una audiencia pública no implica que una persona imputada sea culpable o responsable de algún hecho ilícito.

“Todos somos personas. Debemos ser tratados como tales, con respeto, y todos tenemos el derecho de ser considerados como inocentes a la hora de ser imputados como responsables de un hecho delictivo. Nadie está libre de enfrentar a la justicia y ser imputado no significa ser un delincuente”, afirmó.

En las entrevistas, el Defensor Local Jefe de Cauquenes explicó cómo la institución enfrentó en esa ciudad el terremoto del 27 de febrero pasado, pues fue una de las localidades más afectadas de El Maule y con mayor proximidad al epicentro. El profesional destacó que pese a las dificultades y a los daños que se registraron en la infraestructura del sector justicia, los defensores en toda la región se presentaron igual ante los tribunales en que se mantuvieron en funciones.

Junto con las entrevistas radiales, Jaque sostuvo una entrevista con el director del diario La Voz de la Provincia, Alejandro Medel, con quien intercambió puntos de vista sobre el sector judicial en la zona y sobre el rol de la Defensoría en el sistema penal.

Los problemas ocurrieron el lunes 12 en la mañana, luego de que se detectara oportunamente un cortocircuito al interior del “cielo americano” que cubre las dependencias de la Defensoría Local de Iquique, en el ala derecha del segundo piso del Edificio Costanera. El peligro de incendio que surgió con este inconveniente eléctrico obligó a activar los procedimientos de emergencia, lo que significó cortar el suministro de energía, evacuar las oficinas y luego todo el edificio, además de llamar a Bomberos, quienes controlaron la situación sin que se llegaran a registrar daños personales ni materiales.

En este edificio la Defensoría ocupa todo el segundo piso, el que quedó básicamente inhabilitado hasta que se efectúe el reacondicionamiento. Por lo mismo, la atención a los usuarios se concentra en un sector del tercer piso.

Estas y otras medidas tomadas permitirán que los funcionarios, tanto de  la Defensoría Regional de Tarapacá como de la Defensoría Local de Iquique, puedan acceder al uso de computadores e internet, aunque en condiciones restringidas.

En total, ambas defensorías metropolitanas atendieron 130 mil 262 causas ingresadas durante 2009 y mientras la Metropolitana Norte tuvo a su cargo 66 mil 384 causas (51 por ciento), la Sur atendió 63 mil 878 causas (49 por ciento).

La ceremonia se efectuó en el Salón Auditorio ubicado en el edificio de la DPP en el Centro de Justicia de Santiago y contó con la presencia de la Defensora Nacional, Paula Vial Reynal; la fiscal regional Occidente, Solange Huerta, y el Seremi de Justicia, Rodrigo Araya, entre otras autoridades e invitados del ámbito judicial.

En su discurso y tras recordar que desde hace años la Defensoría ha representado públicamente la urgencia de que los reconocimientos de imputados –tanto fotográficos como en rueda de detenidos- sean normados, Leonardo Moreno llamó a la Fiscalía y al Gobierno a que zanjen este tema por la vía administrativa o legislativa, para evitar que más inocentes sean identificados erróneamente.

NECESIDADES URGENTES
El Defensor Regional Metropolitano Norte dijo que en el actual contexto, en que el Gobierno está enviando al Congreso nuevos proyectos de ley para endurecer el sistema de persecución criminal, sería oportuno que incorporaran este tema, que apunta a proteger a las personas de estos errores policiales, debido al grave daño familiar, laboral y social que provoca a los perjudicados.

Moreno advirtió también que se sigue dando un uso exagerado de la prisión preventiva, particularmente en los jóvenes a través de la internación provisoria, pues de las 38 mil 285 medidas cautelares decretadas, 7 mil 66 (18,5 por ciento) correspondieron a la mencionada medida de privación de libertad. “Sorprende constatar que de los 760 adolescentes sometidos a internación provisoria, un 62  por ciento (478) quedaron en libertad tras la sentencia definitiva”, explicó.

El abogado afirmó que los defensores públicos han insistido en que no resulta “ni proporcional ni razonable” que se siga encarcelando gente durante el plazo de investigación, pues de antemano se sabe que por la baja entidad de buena parte de los delitos o por los beneficios contemplados por la ley, no serán finalmente privados de libertad.

Moreno mencionó temas que preocupan a la institución, como las medidas que la fiscalía está tomando respecto de personas que integran cierta categoría de individuos –como los cuidadores de automóviles-, y no por conductas ilícitas que eventualmente éstas hayan cometido.

“También es preocupante el anuncio de la fiscalía de que próximamente contará con sus propios equipos de interceptación telefónica, con lo cual sienta el temor de que en el futuro comience a pinchar conversaciones privadas discrecionalmente, sin la orden judicial que exige la ley”, aseguró.

CALIDAD DE DEFENSA
Con una mención especial a las 131 personas de la Región Metropolitana que fueron imputadas de un delito, pasaron por algún centro penitenciario y luego fueron absueltas en 2009 se inició el discurso del Defensor Metropolitano Sur, Claudio Pavlic, en el que abordó los principales aspectos de la realidad regional el año pasado, desde la óptica institucional.

Pavlic abordó temas relacionados con la calidad de la defensa. Por ejemplo, resaltó los resultados obtenidos en juicios orales -con 21 por ciento de absoluciones de imputados y 69,2 por ciento de condenas inferiores a las solicitadas por los fiscales- y la amplia cobertura de defensa entregada durante el período, un dato de especial relevancia al considerar que ambas oficinas regionales de la DPP atienden al 40 por ciento de los imputados de todo el país.

UNIDAD DE CORTE
Claudio Pavlic dijo que siguiendo la línea de especialización permanente que promueve la institución, hace un par de años se constituyó la Unidad de Corte, para apoyar el trabajo de los defensores en las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, ámbito en que mostró su complacencia con los resultados obtenidos en 2009.

“En la Corte de Apelaciones de Santiago se llegó a un 43,1 por ciento y en la de San Miguel a un 37,9 por ciento de resultados favorables en las causas atendidas por los abogados de esta unidad”, aseguró.

Los mejores indicadores se dieron en el caso de las apelaciones verbales -reguladas por el artículo 149 del Código Procesal Penal- y en la revisión de medidas cautelares, donde la posición de las defensa fue acogida en el 58,6 por ciento de las oportunidades en la Corte de Santiago, en tanto en la Corte de San Miguel dicha cifra se situó en el 46,5 por ciento”, afirmó el directivo.

TEMAS FUTUROS
Al esbozar las tareas institucionales del futuro cercano, el Defensor Regional Sur se mostró interesado en la aplicación del plan piloto “Modelo y Sistema de Defensa Penitenciaria” –actualmente en desarrollo en la Cuarta Región-, que en los próximos años debiera aplicarse en la Región Metropolitana.

“Estoy convencido de que un escenario penitenciario con altos estándares de respeto a los derechos y garantías constitucionales permitirá que el anhelo de la rehabilitación en porcentajes aceptables y una integración social post penitenciaria exitosa se puedan convertir en realidad”, afirmó Claudio Pavlic. 

También mencionó iniciativas como la de los tribunales de tratamiento de drogas y los programas de mediación penal. A juicio del Defensor Regional, éstos últimos pueden constituirse en una salida real en caso de penas susceptibles de finalizar con salidas alternativas.

“Nos encontramos plenamente dispuestos a trabajar con casos en que la mediación resulte una vía o herramienta para lograr la mejor respuesta del sistema de justicia penal frente a la comisión de ilícitos de la relevancia suficiente para convertirse efectivamente en un caso penal, y donde el  acuerdo entre víctimas e imputados puede poner fin al conflicto penal, con mayor satisfacción para la víctima”, puntualizó Pavlic.

La ceremonia de Cuenta Pública contó con la participación de 10 internas del Coro del Centro Penitenciario Femenino de Santiago, quienes interpretaron cuatro temas de su primer álbum y con una emotiva interpretación del hit “Resistiré” –del Dúo Dinámico-, tras lo cual recibieron un galvano de reconocimiento de manos de Claudio Pavlic y Leonardo Moreno, quienes al mismo tiempo agradecieron a todos los funcionarios metropolitanos de la Defensoría por el esfuerzo diario que imprimen a su labor, buscando siempre mejorar la atención y el servicio de defensa que prestan a la ciudadanía.

La actividad, coordinada por la Seremi de Justicia, reunió a 30 mujeres, se prolongó por una hora y media y se dividió en tres partes: exposición sobre unificación de penas, consultas e información sobre comportamiento intra penitenciario.

Henríquez sostuvo que el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales establece que  “cuando se dictaren distintas sentencias condenatorias en contra de un mismo imputado, los tribunales que dictaren los fallos posteriores al primero no podrán considerar circunstancias modificatorias que de haberse acumulado los procesos no se hubieren podido tomar en cuenta. Deberán, asimismo, regular la pena de modo tal que el conjunto de penas no puedan exceder de aquella que hubiere correspondido de haberse juzgado conjuntamente los delitos”.

Agregó que los requisitos para que proceda la acumulación de penas son: pluralidad de sentencias condenatorias; que todas se refieran a un mismo imputado; que haya existido la posibilidad temporal de un juzgamiento conjunto y sólo podrán ser unificadas las penas impuestas por delitos cometidos con anterioridad a la fecha del último fallo, entre otros.

Las internas recibieron el documento completo sobre unificación de penas, además de material de difusión de la Defensoría Penal Pública.

Gálvez fue interrogado sobre los resultados de la gestión de 2009, sobre los cuales el Defensor Regional destacó las experiencias vividas por inocentes que debieron cumplir largos periodos de prisión preventiva mientras esperaban el juicio oral que finalmente los absolvió. En este punto mencionó 18 casos, muchos de ellos con imputados que pasaron más de un año privados de libertad.

En cuanto a la temática intercultural, Claudio Gálvez recordó que el año pasado comenzó a regir en Chile el Convenio 169 de la OIT, que contempla elementos que deben considerarse en la aplicación de justicia. “Esto es particularmente importante en nuestra región, donde un 16 por ciento de los ciudadanos se declara perteneciente a un pueblo originario y donde además hay ciudadanos que pertenecen a otras etnias tan claramente definidas como los afrodescendientes o los romané” (gitanos) indicó, precisando que la Defensoría cuenta con una facilitadora intercultural que asesora en estos casos.

El programa de noticias “Acción Noticiosa” está enfocado exclusivamente a temas locales, con la inclusión de entrevistas en estudio a directivos de distintas instituciones. Conducido conjuntamente por la periodista Diana Valdivia y el locutor Guillermo Leal, mantiene un estilo de formalidad y profundidad temática que caracterizan a la Radio Universidad de Tarapacá, la emisora vigente más antigua de esta ciudad.

Así lo precisó Arturo Zegarra Williamson, luego de reunirse con el senador Fulvio Rossi (ver foto), a quien entregó los documentos que resumen los principales resultados de la gestión del último periodo. Previamente, había sostenido encuentros con el senador Jaime Orpis y con  los diputados Marta Isasi y Hugo Gutiérrez, del distrito número 2.

Todos los legisladores tarapaqueños recibieron los antecedentes relativos al número de atenciones brindadas, los casos de personas que son absueltas tras pasar meses en prisión preventiva y la evolución de las cifras de adolescentes procesados, entre otros temas. También se les planteó la posición oficial de la Defensoría, en pos de alcanzar a la brevedad su autonomía institucional.

Los parlamentarios manifestaron un gran interés por estos temas, especialmente en tanto contribuyen al perfeccionamiento de la justicia penal y al manejo global de la seguridad ciudadana en el país. En esta última materia las ciudades de Iquique y Alto Hospicio, así como los pasos fronterizos del extremo norte son percibidos como lugares de especial riesgo por las autoridades locales.

El abogado explicó a los asistentes que del total de la población regional, más de 14 mil personas han sido atendidas por el servicio y comentó que durante 2009 se brindó atención a 2 mil 636 personas, de las cuales “más del 83 por ciento no tenían antecedentes penales previos (…) esto reafirma lo que siempre hemos sostenido: que no defendemos delincuentes, sino personas como cualquiera”, enfatizó Rebolledo.

Del universo atendido, el 10,3 por ciento fueron mujeres, mientras que el 89,6 por ciento fueron hombres. Respecto de los menores de edad, el Defensor Regional informó que del total de personas atendidas, el 88,6 por ciento fueron adultos, mientras que el 11,3 por ciento fueron adolescentes de entre 14 y 18 años.

“Según nuestras estadísticas, podemos señalar que la generalidad de nuestros imputados se caracteriza por ser hombres mayores de edad, sin antecedentes penales previos y con estudios básicos o que laboran como trabajadores no calificados”, afirmó.

Explicó, además, que durante el año que pasó se investigaron 2 mil 896 delitos, con una mayor frecuencia de lesiones en sus diversos grados (20,5 por ciento) y de infracciones contra la Ley de Tránsito (15,4 por ciento), especialmente por conducción en estado de ebriedad. Los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (amenazas) sumaron un 5,6 por ciento y las faltas un  4,9 por ciento.

Delitos de mayor connotación, como robos en sus distintas formas, delitos sexuales y homicidios totalizaron 3,7 por ciento; 1,2 por ciento y 0,5 por ciento, respectivamente. “Entendemos que este tipo de delitos son los que mayor conmoción causan entre las personas y su gravedad llama a generar acciones preventivas. Sin embargo, es un hecho que este tipo de infracciones no son comunes en nuestra región”, puntualizó.

AUTONOMÍA
Una especial mención mereció en el discurso la esperada autonomía institucional para la Defensoría Penal Pública: “Sin perjuicio de la legitimación que tiene la Defensoría Penal Pública en la nueva justicia penal, existe un antiguo anhelo que ansiamos concretar y que dice relación con nuestra autonomía como institución”, dijo.

Agregó que sólo de esa manera se estará en posición de defender a los imputados en un plano igualdad de condiciones con los demás actores del sistema, es decir, Ministerio Público y Poder Judicial. “El logro de nuestra autonomía representará para nuestro sistema de procedimiento penal un avance en la lógica de su estructura y permitirá un ejercicio de la justicia mucho más efectivo”, concluyó.

La sobrepoblación, la inseguridad para los que cumplen penas privativas de libertad, la precariedad sanitaria y de higiene, entre otras, son situaciones conocidas y se arrastran desde hace muchos años.

Habrá entonces que construir muchas y más prisiones en Chile, para responder a la eficiencia del nuevo proceso penal, que condena a una velocidad no conocida antes en Chile, o como sociedad tendremos que ser capaces de imaginarnos otras alternativas a la privación de libertad, que den respuesta tanto a los sentimientos de justicia como también a los de control e ilimitación de la actividad punitiva estatal.  

La llamada cuestión criminal no se resuelve con la prisión y el encarcelamiento. Quienes creen que la delincuencia terminará solamente por esta vía están lamentablemente equivocados.

Hace un tiempo se anunció la creación de un Consejo Para la Reforma Penitenciaria, asumiéndose con ello que el problema no es solamente de eficiencia del sistema procesal.

Esta iniciativa es expresión de que debe haber una mirada más profunda sobre diversos aspectos, como el catálogo de delitos y de penas en Chile, nuestro sistema de ejecución penal, sobre la inexistencia de una ley que regule los deberes y derechos de las personas condenadas, la necesidad de una judicatura especializada en ejecución penal, la diversificación de medidas alternativas a las privativas de libertad, entre otros.

En la medida que podamos enfrentar estos temas, estaremos también contribuyendo al fortalecimiento de nuestras instituciones y de nuestro ordenamiento jurídico. Por esta vía también se aporta a la construcción de una sociedad más justa y segura.

Por Pedro Casanueva Werlinger,
Defensor Regional de Antofagasta.

En la ocasión, conversaron  acerca de las funciones que cumple cada una de estas instituciones a nivel regional, momento en el que Julio Morales manifestó que “existe una buena disposición y una relación de amistad entre ambas instituciones y siempre estamos dispuestos a colaborar con ustedes”, recordando que incluso la DPP y la PDI han realizado actividades de capacitación conjunta.

Marcos Vásquez respondió que “la Defensoría siempre va en nuestra ayuda cuando la necesitamos. Es un aliado importante, ya que siempre estamos expuestos a situaciones donde necesitamos de ayuda jurídica y es destacable que exista una relación cordial con los defensores”.

El jefe regional de Estudios entregó los saludos del Defensor Regional, Francisco Nehme Carpanetti, quien no pudo estar presente en la reunión y solicitó hacer presente su permanente disposición y la de todos los defensores públicos de la región a colaborar y mantener una buena relación con la Policía de Investigaciones de Chile.

Durante la reunión, el Defensor Regional, Juan Carlos Rebolledo Pereira, informó al parlamentario sobre el trabajo que la institución ha venido desarrollando en el último tiempo, y que no sólo se relaciona con la defensa penal propiamente tal, sino que busca colaborar en aspectos de la reinserción social de las personas privadas de libertad y de sus familias.

“Fue grato dar a conocer nuestros temas a un diputado de la República, ya que siempre hemos tratado de buscar espacios de reunión con todos los parlamentarios de la zona. Esta reunión nos permitió dar a conocer cuáles son los temas que como Defensoría nos interesa trabajar, siempre pensando en un trabajo bien hecho y que beneficie a nuestra comunidad”, dijo Rebolledo.

El directivo institucional comentó también la buena recepción de Alinco -conocido también como “el diputado obrero”-, quien se familiarizó con las aspiraciones y proyectos relevantes para la DPP, especialmente el anhelo de lograr la autonomía institucional. “El parlamentario se mostró a favor de este ansiado proyecto y nos señaló que por su intermedio podremos hacer llegar a la Cámara nuestras apreciaciones e ideas”, explicó.

Entre otros temas, ambos conversaron también sobre la próxima instalación en la región del programa Abriendo Caminos -gestionado por las Seremis de Planificación y Coordinación (Serplac y de Justicia-, en que la Defensoría Penal tiene especial interés por el beneficio que significará para los hijos de entre 0 y 18 años, de quienes están cumpliendo condenas de reclusión.

Cristian López Rocha, de 37 años, aseguró ser inocente, pero nadie le creyó. La tarde del miércoles 16 de junio fue detenido por Carabineros cuando transitaba por avenida Grecia, sindicado como el temido “Violador de Ñuñoa”. El procedimiento policial se basó en un retrato hablado elaborado por el OS-9 de Carabineros, que presentaba grandes similitudes con el sujeto aprehendido.

En su primer contacto con la prensa, López Rocha negó las imputaciones y vociferó ser inocente. “Pueden hacerme pruebas biológicas, se están equivocando”, gritó frente a las cámaras.

De inmediato, amigos y familiares del detenido sostuvieron que la identificación había sido errónea. Sin embargo, el comandante Mauricio Valdivia, del OS-9 de Carabineros, insistió en que el reconocimiento había sido realizado de manera correcta.

Al día siguiente, el imputado pasó a control de detención en el Octavo Juzgado de Garantía capitalino, donde el juez Luis Avilés lo dejó en libertad, al desestimar la tesis del fiscal argumentando que no podía probar los delitos que se le imputaban.

El tribunal consideró, entre los antecedentes, que el detenido tenía los ojos oscuros, mientras que las dos víctimas habían señalado que su agresor los tenía claros; y estimó que el actuar de la policía indujo a las víctimas a identificar a Cristián López Rocha como el autor de los ataques.

A pesar de la decisión del magistrado, López Rocha no salió de la cárcel. El Ministerio Público apeló de  la resolución a la Corte de Apelaciones de Santiago. Y en fallo dividido, la Segunda Sala del Tribunal de Alzada capitalino dejó sin efecto la libertad, argumentando que aún quedaban diligencias pendientes por  realizar en el caso, las que podrían confirmar o descartar la culpabilidad de López Rocha, quien vivía la peor de sus pesadillas en el penal concesionado Santiago Uno.

Finalmente, tras la toma de un examen comparativo de ADN, un preinforme emitido por el Labocar de Carabineros concluyó que no hay correspondencia entre las muestras levantadas en las prendas de la víctima y las del acusado. Con este antecedente, la Fiscalía Oriente solicitó durante una audiencia realizada el 21 de junio la libertad de López Rocha, poniendo fin a su tensa estadía en la cárcel.

Para el defensor regional, Francisco Geisse, este tipo de casos demuestra la importancia de que los medios de comunicación realicen un trabajo responsable.

“Deben ser cuidadosos en evitar condenas mediáticas anticipadas, que devienen en verdaderos linchamientos de imagen. Basta  pensar en el caso de Cristián López Rocha, quien fue exhibido, tildado públicamente como el “Violador de Ñuñoa”. Además se afirmó que los reconocimientos eran fiables y padeció la prisión preventiva. Finalmente, un examen científico demostró que no había participado en los hechos”, dijo.

LAS CIFRAS
Pero lo que pareciera ser un fenómeno aislado, es más común de lo que parece. Según cifras entregadas por la Defensoría Penal Pública, en la Región de Los Lagos 218 personas, de las 743 que fueron absueltas en juicio oral entre los años 2004 y 2010, estuvieron en  prisión preventiva, es decir un 29,3 por ciento de los imputados que finalmente fueron declarados inocentes por un tribunal estuvieron tras las rejas.

De ellas, 16 fueron acusadas por el Ministerio Público de homicidio, 24 de violación, 25 de abuso sexual, 86 de robo y 10 de tráfico de drogas, entre otros delitos.

El año pasado, un total de 157 personas fueron absueltas en la Región de Los Lagos (600 a nivel nacional ese mismo periodo), de las cuales 46 estuvieron privadas de libertad en un centro penitenciario. En lo que va corrido de este año, 53 personas han sido absueltas en juicio y de ellas 15 han tenido que estar detenidas.

Para el defensor regional, estos antecedentes echan por tierra el mito de que los defensores penales públicos son los abogados de los delincuentes. “Ellos (los defensores) están convirtiendo en realidad el derecho de toda persona a una debida defensa, cuando es imputada de un hecho aparentemente delictual. En esta región más del 55 por ciento de las causas que llegan a los tribunales corresponden, en ese orden, a lesiones, hurtos, manejos en estado de  ebriedad y faltas. Más un 40 por ciento de las causas finalizan en salidas alternativas, que no significan un reconocimiento de culpabilidad. Casi el 70 por ciento de los imputados son personas sin ningún tipo de antecedentes penales, es decir de irreprochable conducta anterior”, precisa.

INOCENTES EN ALTO BONITO
Manuel Ramírez jamás pensó que el viaje que hizo desde San Antonio a Puerto Montt para ver a su polola terminaría con una estadía de más de cuatro meses en la cárcel concesionada de Alto Bonito. Tras ser detenido el 5 de marzo de 2009, el mismo día que llegó a la ciudad, el joven estudiante de 20 años estuvo en prisión preventiva hasta el 23 de julio, fecha en que fue absuelto en el juicio oral que se siguió en su contra por el delito de tráfico de drogas.

“Él era de San Antonio y llegaba los veranos a la casa de un primo, con el fin de visitar a su polola que vivía en Puerto Montt. Allí, sus familiares estaban vinculados al tráfico de drogas y la Brigada Antinarcóticos de la PDI había iniciado una investigación varios meses antes, porque tenía conocimiento de que se estaba trayendo pasta base de cocaína para ser distribuida en Puerto Montt”, relata la defensora penal pública Milena Galleguillos.

Según consta en la sentencia, redactada por la magistrada Ivonne Avendaño, “el Ministerio Público en sus alegatos de apertura, clausura y réplica, señala que esta causa se inicia por una situación de flagrancia. Sin embargo, existía una investigación que en forma paralela llevaba otro funcionario”.

En este documento se precisa que el 5 de marzo la PDI, alertada de que en el centro de la ciudad, en las cercanías de la Galería España, se estaba comercializando pasta base, detiene a Claudio Mateluna, quien  presta cooperación, entrega antecedentes acerca de su primo Manuel Alejandro Ramírez, y la dirección donde él se encontraba en Alerce Norte, tras lo cual los efectivos acuden al inmueble para detenerlo. Allí, según la versión entregada por el Ministerio Público, Ramírez estaba preparando la droga para su distribución.

“Los detectives sabían que era un tercero, familiar directo de mi representado, quien traía la droga. Al momento de detenerlo le preguntaron por el nombre de esta tercera persona. A pesar de que durante la detención les señaló que no era a quien buscaban e intentó identificarse, finalmente fue aprehendido. En el mismo procedimiento los efectivos realizaron un ingreso y registro, encontrando cocaína base en el interior de la casa, que era arrendada por el primo. Fue precisamente esta persona quien trató de justificar la presencia de la sustancia en el inmueble, argumentando que le pertenecía a mi representado”, explica Galleguillos.

Durante el juicio oral, el inspector Julio Leiva, de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, quien trabajaba con anterioridad este caso, declaró como testigo que en enero supo que el hermano del acusado, Luis Alberto Ramírez Silva -quien ya había sido detenido por esa unidad- continuaba traficando pasta base de cocaína, por lo que se interceptó su teléfono tras quedar libre. En su declaración, el policía explicó que Luis Ramírez se mantenía en contacto con Claudio Mateluna, su primo, quien era el encargado de distribuir la sustancia. En definitiva, quien habría traído la droga a Puerto Montt era Luis Ramírez y no su hermano Manuel.

“El primo, quien no tenía antecedentes, pero que estaba siendo investigado hace tiempo por tráfico de drogas, tras ser detenido señaló que la pasta base no le pertenecía y que el propietario de la sustancia era quien había llegado desde Santiago, por lo que la línea investigativa de la policía se centró -a partir de un dato falso- en mi representado. Por ello fue formalizado por el delito de tráfico de drogas, quedando sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por cuatro meses y medio, mientras que su primo quedó en libertad”, cuenta la defensora de Manuel Ramírez.

Posteriormente, Claudio Mateluna –coimputado en la causa- realiza una nueva declaración en la Fiscalía de Puerto Montt, donde se retracta y exculpa a Manuel Ramírez en el caso, lo que nunca fue considerado durante el periodo de investigación, a pesar de haber sido expuesto durante las audiencias por la abogada Milena Galleguillos. La profesional solicitó en dos ocasiones la modificación de la prisión preventiva, la que no fue acogida por el Juzgado de Garantía. Durante el juicio oral que se realizó posteriormente, Mateluna no prestó declaración.

CONTRADICCIONES
En la sentencia también se determinó que el testimonio de los policías aprehensores, Rodrigo Díaz y Edison Almonacid, era contradictorio.

Milena Galleguillos recuerda que la PDI sostuvo en el juicio oral que su representado se encontraba en el interior de la vivienda mientras dosificaba la droga, lo que finalmente fue descartado con el testimonio de una testigo.

Díaz sostuvo que con la declaración de Mateluna, más la colaboración de una vecina y el hecho de que la droga fuera encontrada en la casa, se detiene a Manuel Ramírez, quien era la única persona que se encontraba en ese momento en la vivienda.

Por su parte, la vecina, quien arrendaba un inmueble en la parte delantera de la propiedad donde se encontró la pasta base, declaró en el juicio que esa noche llegaron los detectives a su casa preguntando por Claudio. En su testimonio cuenta que ella los fue a encaminar para mostrarles la casa, trámite en el cual  los efectivos andaban con uno de los jóvenes, al que describió como “morenito y bajito”, lo que coincide con los rasgos de Manuel Ramírez. Esto indicaría que el imputado estaba afuera de la casa a la llegada de los policías y no en su interior dosificando la droga.

El otro detective, Edison Almonacid, relató que al entrar a la casa, Manuel iba descendiendo de la escalera. El policía explicó que sobre una mesa ubicada en el segundo piso había droga en proceso de dosificación y secado. Por este motivo –dijo Almonacid- él fue detenido, ya que presuntamente había dosificado la droga, la cual había llegado el mismo día y que presumiblemente él mismo había transportado, ya que se le encontró un pasaje de un bus proveniente de Santiago.

En la misma investigación también se realizaron escuchas telefónicas, cuyos informes también presentan contradicciones. Según consta en la sentencia, “algunas transcripciones telefónicas del parte policial no coinciden con el informe de vigilancia por audio de las mismas llamadas. Son las mismas llamadas, pero se señalan distintas transcripciones y distintos partícipes. Ello se aprecia fácilmente en las respuestas dadas al interrogatorio del fiscal y en las respuestas que da al contra interrogatorio de la defensa”. La explicación que dio Edison Almonacid para estas contradicciones fue un “error de tipeo”.

Finalmente, la sala presidida por el magistrado Francisco Javier del Campo e integrada por las juezas Neyda Santelices e Ivonne Avendaño, el 28 de julio de 2009 absolvió a Manuel Alejandro Ramírez Silva, ya que a su juicio no se acreditó su participación en el tráfico de drogas, y condenó a Claudio Mateluna Silva a 541 días de presidio menor en su grado mínimo como autor de este delito.

En su acusación, el Ministerio Público había solicitado una pena de 6 años de presidio para Manuel Ramírez.

FALSO RECONOCIMIENTO
Un hecho similar al de Cristian López Rocha, quien fue sindicado como “el violador de Ñuñoa”, ocurrió en Puerto Montt, pero en una causa por homicidio.

Javier Alejandro Naiman Miranda, obrero de 20 años, pasó dos meses en prisión luego de que la pareja de un joven que murió tras ser apuñalado lo reconociera en una fotografía y lo acusara del asesinato. Tras ocho meses de investigación, fue sobreseído y declarado inocente.

Tras ser reconocido en un registro fotográfico, Naiman fue acusado, junto a otros dos sujetos, como autor del homicidio que terminó con la vida de Rubén Eduardo Guaitiao Cárdenas en la población Libertad de Puerto Montt, el 5 de julio de 2008.

 Tras pasar dos meses en prisión preventiva –desde el 6 de julio hasta el 9 de septiembre de 2008- fue sobreseído definitivamente en febrero de 2009, luego de que durante la investigación se estableciera su inocencia.

El drama del obrero comenzó luego de que Carabineros lo detuvieran un día después de la muerte de la víctima. En principio, él negó haber participado, pero –según le confesó a la defensora penal pública Fabiola Sepúlveda- tras ser presionado por efectivos de la PDI accedió y declaró haber apuñalado a la víctima. Esto se sumó a que los otros dos detenidos, acusados de golpear a Rubén Guaitiao la noche del 5 de julio, mientras compraba alcohol junto a su pareja, también lo sindicaron como el autor del hecho.

Otro antecedente en su contra fue que la pareja de la víctima, quien en su primera declaración dijo estar muy afectada como para recordar con claridad lo que pasó y saber quién agredió a su pareja, lo reconoció entre fotografías mostradas por la policía.

Sólo los antecedentes aportados por la familia del obrero y su nueva declaración -dada ante el fiscal y su defensora, Fabiola Sepúlveda- ayudaron a aclarar que Naiman no había estado en el lugar de los hechos, sino que estaba acostado durmiendo mientras ocurrió el crimen, por lo que fue sobreseído definitivamente en febrero de 2009.

AGREDIDO Y ENCARCELADO
Menos suerte tuvo el operario de una empresa salmonera, Jorge Alejandro Villarroel Mansilla, quien pasó 139 días tras las rejas, luego de que fuera imputado por robo con intimidación la noche del 21 de junio de 2008.

 Según la acusación del fiscal Sergio Coronado, el trabajador interceptó, junto a un menor de edad, a Ana Alicia Treimún Espinoza, en momentos que transitaba junto a sus tíos por avenida Circunvalación, en el sector alto de Puerto Montt.

“Allí, el imputado Villarroel Mansilla la amenazó con un arma de fuego que llevaba en su poder”, precisa el documento, al tiempo que le atribuye al menor la intimidación con un cuchillo, para quitarle a viVa fuerza la cartera que portaba con 20 mil pesos en su interior y un teléfono celular, especies con las que se dieron a la fuga.

Durante el juicio oral se presentaron los testimonios de la víctima, que daban cuenta de un asalto en la vía pública mientras se dirigían a la Iglesia Evangélica Pentecostal, y de una testigo presentada por la defensa, quien relató una violenta agresión por parte de las presuntas víctimas en contra de los imputados.

“Vi que a un niño lo tenían arrinconado, lo agredieron, le pegaron un combo en la cara, al rato salió un joven de una casa y se dirigió donde este niño –me imagino que a defenderlo-, se puso a discutir con uno de los hombres y llegó uno por detrás, quien le pegó con una piedra en la cabeza. Este joven cayó y quedó tirado, imagino que inconsciente. Le siguieron pegando hasta que se cansaron “, sostuvo frente al tribunal, que finalmente absolvió al menor y a Villarroel Mansilla.

La agresión habría comenzado momentos antes, cuando el menor se trenzó en insultos con los tres familiares, quienes denunciaron el supuesto asalto carabineros de la Quinta Comisaría, los que según el relato aportado por testigos durante el juicio “sacaron arrastrando de su casa” a Jorge Alejandro Villarroel.

“La testigo fue la única persona que se encontraba en el lugar de los hechos, por lo que pudo describir en detalle lo que realmente ocurrió. Durante el juicio se logró acreditar que mi representado no había cometido un robo, sino que fue víctima de una agresión por tratar de defender a un menor de edad”, precisa la abogado Sepúlveda.

En la sentencia, redactada por el magistrado José Bustos, se da cuenta que el acusado Villarroel Mansilla presentaba lesiones menos graves, “y que la prueba del Ministerio Público no se refiere al origen de dichas lesiones (…) sólo la defensa explica el origen de ellas a través de las declaraciones de la testigo presencial, testimonio que si bien aparece como extemporáneo, da algún grado de sustento a la teoría de la defensa”.

Para Villarroel Masilla, el Ministerio Público había solicitado una pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, y al momento de la imputación se encontraba cumpliendo una pena con el beneficio de la libertad vigilada por un delito contra la propiedad, el que se revocaría en caso de ser condenado, por lo que arriesgaba pasar 15 años tras las rejas.

EL INCENDIO
Aunque no llegaron a la cárcel, los ocho imputados por el atentado incendiario en contra de la sede de Salmón Chile sufrieron el rigor de ser sindicados como integrantes de un grupo terrorista.

Luego de que el fiscal Sergio Coronado decidiera no perseverar en su investigación en contra de todos los imputados, el último de ellos, el asistente social Paulo Rojas, recordó las dificultades que pasó durante los 13 meses que duró la investigación.

“Para nosotros fue una situación extremadamente incómoda, desde el hostigamiento policial que sufrimos y que se manifestó a través de permanentes controles de identidad, allanamientos no autorizados en nuestros hogares y hasta la confiscación de varios artículos personales”, contó.

Según Rojas, el caso lo afectó económica y socialmente. Quedó imposibilitado de ejercer su profesión, actividad en la que realizaba trabajos con jóvenes de estratos populares. “A nosotros nos estaban investigando por dos figuras, incendio y atentado explosivo. Esto me trajo muchos problemas, se generó un estigma hacia nosotros, ya que mucha gente nos vio en la prensa y los dardos del fiscal nos apuntaban directamente. Esto me produjo ansiedad y nos hizo estar muy alerta, acarreando dificultades familiares. Incluso perdimos un proyecto de intervención comunitaria”, relató.

Dentro de los equipos que fueron incautados en los allanamientos que se efectuaron durante la investigación se encontraba el computador personal de Rojas, el que habría llegado con daños tras los peritajes.

“Mi notebook  llegó con el disco duro inutilizable, motivo por el cual sencillamente no lo recibí para no romper la cadena de custodia. Estoy estudiando acciones legales para exigir al Ministerio Público las compensaciones correspondientes. Perdí años de trabajo, informes sociales, bibliografía de consulta, más que el aparato perdí gran cantidad de información”, dijo.

¿QUIÉN PAGA?
En junio de 1989, el caso del asesinato de María Soledad Opazo Sepúlveda, cuyo cadáver fue hallado en las cercanías del puente La Calchona, en Talca, remeció al país.

Después de cinco meses de indagaciones se detuvo por primera vez a tres amigos, Juan Contreras San Martín, José Alfredo Soto Ruz y Víctor Eduardo Osses Conejeros, los que  sólo un mes más tarde serían encerrados en la cárcel de Talca, siendo condenados en primera instancia por la magistrada, Erika Novack, en calidad de autores del salvaje homicidio.

Sin embargo y en fallo definitivo, la Corte de Apelaciones maulina, en una investigación encabezada por el ministro Rodrigo Biel, comprobó la inocencia de los tres condenados y decretó sus libertades, luego de que pasaran cinco años en la cárcel.

Sólo en octubre de 1998 se alcanzó un acuerdo de solución amistosa, donde el Gobierno chileno se comprometió a efectuar la compensación económica, el apoyo social, un acto reparatorio y el cambio en las normas legales a fin de reconocer el derecho a la indemnización a las víctimas por error judicial.

 Si bien este caso se registró mientras regía el antiguo sistema de procedimiento penal, el abogado que logró demostrar la inocencia de los tres jóvenes, Roberto Celedón, cree que recién hoy se tomando conciencia colectiva de la importancia del derecho de ser indemnizado cuando se cometen actos arbitrarios o erróneos en casos judiciales.

“El Ministerio Público tiene el monopolio de la acción persecutoria penal en Chile. Su Ley Orgánica tiene el artículo 5, que establece su responsabilidad civil en casos de conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias. Esto está ligado con otra norma del Ministerio Público, que plantea el principio de objetividad, que lo obliga a investigar tanto lo que le es favorable y lo desfavorable para el caso, lo que no se cumple ordinariamente por parte de las fiscalías. Como ellos son los que formalizan y acusan los imputados, les interesa recabar la mayor cantidad de pruebas para condenarlos”, precisa el profesional.

El abogado Jorge Vásquez, quien en un principio asumió la defensa de gran parte de los imputados en el caso del atentado en contra de las oficinas de Salmón Chile y representó a dos de los funcionarios de Carabineros involucrados en el “Caso Huenante”, sostiene que quien debe indemnizar es el Estado, pero quien es responsable de los errores que pueden privar de libertad a personas inocentes es quien está a cargo de la investigación, en este caso el fiscal del Ministerio Público.

“Las policías y cualquier otro servicio público son subordinados en la investigación que él conduce. Por ello, en casos donde exista negligencia, los fiscales deberían ser sancionados disciplinariamente”, opina.

SIN DEFENSA NO HAY JUSTICIA
Para el defensor regional, Francisco Geisse, el rol de la defensa en causas penales es fundamental para que verdaderamente se haga justicia y personas inocentes no terminen pagando una condena por un crimen que no cometieron.

“Su principal obligación es velar por los intereses del imputado en todas las etapas del procedimiento, como lo señala la ley. Desde el primer acto de investigación hasta la completa ejecución de una eventual condena, utilizando todos los derechos y  recursos que el sistema procesal pone a su disposición”, explica.

Para ello, se debe velar por que no se prive de libertad al imputado, sino en aquellos casos en que efectivamente esto sea absolutamente indispensable para los fines del procedimiento o la seguridad de la víctima o la sociedad.

De lo contrario, más de un inocente puede terminar tras las rejas. 

Por Luis Toledo Mora,
periodista diario El Llanquihue.

Sin embargo, el edificio de la Defensoría Regional resistió bien la prueba. El mayor problema fue la acumulación de nieve en el frontis y alrededor del edificio, lo que obligó a que muy temprano un grupo de funcionarios debieran palear para despejar la entrada y permitir el acceso de otros compañeros y del público.

La mayoría de los funcionarios pudieron llegar sin mayores problemas a la Defensoría Regional de Aysén y Local de Coyhaique. Sin embargo, tres funcionarios que viven en las afueras de la ciudad quedaron atrapados en sus casas. Por otra parte, las asistentes de Chile Chico y Cochrane -que se encontraban en Coyhaique por haber asistido a la Cuenta Pública Regional- tampoco lograron viajar hasta sus casas por las peligrosas condiciones del camino y del clima.

“Afortunadamente, todos los funcionarios y sus familias están bien. En la medida que se van despejando los caminos se han ido reincorporando al trabajo (…) preocupa que muchos continúan sin energía eléctrica ni agua en sus casas, pero creo que entre todos podremos ayudarnos”, comentó el Defensor Regional de Aysén, Juan Carlos Rebolledo.

Un situación especial vive Manuel Letelier, jefe de Operaciones de Informática de la Defensoría Nacional, quien viajó a la región para instalar un sistema de respaldo para las telecomunicaciones vía satélite en Chile Chico. Sin embargo, la nieve impidió su traslado, por lo que deberá permanecer en Coyhaique hasta que la situación se normalice.

ATENCIÓN DE PÚBLICO
Paralelamente, las audiencias en el juzgado de garantía continuaron desarrollándose normalmente, salvo que en esta oportunidad los defensores cambiaron los trajes y los zapatos lustrosos por pantalones térmicos y bototos a prueba de agua. Durante la tarde de ayer la atención de público en las oficinas se desarrolló con normalidad.

Fernando Soto, chofer de la Defensoría Regional que ha vivido toda su vida en la zona, comentó que este tipo de nevadas eran comunes años atrás, por lo que después de mucho tiempo el clima se encargó de recordarnos lo que es vivir en la Patagonia. “Como se hacía antes, hay que seguir la vida lo más normal que se pueda, pero paleando para hacer caminos que permitan salir de las casas y caminar por las veredas, caminando en lugar de usar vehículos o ponerles cadenas para evitar accidentes y, sobre todo, no descuidar el fuego en los hogares porque el frío es intenso”, comentó.

Según informaciones de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), desde 1982 no se registraba una nevada tan intensa como la que cayó entre el 9 y 10 de julio, acumulando en Coyhaique más de un metro de nieve.

Para complicar el cuadro, el pronóstico para los próximos días es poco favorable, por cuanto se anuncian temperaturas bajo cero, que provocarán que la nieve acumulada perdure por más tiempo en caminos, calles y techos de la región.

En el módulo de la Defensoría Penal Pública estuvo presente la asistente Claudia Munita Rojas, de la Defensoría Local de San Antonio, quien atendió las consultas ciudadanas y entregó material de difusión institucional a los interesados. 

En su recorrido por los módulos de los distintos servicios públicos participantes, la seremi de Justicia, María Isabel Ancarola Mery, visitó el stand de la Defensoría y agradeció la participación de sus funcionarios en esta actividad, que busca resolver en terreno las dudas, consultas e inquietudes de los vecinos.

El público asistente también hizo consultas y trámites en los módulos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), del Registro Civil, del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y de Gendarmería, entre otros.

Su propósito fue reformar radicalmente la respuesta del Estado ante los actos cometidos por un menor de edad, mayor de 14 y menor de 18 años, y que revisten carácter de delito.

El sistema tutelar anterior, en el que se debía establecer previo juzgamiento la capacidad de discernimiento, además de vulnerar la citada Constitución y referidos textos normativos, se traducía para ellos en la imposibilidad de ejercer sus propios derechos, frente a un Estado que realizaba procesos sin forma de juicio, aplicando medidas restrictivas de derechos sin participación de abogado defensor y dictaminadas por tiempo indeterminado. Incluso, aplicándoles sanciones privativas de libertad, a través de fórmulas abiertas como el peligro material o moral del joven o desajustes conductuales.

Por lo anterior, había consenso en la necesidad de reformar esto, no sólo por los precarios resultados en política criminal, sino también por las falencias en el ámbito de protección de derechos del adolescente. De este modo, la Ley N° 20.084 busca considerarlos como sujetos de derecho, los cuales deben ser protegidos en su desarrollo e inserción social.

Clara manifestación de esta consideración es que el artículo 2° de la Ley establece el “Interés Superior del Adolescente”, antes consagrado en el artículo 3° de la Convención sobre Derechos del Niño, “que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos” como señala textualmente.

Estos derechos -que debemos reconocer y respetar- son ciertamente derechos humanos propios de un sistema democrático, reafirmante del reconocimiento del adolescente como persona humana y contrario a la discriminación por minoría de edad. Los derechos del adolescente no dependen de ninguna condición especial y son aplicables a todos por igual, constituyendo un conjunto de derechos-garantías frente a la acción del Estado y representan, a su  vez, un deber de los poderes públicos de concurrir a la satisfacción de ellos.

El interés superior del niño implica que, al momento de adoptarse una decisión por el juez, se haga con respeto y promoción de sus derechos humanos, contenidos en un sistema reforzado de garantías frente a la pretensión punitiva y socioeducativa del Estado. O sea, constituye un principio jurídico garantista que obliga a la autoridad, debiendo abandonarse el esquema paternalista/autoritario que regía con antelación.

Con el reconocimiento y respeto de los derechos del adolescente, manifestado en su interés superior, pueden surgir conflictos entre éste y posibles intereses colectivos. El primero no puede quedar limitado o desmedrado por ningún tipo de consideración sustentada en intereses colectivos y, específicamente en materia penal, los derechos del adolescente tienen una primacía no excluyente de los derechos de terceros.

De esta manera, frente a un adolescente responsable por un hecho delictivo, sea el que fuere, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente busca responsabilizarlo para que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia, orientada a su plena integración social.

Al momento de imponerse una sanción, no es posible asimilar esa responsabilidad a la de un adulto porque, en su calidad de persona humana, sujeto de derechos, el Estado de Chile le reconoce derechos humanos reforzados que buscan incorporarlo en sociedad, para posteriormente poder exigirle conforme a esa entrega de recursos.
 
Esos recursos reintegradores sociales deben ajustarse a las necesidades específicas del adolescente, y no necesariamente a eventuales intereses colectivos en orden a imponer la sanción más severa, porque ésta no necesariamente logrará lo que como sociedad buscamos y que se plasma en la Ley N° 20.084, la plena integración social de nuestros jóvenes.

Por Luis González Ortiz,
defensor penal juvenil, Defensoría Regional de Atacama.

Durante la reunión, en la que también participó el abogado Gonzalo Medina Schulz, jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública, el legislador explicó que sobre todo en los casos de ciudadanos que ven injusta o arbitrariamente privada su libertad, es necesario que la ley permita un mecanismo de reparación para ese daño, criterio que fue compartido por la Defensora.

“Conocimos recientemente el caso de Cristián López, quien fue imputado por delitos de violación que no cometió y debió pasar cinco días en prisión preventiva hasta que el examen de ADN demostró que era inocente. Los autores de este proyecto creemos que llegó la hora de actualizar la norma constitucional y defender de esa manera los derechos de personas que  injusta o arbitrariamente han sido víctimas de privación de libertad, que es lo que más nos preocupa”, explicó Uriarte.

El parlamentario añadió que hace algunos años presentó un proyecto similar, que finalmente fue archivado, de modo que al hacerse pública la situación que afectó a este vendedor ambulante –que llegó a ser expuesto como el ‘violador de Ñuñoa’-, decidió presentar un nuevo proyecto del mismo tipo.

“De todos los casos que uno revisa, la privación de libertad es por lejos la mayor vejación que se le puede provocar a un ser humano, sobre todo cuando esa privación es ilegítima, arbitraria, caprichosa. Y lo que hace este proyecto es poner el tema en discusión. Esperamos que todos los actores vinculados con la administración de justicia se abran a esta discusión”, declaró.

SÓLO TRES CASOS
Tal como lo expuso Paula Vial durante la conversación, se trata de un tema de fondo, pues casos como el de López no son aislados. De hecho, sólo el año pasado 639 personas que fueron imputadas y luego absueltas de distintos delitos estuvieron en prisión preventiva durante la tramitación de sus causas.

Al respecto, la norma constitucional actual permite o da pie al pago de indemnizaciones sólo en los casos en que la Corte Suprema haya condenado o sometido a proceso a un persona a través de “una sentencia manifiestamente injusta o arbitraria”, calificación que tanto el diputado como Paula Vial consideraron requisitos muy difíciles de probar en un juicio, lo que explica que hasta ahora no existan más de tres casos en que el Estado ha pagado finalmente una indemnización.

“Lo que nos interesa es que en todos los casos en que una persona haya estado privada de libertad y finalmente haya resultado absuelta –y en consecuencia, esa privación de libertad haya sido injustificada o haya afectado a una persona inocente- se le repare por la privación que sufrió de este derecho tan fundamental. En estos errores hay una responsabilidad pública involucrada. Es el Estado el que persigue penalmente a las personas, y obviamente es quien tiene que hacerse responsable de indemnizar, independiente de la responsabilidad funcionaria que exista”, señaló la Defensora Nacional.

CAUSAS DE ERRORES
La autoridad agregó que, en general, las causas de estos errores se refieren a diligencias de investigación como reconocimientos en ruedas de presos o confesiones no efectuadas como corresponde, es decir “de acuerdo con protocolos preestablecidos y públicamente conocidos, que fijen estándares mínimos para las investigaciones”.

Tras reunirse con Paula Vial, el diputado Uriarte concurriría hasta el despacho del ministro de Justicia, Felipe Bulnes, para revisar el mismo tema, tal como pretende hacerlo pronto con las autoridades del Ministerio Público y con el presidente de la Corte Suprema. El proyecto del parlamentario –en tanto- ya fue presentado y pronto será puesto en tabla por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara.

El evento, que contó con la participación de la Defensora Nacional, Paula Vial, y diversas autoridades regionales, se desarrolló en el Salón Auditorio de la Caja de Compensación La Araucana, en Punta Arenas. En su alocución, Vivar aseguró que la consolidación de la Defensoría Penal Pública es fruto del compromiso de todos quienes diariamente se desempeñan en la institución.

DEFENSA Y COBERTURA 
El Defensor Regional informó que desde el 16 de diciembre de 2002, en Magallanes la Defensoría ha atendido a 17 mil 27 personas, mientras que en 2009 ingresaron 3 mil 494 imputados, un 92,2 por ciento de los cuales correspondió a adultos y un 7,8 por ciento a adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años, es decir 272 adolescentes.
Vivar explicó que el porcentaje de personas con causas terminadas en el año fue de un 79,6 por ciento, y en cuanto a los delitos más recurrentes por los que se formaliza a las personas en la región, detalló que el 21 por ciento correspondió a lesiones, el 19 por ciento a aquellos contenidos en la Ley de Tránsito y el 11 por ciento a delitos contra la libertad e intimidad de las personas.

El Defensor Regional aclaró que el 56,1 por ciento de las causas fueron asignadas a defensores institucionales y el 43,9 a defensores licitados. Respecto de las medidas cautelares decretadas en 2009, el 2 por ciento correspondió a prisiones preventivas. 

El abogado hizo referencia a que la tasa de encarcelamiento -es decir personas cumpliendo condenas efectivas e imputados en prisión preventiva- alcanzó en Magallanes a 221 personas por cada 100 mil habitantes, lo que ubica a la región entre las de menor tasa en el país, muy por debajo del total nacional, que es de 311 personas.

DEFENSA Y CALIDAD
Entre los logros obtenidos durante el año 2009, el Defensor Regional destacó que la DPP magallánica obtuvo las mejores evaluaciones a nivel nacional en estudios de satisfacción de usuarios y cumplimiento de estándares de defensa. También resaltó que en las inspecciones internas llevadas a cabo durante 2010  los defensores licitados de la zona han sido calificados con un muy buen desempeño.

Como corolario de todo lo anterior, Juan Vivar mencionó que en 2009 la Defensoría Regional logró un 32,2 por ciento de absoluciones por delitos en juicio oral, porcentaje que fue el más alto a nivel nacional para dicho periodo.

Entre las actividades intrapenitenciarias relevantes de 2009, mencionó la  primera Plaza Ciudadana realizada en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas para internos condenados y sus familiares -a la cual asistió la Defensora Nacional, Paula Vial- y los diálogos que mantuvo con los internos de los penales de Puerto Natales y Porvenir.

Vivar anunció también que este año se va a inaugurar el nuevo edificio de las Defensorías Regional y Local de Punta Arenas. La edificación, cuya estructura será de hormigón armado y albañilería no estructural, tendrá una superficie total de 587,50 metros cuadrados, que permitirán entregar mayor comodidad a los usuarios externos e internos del servicio.

AUTONOMÍA
Vivar cuestionó en su discurso que en el país se siga haciendo un excesivo uso de la prisión preventiva. Al respecto señaló la necesidad de que existan procesos objetivos de autocontrol en las instituciones, que eviten errores en los procedimientos de reconocimiento de detenidos, porque pueden llevar a que una persona sea sometida a prisión preventiva injustamente.

“Calidad de defensa y eficiencia administrativa en el uso de los recursos públicos -dijo Vivar- permiten hoy a la Defensoría solicitar la autonomía institucional. Requerimos una defensa penal pública ajena a cualquier tipo de intereses, que sea el resguardo pleno de los derechos de nuestros ciudadanos”, concluyó.

Así, los medios, sedientos de lograr revertir el sufrimiento de las víctimas, expusieron la captura y juzgamiento de aquella monstruosidad,  que no merecía siquiera vivir, según algunos. De igual forma, observamos a connotados panelistas de programas misceláneos del canal de todos los chilenos, cómo reclamaban o se interrogaban -sumidos en su ombligesta ignorancia televisiva-, en torno a porqué se había dado la libertad al  imputado, porqué no lo dejaban unos días adentro hasta que comprobara su inocencia…  y remataban diciendo: ‘total, el que nada hace, nada teme’.

Es este tipo de información con la que la  mayoría de los chilenos internaliza la operatividad del sistema  penal, junto a flashes y declaraciones cruzadas. Bajo ese escenario, difícil es hacer comprender que ante imputaciones de tal envergadura, se requieran antecedentes que estén a la altura de tales imputaciones, sobre todo en casos donde ha existido contacto corporal o de fluidos entre víctima e imputado, siendo la prueba biológica la que se impone, en estos caso.

Los reconocimientos se tornan, en estos casos, como la herramienta más feble para poder generar convicción en los sentenciadores. Tales mecanismos probatorios no están regulados en el nuevo proceso penal, y sí –paradójicamente- en el antiguo sistema (rueda de reconocimiento de presos). No obstante ello, el órgano persecutor, ante la falencia legislativa, puede suplirla, cuestión que a juicio del suscrito no ha realizado, incumpliendo de esta forma su mandato constitucional de objetividad, según lo dispone su Ley Orgánica Constitucional.

Pues así como estandarizan -mediante instructivos- qué caso va o no a una salida alternativa, o cuánto grado de alcohol se requiere en la sangre para optar a una suspensión del procedimiento, o cuánto tiempo se suspende la licencia de conducir, fácilmente bastaría una unificación de criterios, ya sea a nivel nacional o regional, en torno al lugar donde se efectúa el reconocimiento, qué personas son llevadas a las ruedas, su edad, sus característica físicas y de vestimenta, qué funcionario policial será el que  interactúe con la víctima (uno distinto del que detuvo al imputado), etc.. 

Ello evitaría situaciones como la  vivida por el “psicópata de la bicicleta”, evitándose absurdos comentarios televisivos como los realizados por un conductor en el matinal de todos los chilenos…

Por Roberto Vega Taucare,
defensor local de Antofagasta.

Los jueces desestimaron los cargos de tráfico de cocaína, en una audiencia en que actuó un intérprete de idioma quechua para que el acusado pudiera entender lo que allí se habló. Luego, al comunicar su veredicto, los magistrados precisaron que los antecedentes presentados por la defensora penal pública Alejandra Gálvez demostraron que “no pudo actuar con el conocimiento y voluntad de realizar la acción”.

La imputación en contra del campesino quechua surgió el 25 de julio de 2008, cuando funcionarios de Aduanas encontraron cocaína adosada a un asiento del bus en que éste viajaba, lo que fue inmediatamente denunciado al OS-7 de Carabineros, cuyos funcionarios lo detuvieron.

La defensora del ciudadano boliviano hizo notar que su representado aseguraba no ser el propietario de los paquetes con droga y no haber manipulado los asientos. También explicó que la butaca del lado a la que ocupaba era usada por otra persona, que se bajó y desapareció precisamente minutos antes de la revisión.

FACILITADORA INTERCULTURAL
Para reforzar las evidencias que fundamentaban la inocencia del campesino, la defensa intervino con su facilitadora intercultural, Inés Flores, quien advirtió sobre las características étnicas asociadas al caso, además de algunas dificultades comunicativas del imputado. Con tal refuerzo profesional se logró autorización para peritajes interculturales y siquiátricos en el Servicio Médico Legal, además de uno de la especialidad de sicología forense, todos los cuales respaldaron la tesis de la Defensoría Regional de Tarapacá.

El Tribunal Oral en lo Penal estableció también que su ponderación del caso se hizo de acuerdo a los parámetros establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en lo que sería uno de los primeros casos de aplicación práctica en este tribunal de tal documento, ratificado por Chile el año pasado.

En los artículos del Convenio considerados por los jueces se establece que “las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”.

En la misma audiencia, la abogada Gálvez solicitó la liberación de Claudio R.U., quien retornó a su país al día siguiente para buscar a su esposa y a sus tres hijos, a quienes dejó de ver durante los casi dos años que estuvo detenido en Chile.

AGRADECIMIENTOS
“Le doy muchas gracias a la señorita abogada, también a doña Inés”, dijo Claudio R.U. poco antes de abordar el bus que lo llevó de regrerso a Bolivia. Además, en las pocas y pausadas palabras que aprendió del idioma castellano en estos dos años, contó que antes de ser detenido trabajaba como obrero agrícola en el pueblo de Ornoma, en una aislada comarca cercana a la ciudad de Cochabamba.
 
La abogada Alejandra Gálvez se mostró contenta por el feliz desenlace para otro de sus defendidos, y también impresionada por la sencilla gratitud que le mostró el campesino. “Casos como éste nos motivan enormemente a seguir ejerciendo nuestra acción de cautelar los derechos que toda persona tiene cuando es objeto de la persecución penal. Se trata de que se haga justicia y sin una defensa apropiada no la habría”, precisó.

Inés Flores, la facilitadora intercultural de la Defensoría Regional de Tarapacá, participó en la preparación de la defensa pública de este caso, atendidas las características étnicas del ex imputado. “Era un claro ejemplo de una persona que, perteneciendo a una cultura indígena, se ve enfrentado a un sistema ajeno que no conoce, al punto de apenas expresarse y entender algo en idioma español”, planteó.

En su mayoría, los internos se acercaron para preguntar sobre sus causas o para aclarar distintos aspectos de sus procesos judiciales, por lo que las preguntas más frecuentes giraron en torno a la posibilidad de unificación de penas o a los requisitos necesarios para obtener algún beneficio.

Araya y Jiménez les explicaron que no cumplir con los requisitos establecidos por el tribunal para obtener el respectivo beneficio, y peor aún, cometer nuevos delitos durante la vigencia de éste resulta nefasto para el imputado.

Con la finalidad de prestar un real servicio a las personas privadas de libertad, la Defensoría Regional decidió que las respuestas a las inquietudes que no alcanzaron a ser resueltas en el momento se harán llegar a los interesados a través de la visita de su defensor o de una carta enviada directamente al penal. Se acordó, además, participar en una futura plaza de este tipo, que se efectuará en Vallenar.

Al finalizar, tanto hombres como mujeres internos en el recinto expresaron sus agradecimientos por esta oportunidad y solicitaron que hubiese otra actividad similar, que considere más tiempo para que los escuchen y les entreguen recomendaciones respecto de sus problemas.

El tema no es menor, pues esa acta que todos firman y nadie lee tiene un origen que estimo pertinente traer a colación, para graficar la trascendencia de los derechos del detenido y que debe ser parte de la conciencia cívica de los ciudadanos de un país, que se precia de  estar siempre en vías de desarrollo.

Ernesto Arturo Miranda (1941-1976) fue un ciudadano norteamericano, quien fue acusado de diversos crímenes en su país, los que confesó espontáneamente a la policía durante el interrogatorio policial que se le efectúo. Luego con este antecedente, el caso fue llevado a juicio y la persona fue condenada.

Después del procedimiento, el caso fue llevado por su defensa a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, la que decidió anular el procedimiento seguido en contra de Miranda, pues estimó que la confesión que se ofreció como medio de prueba fue obtenida violando la quinta enmienda de la Constitución norteamericana, la que asegura que: “Nadie estará obligado... ni se le compelerá a declarar contra sí mismo en ningún juicio criminal”.

Esta norma está reproducida en catálogo de derechos del detenido que contempla el artículo 93 de nuestro Código Procesal Penal, señalando que todo imputado tiene  derecho a guardar silencio y tiene derecho a ser asistido por un abogado desde los actos iniciales de la investigación.

Conforme a la falta de conocimiento de los derechos, la Corte ordenó la realización de un nuevo juicio al señor Miranda, donde fueron presentados diversos testigos y otros antecedentes y en el cual resultó finalmente condenado. El caso dio pie para que se reestructuraran los procedimientos policiales y al momento de detener a una persona se obligara a la policía a usar la frase: “Usted tiene derecho a mantenerse callada, cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra, y tiene derecho a contar con la presencia de un abogado, ya sea contratado por usted o si no lo tiene, el Estado le proporcionará uno”.

Conocida ahora como la “Miranda Warning”, es una frase que uno escucha a diario en cada serie policial cuando se detiene a una persona.

Ernesto Miranda, al igual que muchas personas de nuestro país, desconocía sus derechos más esenciales y tampoco los valoraba. Por ello, al ser interrogado, declaró y se auto incriminó. Esta decisión, según indicó la Corte Suprema norteamericana, no tiene nada de malo, siempre y cuando se haga estando debidamente informado del derecho que se tiene a guardar silencio y a contar con un abogado desde los actos iniciales de la investigación.
 
Si uno mira desde fuera esta situación, piensa ¿qué de malo tiene que el “delincuente” confiese su crimen? El tema es que la experiencia histórica indica que las confesiones no son muy fiables, sobre todo cuando son realizadas en las primeras etapas de la investigación, en un cuartel o recinto policial, en solitario, creyendo que la declaración lo puede exculpar, asumiendo que la declaración prestada es la misma que usted firmó.

Y lo cierto es que pequeñas palabras pueden torcer el sentido de la declaración y esas  declaraciones se hacen desconociendo los derechos que se tienen, y en algunos casos simplemente podría suceder -al menos en teoría- que los agentes policiales tomen declaraciones sin respetar el procedimiento, comunicando los derechos luego de haber prestado la declaración o  bien únicamente pidan que la persona firme un papel, sin expresar el contenido de éste, o simplemente le hagan ver que en los primeros momentos es mejor no complicar las cosas y que la presencia del abogado “lo va a hacer todo más complicado”.

Si usted me pide un consejo, guarde silencio y antes de cualquier declaración, mejor consulte a su abogado. No olvide el caso de Miranda y recuerde que si no tiene un abogado, el Estado le proporcionará uno.

Por Patricio Pinto Castro
defensor penal licitado,
Defensoría Regional de Atacama.

Marcelo Ravanales (37 años, a la izquierda en las fotografías) puede decir con propiedad que Cristián López (36), quien permaneció cinco días encarcelado acusado de ser el “violador de Ñuñoa”, tuvo la “suerte” de salir en los medios y gritar su inocencia; la presión mediática hizo que los resultados de su examen de ADN estuvieran rápidamente y demostraron que él no era el sujeto que la policía buscaba.

Ravanales no tuvo la misma cobertura. Sólo el diario comunal Puente Alto al Día llevó una nota donde lo sindicaba como “el violador de una menor de 3 años”, supuesto delito por el que permaneció 13 meses en prisión preventiva antes de que en el juicio oral, realizado en marzo de este año, fuera absuelto tras demostrarse que el delito jamás existió.

En febrero de 2009, una vecina lo acusó de violar a su hija de 3 años y 11 meses, quien había estado en casa de Ravanales, jugando con su hijo menor, también de 3 años. Desde entonces, una serie de procedimientos mal realizados lo mantuvieron en el módulo 37 de la cárcel Santiago Uno, destinado a procesados por delitos sexuales.

La presunta víctima había sido encontrada por su madre sin pantalones ni ropa interior y manchada por sus necesidades biológicas. La mujer lo encaró, sin que éste lograra darle una respuesta que la convenciera de por qué su hija estaba así. “Siguió insistiendo y yo no tenía otra que decirle que no lo sabía. Hasta que en algún momento le dije: ‘bueno, qué es lo que está insinuando’ y ella me dice que creía que yo había violado a su hija. Le dije que ‘si cree que yo la violé, vaya al hospital para que la revisen, porque yo no le he hecho nada’”, cuenta Ravanales.

En el Hospital Sótero del Río constataron que la niña no tenía lesiones, sólo diarrea, pero por protocolo la derivaron al Servicio Médico Legal (SML), donde fueron citados al día siguiente. En todo el período, la niña no fue aseada, para evitar perder evidencia, y las declaraciones -tanto de la madre como de una funcionaria de Carabineros- indican que un líquido blanquecino corría por las piernas de la niña, lo que presumían era semen.

No obstante, los resultados de los exámenes señalaron que la menor no estaba desflorada y lo único anormal era un enrojecimiento anal, aunque no atribuible a una penetración. Como consta en la transcripción de la audiencia, los peritos que participaron de los análisis a la niña señalaron que las lesiones concordaban con el cuadro diarreico. Ninguna de las evidencias biológicas mostró componentes genéticos masculinos y la menor nunca mencionó que el acusado la hubiese atacado en ninguna de las pericias sicológicas realizadas.

“Declararon que aquí ni siquiera había existido delito”, afirma Juan Pablo Gómez, defensor público. Pero ¿por qué tardaron más de un año en demostrarlo? ¿Qué pasó con las pruebas de ADN? Según el defensor, fue una descoordinación de la fiscalía.

“Que en 13 meses el fiscal no haya conversado con el perito del SML es insólito. Llegamos al juicio con el informe del SML con pruebas no compatibles con violación, sino con las de una niña que minutos antes del examen se rasca el potito”, afirma.

JUSTICIA BUROCRÁTICA
Dos meses después de ser detenido se tomaron las muestras de sangre de Ravanales para realizar el examen de ADN. Los resultados -dependientes del SML- tardaron ocho meses en llegar.

Luis López, jefe del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI), explica que una prueba de ADN tarda en estar lista entre 5 a 7 días, “dependiendo de la calidad de la muestra”. Los procesos más largos son los que involucran huesos".

“Generalmente cuando llega evidencia biológica hablamos de 45 días, en que llega y se despacha junto al informe. Hay informes que son más urgentes y que podemos hacer más rápido, depende de la connotación pública que tenga el caso, hay que sacar otros que están y ponerlo en primer lugar”, dice, lo que va en desmedro del resto de los exámenes que tardarán aún más.

Hugo Jorquera, especialista en genética forense y director técnico de Biogenetics -laboratorio privado de exámenes genéticos-, explica que el tiempo que demore una prueba de ADN en arrojar resultados depende del tipo de examen (paternidad-identidad) y la calidad de la muestra, pero puede ser 4 a 5 días hábiles, una semana, máximo, con informe incluido.

Un examen de paternidad, por ejemplo, con muestras que se obtienen directamente, puede estar listo en 24 horas. “Los exámenes de ADN toman un tiempo que está casi como inflado. Todos los pasos que haces podrías tenerlos listos, si comienzas trabajando en la mañana, al final de la tarde, no más que eso. No va a ser algo de mejor calidad si me tomo una semana para hacerlo”, dice Jorquera.

“Aunque hay que considerar que los organismos públicos trabajan con cerca de 20 pruebas a la vez. Tener que extraer una muestra de una tela podría tardar algo más el proceso, aunque no más de dos días”, añade Jorquera.

ABANDONADO
La madrugada luego de que Marcelo Ravanales fuera acusado de violación, y luego de que los padres de la menor volvieran a casa sin que su hija fuera analizada en el SML, ellos alentaron a los vecinos para atacar su casa y auto. Para defenderse, el acusado llamó a Carabineros, que dispersó a la gente, pero todo empeoró cuando les dijeron que adentro había un violador, por lo que lo sacaron esposado y trasladado hasta una comisaría, incluso sin orden de detención.

Ravanales cuenta que estando en el calabozo fue golpeado y obligado a desnudarse e incluso fue expuesto a quienes entraban a la comisaría como “un violador de niños”. Sólo estando ahí llegó una orden de detención emanada por fiscalía, fue llevado a una audiencia de formalización de cargos donde el fiscal pidió prisión preventiva por delito de violación, pues el examen del SML señalaba que la niña tenía un “eritema en el ano” (enrojecimiento), que podría haber sido producido por un objeto contuso. Entonces, el perito que la analizó no sabía que la niña estaba con diarrea.

“Me enviaron al módulo 37, donde están los presos por delitos sexuales, ahí tuve que convivir con ellos por 13 meses, donde hay violadores verdaderamente culpables, pero también inocentes. Yo creo que el sistema judicial es tan imperfecto que no soy una excepción a la regla. Hay mucha gente acá que está presa siendo inocente, yo tuve la suerte de salir absuelto, pero hay mucha que debe estar cumpliendo penas de 5-10 años por abusos sexuales que no son posibles de comprobar científicamente”, dice Ravanales.

El año pasado, según cifras de Defensoría Nacional, el 22 por ciento de los procesados que cumplieron prisión preventiva fueron absueltos cuando se demostró su inocencia (639 personas). Entremedio, muchos perdieron trabajo, familia y su honor.

“Da impotencia que nadie te escucha y que quieres decirle al mundo que eres inocente, pero sientes el prejuicio social, como que si estás preso ya eres un violador y se cierran todas las puertas. No prevalece el derecho de la presunta inocencia”, dice Ravanales.

DEFENSA VITAL
La evidencia científica no es la única que influye en que un inocente se salve de la cárcel, la defensa es clave y por eso el nuevo sistema penal incluyó defensores públicos, para que ningún acusado se quede sin abogado.

Marcela Fajardo, directora ejecutiva de Pro Bono, organización que agrupa a abogados que realizan trabajo gratuito a sectores vulnerables, afirma que el antiguo sistema era peor, pues quienes no podían acceder a defensa pagada corrían el riesgo de ser condenados sin un juicio justo, como ocurrió con el caso del puente La Calchona, en que un grupo de jóvenes fue encarcelado por matar a una mujer en Talca. “El sistema anterior era un desastre, deben haber cometido muchos errores, que no se han vuelto a investigar”, sostiene Fajardo.

Víctor Osses, José Alfredo Soto y Juan Manuel Contreras fueron absueltos tras 5 años en la cárcel, por lo que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) los indemnizó con una pensión vitalicia de 300 mil pesos mensuales, sólo después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interviniera. Ganar un juicio contra el Estado por error judicial es casi imposible, aún más si la prisión era preventiva y no condena.

Ravanales no está seguro de lo que su defensa pedirá como retribución por el daño del error judicial. A casi tres meses de salir de la cárcel, está tratando de empezar su vida desde cero, consiguiendo un trabajo y viendo a sus hijos los fines de semana. La relación con su mujer se terminó mientras estaba en la cárcel, aunque ella asegura que siempre confió en él.

“Que me retribuyan en parte el daño que me hicieron, a mí, a mi familia y a todo mi entorno, no solamente soy yo el que sufrió”, dice. De la familia de la niña no espera nada, “lo que espero es que los profesionales, que tienen el deber de hacer justicia, que son gente preparada, ellos sí tienen que reconocer el error, pedirme disculpas y hacer alguna reparación”.

ARCHIVO DE ADN
La evidencia criminal analizada por la PDI sólo es guardada mientras se realizan los peritajes de la fiscalía requiera. El Ministerio Público puede solicitarlos cuantas veces lo requiera, pero en la PDI aclaran que no son los encargados de conservar estas pruebas mientras dure el juicio. “Los resultados los recibe el fiscal, hasta ahí llega nuestra participación con la evidencia, eso depende después del transcurso de la investigación. Si necesita hacer otra prueba tiene que volver a remitirse”, cuenta Luis López, jefe del Lacrim.

López explica que hay pruebas que por su tamaño se eliminan con la pericia, como una gota de sangre que se destruye al analizarla. Los huesos, la ropa se conservan aún después del análisis, porque pueden ser periciados por otra especialidad.

El problema es que en Chile existe una base que tiene sólo la información genética de los procesados. “Si yo encuentro muestra genética en ropa íntima y hay un imputado, se le toman muestras al imputado y una vez que se tengan resultados se hace la comparación y el resultado va a decir si le corresponden a él”, explica López.

Si el resultado es negativo se busca en el registro de huella genética, pero si la muestra pertenece a alguien que nunca ha sido procesado, es imposible saber a quién corresponde. Como sucedió con el caso del “Sicópata del Pincel”, donde se encontraron colillas con ADN de dos personas que nunca fueron identificadas.

PRESENTARÁN PROYECTO DE LEY
La Constitución de 1980 (Art. 19 Nº 7, letra i) establece que sólo quienes son procesados o condenados en forma errónea o arbitraria tienen derecho a ser indemnizados por el Estado, excluyendo a quienes son detenidos o cumplen prisión preventiva por error.

Para acceder a dicha enmienda hay que recurrir a la Corte Suprema y los tribunales civiles, y para que una resolución sea considerada “injustificadamente errónea o arbitraria”, la misma Corte debe determinar que lo es. En Chile sólo se ha logrado indemnizar cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido.
Desde 1992, el Congreso ha generado siete mociones que intentan modificar el artículo 19, sin que hasta ahora hayan prosperado.

Este fin de semana el diputado Gonzalo Uriarte (UDI) se reunió con Cristián López -detenido por ser el supuesto violador de Ñuñoa- para presentarle un proyecto -patrocinado también por su par, Felipe Salaberry- para flexibilizar la ley y lograr que víctima sea compensada más rápido.

PROYECTO INOCENCIA
James Bain, un afroamericano del estado de Florida (EE.UU.), tenía 19 años cuando fue acusado de secuestrar y violar a un niño de 9, por lo que en 1974 fue condenado a cadena perpetua. Tras 35 años encarcelado, a fines del año pasado un examen de ADN demostró su inocencia.

Bain es, según The Innocence Project (Proyecto Inocencia), organización de Estados Unidos que se encarga de demostrar la inocencia de personas erróneamente condenadas a través del uso de pruebas de ADN, la persona que ha permanecido más tiempo en la cárcel por error. Pero no es la única. Desde su fundación, en 1992, han logrado exonerar a cerca 250 personas en Estados Unidos, el 70 por ciento pertenecía a alguna minoría.

Cada año reciben más de 3 mil cartas de condenados o sus familiares que piden ayuda para demostrar su inocencia. Como sus reinvestigaciones tardan hasta ocho años, se descartan aquellas solicitudes en aquellas en que ya no sea posible volver a realizar pruebas de ADN, decisión tomada por el equipo de abogados y coordinadores que trabajan en la institución.

“Si el caso no supone una evidencia biológica o ADN, tenemos que decir que no y referirlos a visitar sitios web de distintas organizaciones para ver si hay un programa que ofrezca asistencia legal e investigativa más amplia”, explica Alana Salzberg, vocera de la organización, quien reconoce que mantienen 300 casos activos y una red de 52 proyectos en Estados Unidos y otros nueve internacionales, entre Australia, Inglaterra, Canadá y Nueva Zelandia.
 
Por Cristina Espinoza,
diario La Nación.

El primer encuentro se produjo con el diputado Nino Baltolú Rasera, quien en marzo pasado inició su primera experiencia como parlamentario por la zona, luego de haber sido concejal por la comuna de Arica. Baltolú recibió al directivo de la Defensoría en su sede distrital, escuchando con atención los planteamientos institucionales.

La segunda audiencia fue con el diputado Orlando Vargas Pizarro, quien también llega por primera vez al Parlamento. Se efectuó en su sede parlamentaria y allí Vargas se mostró muy interesado en conocer la función y preocupaciones de la Defensoría Penal Pública.

“Les planteamos nuestra inquietud respecto de la cantidad de ciudadanos que, siendo inocentes, han llegado a cumplir un amplio periodo de prisión preventiva, a veces por más de un año antes de que el Tribunal Oral los declare absueltos”, planteó el Defensor Regional.

Gálvez agregó que otro punto importante en estos encuentros fue el tema de la autonomía institucional, en torno a lo cual destacó la existencia de proyectos de ley en el Parlamento. El diputado Vargas no sólo mostró su especial interés por esta materia, sino que comprometió su apoyo a la DPP.

Este es un nuevo caso ocurrido en la Región del Maule, en que una persona es absuelta y recupera su libertad gracias al trabajo desarrollado –en este caso- por la abogada Carla Pérez Trigo, de la Defensoría Penal Pública.

La historia de este caso se inició el 11 de junio de 2009, en la comuna de San Clemente, cuando Carlos Bravo Ailio tuvo una discusión con la supuesta víctima en la vía pública, y ésta recurrió a Carabineros para denunciar que Bravo supuestamente lo había amenazado con un arma, con el fin de quitarle sus pertenencias.

Producto de lo anterior, Bravo Ailio fue detenido en el domicilio de un conocido suyo, mientras participaba de una fiesta, y luego fue llevado hasta el Juzgado de Garantía de Talca, donde se decretó que quedara en prisión preventiva en la cárcel de Cauquenes.

ABSUELTO EN JUICIO ORAL
Durante el juicio oral no se pudo acreditar que el arma de fabricación artesanal estuviese en poder del imputado, lo mismo que las especies objeto del robo. Bravo insistió en su inocencia y en que desconocía el arma hechiza en cuestión.

Tampoco fue convincente la declaración de los testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos funcionarios de Carabineros de San Clemente y una persona, dueña de la casa donde se realizaba la fiesta, y quien –según testimonio policiales- al momento de los hechos estaba en manifiesto estado de ebriedad y presentaba serios problemas visuales -como constató el tribunal-, entrando además en contradicciones en su declaración.

Según consigna la sentencia del tribunal, los hechos no se encuadran “dentro de la figura típica de robo con intimidación, por cuanto faltan los elementos de intimidación y apropiación” -que no fueron acreditados-, por lo que los magistrados resolvieron absolver al imputado.

Sin embargo, tal decisión fue apelada por el Ministerio Público mediante un recurso de nulidad presentado ante la Corte de Apelaciones de Talca, instancia que lo rechazó, ratificando así la decisión del tribunal oral.

SU PADRE MURIO MIENTRAS ESTABA PRESO
Pero esta historia trajo consigo otro drama humano. Según Carlos Bravo, durante el tiempo que permaneció en prisión preventiva, su padre enfermó y luego murió, producto de una depresión, causada precisamente –como indicó- por el problema que lo afectaba.

Bravo pudo concurrir al funeral de su padre, pero engrillado y custodiado por Gendarmería, lo que le causó tristeza y rabia,  más aún porque estaba plenamente convencido de su inocencia.  “Mi padre nunca había enfermado. Las personas que entienden dicen que estaba con depresión y yo llevaba tres meses en la cárcel”, explicó.

Por ello, hoy en su domicilio en San Clemente, Bravo destaca la labor de la defensora penal Carla Pérez Trigo, quien contribuyó al esclarecimiento de los hechos para alcanzar su libertad. Agregó que retomará su vida, buscará nuevos horizontes laborales y verá la manera de presentar acciones legales en contra de quienes le imputaron tan gravísimos hechos.

Y razones sobran para esta tarea: la destrucción de las cárceles de Chillán y de Los Ángeles, sumada a los severos daños que sufrió la cárcel El manzano en Concepción -todo por efecto del terremoto y la acción de los propios reclusos- obligó a trasladar a más de mil internos dentro y fuera de la región, además de poner anticipadamente en marcha el penal concesionado Biobío, aún antes de que estuviera completamente terminado.

Todo lo anterior explica por qué el Defensor Regional, Gerogy Schubert, fue invitado nuevamente al programa ‘Contrapunto’ de radio El Conquistador, para profundizar sobre este y otros temas, que en los últimos días han tenido a la DPP en el foco de la noticia.

En ese espacio, Schubert reiteró la necesidad de buscar fórmulas para que los trabajos y los recursos necesarios para intentar regularizar la situación de los penales en la región lleguen lo antes posible, “entendiendo que hay otras prioridades en la tarea de reconstrucción, pero que también son necesarios para la dignidad y seguridad de los propios internos y de quienes los custodian”.

No quedó fuera de la conversación -con el periodista Fernando Gutierrez- la voz de alerta que generó la formalización de cargos y la prisión preventiva sufrida por un inocente que fue acusado de violación en la capital, tema que ha sido otra de las preocupaciones constantes de la institución a lo largo de estos años.

Casos que comienzan de a poco a repetirse y que revelan la necesidad de acordar criterios y protocolos que permitan mejorar una diligencia tan importante como el reconocimiento que las víctimas de un delito pueden hacer de los eventuales autores del hecho, tema que puede terminar echando por tierra una investigación o, peor aún, dañando la vida de una persona para siempre.

Estos conceptos fueron expuestos durante una ceremonia cumplida en el Salón de Eventos de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Tarapacá, acto que presidió el intendente regional (S) y gobernador provincial de Parinacota, Enrique Gaspar Ramos, a quien acompañaron Seremis, jefes de servicios públicos y representantes de las Fuerzas Armadas y del Orden. También estuvieron presentes representantes de las etnias Aymara, Quechua y Mapuche, además de afrodescendientes y dirigentes vecinales de Arica.

INTERCULTURALIDAD
Gálvez detalló que en la región viven integrantes de todos los pueblos originarios de Chile y de otros dos grupos étnicos, de modo que en su trabajo diario, los defensores públicos deben cuidar “que la mirada sesgada desde el prejuicio y la ceguera ante la visión intercultural no se trasladen al ámbito jurídico penal (…) tenemos habitualmente experiencias que nos exigen esmero en cuidar que los prejuicios y desprolijidad no resulten en actos funcionarios injustos”.

El Defensor Regional recordó que desde septiembre de 2009 rige en el país el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que “ordena a las autoridades y tribunales, en cuestiones penales, que  deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia, destacando que cuando se impongan sanciones penales deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales”.

Relacionado con este punto, Gálvez recordó que desde el año pasado está vigente un convenio entre la Defensoría Regional y la Gobernación Provincial de Parinacota, que “ha permitido acercar nuestro servicio a los habitantes de la provincia altiplánica”

GARANTIA DE DERECHOS
El mensaje del Defensor Regional también consideró “la necesidad de dar una voz de alarma y de cordura en estos tiempos en que la paranoia de la seguridad ciudadana aboga por la mano dura”.

Sobre lo mismo, citó el reciente ejemplo del “obrero cesante Cristián López, quien fue detenido y preso debido a un reconocimiento que no cumplía los más mínimos estándares de razonabilidad. Se le exhibió como animal de circo por la prensa, siendo rotulado como ‘el violador de Ñuñoa’, para finalizar después siendo puesto en libertad y sobreseído ya que afortunadamente una prueba de ADN lo exculpó”.

Gálvez explicó que esa fortuna no fue la misma que tuvieron 639 personas de todo el país el año pasado -de las cuales 18 son de Arica-, quienes estuvieron en prisión por meses para que finalmente los tribunales reconocieran su inocencia.

“Leyes más represivas y órganos persecutores con más facultades, y un énfasis puesto en la represión y no en la prevención y rehabilitación, significarán siempre más errores y más inocentes presos”, dijo Claudio Gálvez, quien estimó también que “si alguien es víctima de semejantes errores” debería tener “derecho a recibir una justa indemnización por parte de Estado”.

PRESUPUESTO
El Defensor Regional puntualizó que la DPP regional contó el año pasado con un  presupuesto de 996 millones de pesos y  que su ejecución alcanzó al 99,9 por ciento, “nivel altamente satisfactorio”, que “da cuenta de una gran eficiencia conseguida por un equipo de trabajo conformado recién en marzo del mismo año”. En este plano, mencionó la adquisición de un inmueble en que se instalarán las dependencias de la Defensoría Regional y Local de Arica.

También destacó la realización de dos Plazas de Justicia en 2009, actividades en que se llegó a convocar a 11 servicios públicos más los consulados de Perú y Bolivia y un Notario Público. Ese conjunto de instituciones realizó más de 600 atenciones durante esas jornadas.

AUTONOMIA
Sobre la demanda de autonomía institucional, planteó que “es preciso tener institucionalizada la protección, ante el riesgo de presiones políticas en el ejercicio procesal y también en el desempeño como institución pública, con miras a privilegiar exclusivamente los intereses de la ciudadanía en la protección de sus derechos”.

Sobre este punto, Claudio Gálvez informó que "el gobierno ha expresado su apoyo, nos tiene trabajando coordinadamente con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y el apoyo del Legislativo, para poder concretar a la brevedad ese objetivo”.