Licitaciones de defensa penal

Descripción general

Las licitaciones de defensa penal, bajo la Ley 19.718, corresponden a un proceso para seleccionar personas jurídicas o naturales que cuenten con abogados para desempeñar defensa de personas imputadas en el nuevo proceso penal.

Los adjudicaciones de defensa pasan a formar parte del sistema mixto que lo integran prestadores públicos y licitados.

Para los procesos de licitación, las definiciones de zonas se hacen por proximidad geográfica y cobertura de los juzgados de garantía. Además se agrupan bajo el criterio de constituir un número de causas interesantes de ser servidas a través de contratos con privados y que hagan rentables los proyectos de defensa.

El mecanismo de selección es por competencia en atributos técnicos (nivel de calidad) y económicos (menor precio) que permite elegir a los prestadores que firmarán contratos (Ver Art. 46, Párrafo 3, Título 5 de la Ley N°19.718 que crea la Defensoría Penal Pública).

A partir del Proceso de Licitaciones 2006 se introdujo un examen, cuya aprobación es obligatoria para todos los abogados que quieran licitar causas. Se trata de una prueba con materias de Derecho Penal, Litigación, Derecho Procesal Penal y Garantías Constitucionales, mediante la cual los prestadores demuestran sus conocimientos en esas áreas; y por ende, se asegura la prestación de servicios de defensa de buena calidad.

Quienes adjudican suscriben contratos por un plazo determinado, de tres o cuatro años y de 18 meses, dependiendo de la región y zona donde se licite, para prestar esos servicios a un determinado precio por cada una de las causas que se atiendan.

Consejo de Licitaciones

El Consejo de Licitaciones de Defensa Penal es el cuerpo técnico colegiado encargado de cumplir las funciones relacionadas con el sistema de licitaciones de defensa penal pública. El Consejo está constituido por diversos estamentos que permiten que los procesos cumplan con los criterios de transparencia, objetividad y simpleza.
Entre las funciones que se entregan a este Consejo se encuentran:

• Proponer al Defensor Nacional el monto de los fondos para licitar, a nivel nacional y regional;
• Aprobar las bases de las licitaciones a nivel regional, a propuesta de la Defensoría Regional respectiva;
• Convocar a las licitaciones a nivel regional;
• Resolver las apelaciones en contra de las decisiones del Comité de Adjudicación Regional que recaigan en las reclamaciones presentadas por los participantes en los procesos de licitación;
• Disponer la terminación de los contratos de prestación de servicios de defensa penal pública celebrados en virtud de licitaciones con personas naturales o jurídicas, en los casos contemplados en el contrato respectivo y en la ley.

Integran el Consejo de Licitaciones el Ministro de Justicia, o en su defecto, el Subsecretario de Justicia, quién lo preside; el Ministro de Hacienda o su representante; el Ministro de Planificación o su representante; un académico con más de cinco años de docencia universitaria en las áreas de Derecho Procesal Penal o Penal, designado por el Consejo de Rectores y un académico con más de cinco años de docencia universitaria en las áreas del Derecho Procesal Penal o Penal, designado por el Colegio de Abogados con mayor número de afiliados del país.

Comités de Adjudicación Regional

Los Comités de Adjudicación Regional son los Comités de especialistas que tiene como objetivo seleccionar a los proponentes a nivel regional y decidir las licitaciones.

Al igual que el Consejo de Licitaciones, estos comités cuentan con una integración mixta, pública y privada. Además integran la realidad regional, con profesionales y representantes que conocen de cerca las particularidades locales de la defensa, e incorporan el componente judicial, mediante un juez con competencia penal elegido por sus pares.

Es importante indicar que la decisión del concurso será pública y fundada.

Cualquier reclamación interpuesta por alguno de los participantes será conocida y resuelta por el Comité de Adjudicación Regional.

Contra su resolución sólo procederá recurso de apelación ante el Consejo.